Cultura

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Situación actual de la comisión de cultura

En este apartado de la ficha técnica sobre la Comisión de Cultura se hace un análisis de las iniciativas que permanecen pendientes de dictamen en dicha comisión.[1] En términos generales, las iniciativas aprobadas se relacionaron con las industrias culturales en tanto que las iniciativas pendientes tienen que ver con diferentes aspectos de las instituciones públicas relacionadas con la cultura.

De las 30 iniciativas turnadas a la Comisión de Cultura durante la LIX Legislatura, 26 permanecen pendientes de dictamen, tres han sido aprobadas y una ha sido rechazada. De las iniciativas que permanecen pendientes, la que más efectos tuvo en la agenda pública ha sido la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, presentada por el Ejecutivo Federal el 22 de septiembre de 2005.[2]

Dicha propuesta de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura se debatió en el segundo periodo ordinario de sesiones, sin lograr consensos y con diversas muestras de desacuerdo y oposición por parte de diversos sectores envueltos en la cultura. Parte de la oposición se debe a la falta de consulta que, de acuerdo con diversas voces, se hizo para redactar el proyecto. Por ejemplo, los representantes sindicales solicitaron que la iniciativa no se sometiera a una discusión en el pleno, “en vista de que no integraba las opiniones y propuestas de toda la comunidad cultural”.[3] Asimismo, los especialistas en cultura reunidos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el 21 de noviembre de 2005 expusieron que la propuesta es “inadecuada y contradictoria... carece de fundamentos jurídicos y no es resultado de un consenso entre los diferentes sectores lo que no garantiza la participación de los actores”.[4] Por su parte, Eduardo Nivón Bolán aseguró que “la ley no garantiza la participación seria y organizada de los creadores”.[5]

Las principales críticas señalan que el proyecto de ley otorga al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) funciones que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y que desde su creación, el CONACULTA ha sido un organismo que aumenta la carga burocrática y maneja un amplio presupuesto.

En un documento que entregaron a los diputados los integrantes del Frente de Defensa del Patrimonio Cultural (FDPC) se señala que “la intención de darle un marco jurídico al CONACULTA, en las condiciones de la iniciativa, representa un desmantelamiento de las instituciones de la cultura (INAH e INBA), la centralización del presupuesto y de las decisiones en la persona titular de ese consejo”.[6]

También se señala que la propuesta de ley mencionada es ambigua en cuanto a la regulación de las industrias culturales, homogeniza desde las grandes empresas, como Televisa, y las empresas transnacionales hasta las pequeñas productoras de bienes y servicios culturales. Al respecto, Eduardo Nivón Bolán afirma que “en la iniciativa de ley no está definido el apoyo que recibirán las industrias culturales que se dedican a la producción, circulación y fomento del consumo de bienes con valor intangible”.[7] Otras inquietudes, también expresadas por diversos actores sociales se refieren a lo relativo al turismo y la protección del patrimonio, así como a lo referente a los tratados internacionales. Nivón agrega que “se requiere una política de largo plazo, con el fin de lograr que el sector cultural sea un aparato fuerte, con presencia institucional sólida, capacidad financiera y de diálogo con los otros niveles de gobierno y que esté fundado en pactos de Estado y no de gobierno”.[8]

Las voces mencionadas arriba han aparecido de manera marginal en la Cámara de Diputados. Aunque hubo un Parlamento de Cultura organizado por la Comisión de Cultura en agosto de 2005 –cuyas memorias aún no han sido publicadas- no se consultó con diversos actores opuestos a la iniciativa. Además, aunque los integrantes de la Comisión invitaron a los funcionarios del CONACULTA a presentar dicha iniciativa en el Parlamento, ninguno aceptó la invitación.[9] Lo expresado arriba muestra la falta de consenso sobre la que se trabajó la iniciativa mencionada, lo cual puede contribuir a explicar que siga pendiente de dictamen.

Ha habido otros temas igualmente relevantes para la opinión pública en materia de cultura. Se pueden mencionar las seis iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura, que permanecen pendientes, en materia de monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, es decir, lo relativo al patrimonio cultural tangible. En este ámbito existe también una polarización de ideas. La mayor parte de los especialistas coincide en que hace falta realizar reformas de fondo en la materia, es el caso de Néstor García Canclini, Eduardo Nivón y Lucina Jiménez por citar algunos ejemplos, pero que es preciso realizar una discusión amplia al respecto con todos los sectores de la sociedad antes de tomar medidas. Al mismo tiempo, la mayor parte de los trabajadores sindicalizados del INAH están en desacuerdo con realizar reformas a la legislación y estructura institucional, ante el temor a que desaparezca el órgano del que son parte.[10]

Ha habido otras 3 iniciativas de ley relacionadas con reformas institucionales, una que propone considerar al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en institución cultural, otra que propone la creación de una Secretaría de Cultura y una más relacionada con la Academia Mexicana de la Lengua. Es decir que de las 26 iniciativas que permanecen pendientes de dictamen 10 están relacionadas con reformas y creación de instituciones culturales. Este es un indicador de que se trata de un tema de suma relevancia, además, todos los sectores del ámbito público, social y académico han coincidido en que hace falta regular las instituciones, pero aún no han conseguido consensos en cuanto a cómo hacerlo.[11]

Otro tema que se intentó legislar y que permaneció pendiente de dictamen es el de una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se presentaron 6 iniciativas en la materia, lo cual se explica por la relevancia que la administración del presidente Fox confirió al programa Hacia un país de lectores. El hecho de que dichas iniciativas permanezcan pendientes de dictamen muestra una diversidad de opiniones respecto a cómo debe regularse la política de fomento a la lectura y el libro, que aún no han logrado acuerdos. Otra iniciativa relacionada con la lectura ha sido la que plantea una Ley General de Bibliotecas, otro de los temas que se presentó como una prioridad en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006.

El tema de los derechos de autor recogió cinco iniciativas, una de las cuales fue aprobada y cuatro permanecen pendientes. Éste, como señala Ernesto Piedras, resulta prioritario para la economía nacional. Las industrias culturales representan al menos 6.7 del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 3.6 por ciento de los empleos de la población económicamente activa. Además, en 2000 hubo importaciones por casi 14 millones de dólares y exportaciones por poco más de 22 millones de dólares relacionadas con la cultura.[12] De ahí la importancia de las iniciativas de legislación presentadas sobre la manera en que se debe regular el pago de regalías a los autores.

Es probable que estos temas ocupen a la LX Legislatura. El reto será que los legisladores, el Ejecutivo Federal y los diferentes grupos de la sociedad y del sector académico encuentren puntos de acuerdo para avanzar en la agenda en materia de cultura.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Situación actual de la comisión legislativa", en Cultura [Actualización: 8 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/