Asuntos Indígenas

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Situación actual de la comisión legislativa

Durante las LVIII y LIX Legislaturas se han presentado 36 iniciativas en materia indígena, de las cuales 26 permanecen pendientes, siete de ellas de la LVIII Legislatura y 17 de ellas de la LIX Legislatura. Este apartado de la ficha técnica sobre asuntos indígenas tiene por fin realizar un análisis de las iniciativas pendientes en el trabajo legislativo en la materia,[1] de manera que se agruparán las iniciativas pendientes de las últimas dos legislaturas en torno a los principales temas que abarcaron.

Las iniciativas presentadas en la LIX Legislatura se pueden agrupar en los siguientes temas: consultas a la población indígena (siete iniciativas), recursos naturales y desarrollo sustentable (tres iniciativas), derecho a un traductor en asuntos jurídicos (una iniciativa). Otros temas turnados son el trabajo y la educación destinada a los pueblos indígenas, la evaluación de las políticas gubernamentales dirigidas a atenderlas, el acceso a la producción, el consumo y la distribución de la industria editorial, la creación de empresas indígenas y la atención a desplazamientos internos (cada una con una iniciativa). Por su parte, de las iniciativas pendientes de la LVIII Legislatura 4 se refieren a reformas en torno a las instituciones gubernamentales sobre temas indígenas: Instituto Nacional Indigenista (INI, que ha dejado de existir), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, institución que reemplaza al INI) e Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, de reciente creación); una iniciativa se refiere al turismo en regiones indígenas y una más presenta una reforma a los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 para introducir en la Constitución la propuesta elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación.

Si cruzamos la información en torno a los temas relevantes en la agenda nacional con los temas que se han presentado durante las últimas dos legislaturas se pueden presentar elementos para un hacer balance en torno a los asuntos indígenas en la actualidad. Como se vio en otra sección de esta ficha, los temas de la agenda nacional en materia indígena son el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho; la representación política indígena; los derechos territoriales, recursos naturales y recursos genéticos de los pueblos indígenas, reforma del Estado y la transformación institucional.[2]

Los temas sobre los que más iniciativas se han presentado son los relativos a la transformación institucional y a las consultas a la población indígena. El hecho de que muchos de los comentarios recogidos en la prensa estén relacionados con la transformación institucional muestra que hubo un consenso en torno a la necesidad de transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas. El INI respondía a una política de incorporación de la población indígena a la vida nacional pero, según las declaraciones de diferentes sectores del gobierno, esa tarea ya había sido cumplida, por lo que había que crear una institución con mayor participación de la población indígena. Así se formó la CDI, que incorpora un Consejo Consultivo Indígena con el objetivo de ofrecer un espacio a los representantes indígenas en la tomas de decisiones sobre las políticas que les afectan. No obstante, aunque la CDI, encargada de elaborar las políticas públicas para la atención de población indígena, debe recoger la opinión del Consejo Consultivo, sus propuestas sólo se publican en documentos de la misma y no existe la obligación de incorporarlas en las políticas públicas.

Para aclarar esta situación, cabe mencionar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que establece en el Capítulo II del Artículo 6 que:

La Junta de Gobierno estará integrada por:

1. El Presidente de la Junta, que será designado por el Titular del Ejecutivo Federal de entre sus miembros;

2. El titular de cada una de las Secretarías de Estado;

3. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz.[3]

 Mientras que el artículo 12 de la mencionada ley, sobre el Consejo Consultivo, establece que dicho órgano estará integrado por:

1. Representantes de pueblos indígenas, de conformidad con las disposiciones legales del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales, especialistas en materia indígena;

3. Representantes de organizaciones sociales que trabajen en comunidades indígenas;

4. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión;

5. Un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades federativas en las que estén asentados los pueblos y comunidades indígenas;

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a III serán nombrados de conformidad con la reglamentación que expida la Junta de Gobierno debiendo garantizarse su legítima representación.

En la composición del Consejo siempre habrá mayoría de representación indígena.[4]

Es así que dicho órgano solamente tiene la facultad de analizar, opinar y hacer propuestas sobre “políticas, programas y acciones”, pero no tiene la facultad de elaborarlas ni implementarlas. Además, se trata de una representación que no necesariamente responde a las formas colectivas de representación indígena debido a que el artículo 2 constitucional no reconoce a los pueblos como sujetos de derecho.  Estas son algunas de las razones por las que todas las iniciativas presentadas al respecto muestran este interés de descentralizar las funciones de dicha institución.

