Seguridad Pública

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Definición

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, la seguridad pública es “una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala” (versión actualizada en www.diputados.gob.mx, fecha de consulta: 31 de agosto de 2009).

Esta definición se introdujo en la Constitución a la par que se realizaron modificaciones en diez artículos constitucionales: siete de ellos en materia penal, uno sobre las facultades del Congreso, uno sobre desarrollo municipal y uno en materia laboral (véase Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008). Con ello se inició una profunda transformación de los sistemas penal y de seguridad pública del país. En materia penal uno de los propósitos centrales es, en un plazo de ocho años, sustituir el actual sistema inquisitivo y remplazarlo por uno acusatorio y oral, así como establecer mecanismos alternativos para la solución de controversias (artículos 16 y 20 de la Constitución).

En materia de seguridad pública, gracias a estas reformas, ahora el artículo 21 constitucional otorga a las policías del país la facultad de investigar los delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público (MP); y señala explícitamente que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, las cuales se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

En este mismo artículo se establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) A involucrar la participación de la comunidad, entre otras cosas, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública; y

e) La aplicación exclusiva para los fines de la seguridad pública, de de los fondos de ayuda federal pública entregados a las entidades federativas y municipios.

A partir de estos lineamientos constitucionales, el Poder legislativo emprendió el análisis, discusión y aprobación de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente promulgada por el Ejecutivo el 2 de enero de 2009. Este ordenamiento reitera los principios constitucionales ya descritos y al mismo tiempo hace explícitos los fines que tendrá esta función pública. El artículo segundo de esta ley señala:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

 

La Policía Federal ha sido definida legalmente como la encargada de aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos. Dicha definición está asentada en el artículo 2º de la Ley de la Policía Federal (Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2009), donde también se señala que los objetivos de este cuerpo policial serán salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; prevenir la comisión de los delitos; e investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.

El artículo 3º de esta ley señala que los principios rectores que regularán la actuación de esta Policía son “los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe añadir que todo este andamiaje jurídico ha sido posible crearlo y reformarlo gracias a la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso para “expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución”.

 

Prioridades de la política del presidente Felipe Calderón

La administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa se ha propuesto los siguientes objetivos, contenido en el Programa Sectorial 2007-2012 (Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 2008).

1) Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.

2) Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.

3) Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.

4) Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

5) Profesionalizar a las corporaciones policiales a fin de que se conduzcan éticamente, con formación especializada y de calidad, basada en técnicas de investigación y estándares internacionales de actuación para la prevención y combate al delito.

6) Garantizar el escrutinio, seguimiento, evaluación y mejora de la gestión de las instituciones de seguridad pública, fomentando la credibilidad y confianza de la sociedad.

Definición académica

Desde un punto de vista académico, la seguridad pública ha sido definida como la cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad (véase Sergio García Ramírez, “En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito”, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas, coords., Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002, p. 81).

 

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Seguridad Pública [Actualización: octubre de 2009], en www.diputados.gob.mx/cesop/