Por ello, durante la LVIII Legislatura la preocupación se centró en la estructura y funcionamiento de la nueva institución que se encargaría de atender a la población indígena. Ello también explica que en la LIX Legislatura la mayoría de las iniciativas presentadas se relacionen con la consulta a pueblos indígenas para la toma de decisiones. A la fecha, todas permanecen pendientes de dictamen y discusión porque los actores indígenas demandan una representación por pueblo, es decir, como sujetos de derecho colectivo, lo cual se complica debido a que aún no se ha aprobado la representación colectiva.

Estos son algunos de los temas que probablemente ocuparán la LX Legislatura ya que, como se ha visto en el apartado sobre Temas relevantes sobre asuntos indígenas en la agenda nacional, los pueblos indígenas y los especialistas en la materia han señalado una diversidad de demandas que aún no han sido atendidas. Asimismo, la falta de consensos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo han dificultado la toma de decisiones que contribuyan a satisfacer dichas demandas.

Por otra parte, y a pesar de la negociación entre todas las instancias gubernamentales, la población en rebeldía y representantes indígenas de diferentes regiones del país, así como algunos especialistas en asuntos indígenas, coinciden en que diversos aspectos de los Acuerdos de San Andrés siguen siendo tareas pendientes. Cabe recordar las palabras de Julio Atenco Vidal, dirigente nahua, en el I Congreso Nacional Indígena, de 1996, cuando explicaba que dichas demandas eran: “Las reformas al artículo 27 constitucional; que no solamente se le reconozca personalidad jurídica a la comunidad, sino también al pueblo indígena; que sea sujeto de derecho, que se reconozca que los pueblos tienen territorio y deben ejercer una soberanía relativa sobre esos territorios; debe reconocerse nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos”.[5] La autonomía y libre determinación para elegir a sus propios representantes tampoco ha sido cumplida, ya que solamente se ha ofrecido una “cuota” de indígenas que participen en los partidos políticos, sin atender la demanda de representación colectiva, tema que siempre han demandado los pueblos indígenas.

Existe un proyecto, que aún no cristaliza en iniciativa, que pretende formar un Parlamento Indígena. Dicho proyecto fue presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura y su objetivo es lograr que todos los pueblos indígenas estén representados e incidan de manera directa en el trabajo legislativo. Sin embargo esta, junto con otras formas de representación que sugieren los pueblos indígenas del país, aún no logran consenso entre los legisladores de las fracciones de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Poder Ejecutivo tampoco ha podido lograr consensos con la población indígena en torno a diversas de sus demandas, situación que ha mantenido latente el tema en la agenda pública. Esto se puede observar en las notas periodísticas: la mayoría de las menciones sobre los asuntos indígenas se hicieron en el período 2001-2003; después de estas fechas hubo un momento en que los asuntos indígenas permanecieron dormidos u ocultos. Sin embargo, en los últimos meses el tema ha resurgido en la prensa nacional aunque con un grado de conflictividad: ha habido escenarios de violencia en zonas indígenas, pugnas por deslinde de tierras y reclamos por la alta marginación que se vive en las zonas indígenas.[6]

Así en la Declaración del IV Congreso Nacional Indígena, celebrado en San Pedro Atlapulco, Estado de México, los días 5 y 6 de mayo de 2006, los representantes de todos los pueblos indígenas de México expresaron que:

reprobamos con toda nuestra energía y nuestra rabia la represión, el asesinato y el encarcelamiento contra nuestras comunidades y pueblos por el puro y vil interés de quedarse con nuestros recursos, despojarnos de nuestros territorios y convertirnos en obreros asalariados y alejados de nuestras propias comunidades para ser fantasmas sin futuro en las ciudades.[7]

Asimismo, el Congreso Nacional Indígena demanda cambios en el orden constitucional y las políticas públicas sobre sus recursos naturales:

Rechazamos todas las leyes con las que el Estado pretende despojarnos, legitimar la entrega del país e imponer controles que restringen la acción de pueblos y comunidades y le dan manga ancha a las empresas transnacionales para devastar y apoderarse de la riqueza material y espiritual de nuestros pueblos y de todos los mexicanos.

Rechazamos los programas de gobierno que instrumentan las leyes mencionadas y que pretenden dividir a las comunidades.

[...]

[Llaman a impulsar] un proceso que conduzca hacia una Nueva Constitución y otra forma de gobierno que permita el reconocimiento de nuestros derechos y una sociedad justa, libre y democrática.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Situación actual de la comisión legislativa", en Asuntos Indígenas [Actualización: 7 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/