Ciencia y Tecnología
Situación actual de la comisión legislativa
En esta sección se enumeran los temas tratados en la Comisión durante las legislaturas LVII, LVIII y lo que va transcurrido de la LIX, pero que continúan pendientes de dictamen.[1]
1. Investigación sobre clonación en humanos
Relacionadas con este tema en la Comisión de Ciencia y Tecnología se encuentran aún en proceso de estudio y revisión dos iniciativas. La primera, en materia de investigación para la salud (clonación terapéutica), que fue presentada por el diputado Francisco Patiño Cardona de la LVIII Legislatura, por la que propone cambios a la Ley General de Salud en la que se establece la prohibición de investigar y experimentar con el fin de llevar a cabo la clonación reproductiva, pero permite la investigación y experimentación que tenga como fin la clonación terapéutica para la cura de enfermedades y el restablecimiento de la salud. La segunda de estas iniciativas, que proyecta también reformas a la Ley General de Salud, fue presentada por la diputada Ruth Hernández Martínez, con el objeto de prohibir la técnica de clonación humana y preservar la identidad genética para garantizar la no discriminación, proteger la vida, respetar la integridad y dignidad humana. Asimismo, establece la prohibición de la creación de embriones híbrido humano-animales, práctica conocida como quimerismo.
2. Organismo genéticamente modificados (OGM)
En la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se establece un marco jurídico y regulatorio sobre el desarrollo de la biotecnología moderna aplicada a los organismos genéticamente modificados (OGM).[2] Regula las actividades de utilización regular este tipo de investigación y experimentación con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar daños a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.[3] Asimismo establece los términos para la autorización de la comercialización e importación de los OGM que se destinen a uso o procesamiento de alimentos para consumo humano, o de aquellos otros que se destinen a una finalidad de salud pública o a la biorremediación.
No obstante, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados da cuenta de cinco iniciativas pendientes de dictamen relacionadas con este tema. Una de estas iniciativas fue presentada por el diputado Jorge Alejandro Jiménez Taboada, durante la LVII Legislatura, con modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Variedades Vegetales, con el fin de establecer que toda invención genética, por la cual, se solicite patente, deberá contar con un informe de impacto ambiental y a la salud del ser humano.
Los diputados de la LIX Legislatura Francisco Javier Valdez de Anda y Rebeca Godínez y Bravo, presentaron una iniciativa con modificaciones a las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Vida Silvestre, General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y del Código Penal Federal, con el objeto de establecer responsabilidad jurídica por daños ambientales.
Sobre la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados publicada en marzo de 2005, en transcurso de la actual Legislatura se han presentado tres iniciativas de reforma. La primera, del diputado Víctor Suárez Carrera, por la que propone cambios a esta Ley con el propósito de determinar las bases para el establecimiento de áreas geográficas libres de organismos genéticamente modificados (OGM) en las que se prohíba el cultivo de éstos productos, en especial de los que son originarios de México, como el maíz y el fríjol que mantendrán un régimen de protección especial.
Por otra parte, el también diputado de la LIX Legislatura Omar Ortega Álvarez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la misma Ley con el objeto de regular la importación y exportación de OMG y establecer la debida correspondencia con las disposiciones del Protocolo de Cartagena.
Y una última, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, con el objeto de reformar el artículo 101 y adiciona un artículo 120 Bis a dicha Ley, que contiene regulaciones para la autorización por la Secretaría de Salud de los OGM´s o sus productos derivados para consumo humano directo o indirecto, de acuerdo a las normas de inocuidad en los términos de esta ley y que deberán señalar en la etiqueta la referencia explícita de que se trata de un OGM.
3. El gasto para el desarrollo de la ciencia y tecnología
El tema de la inversión en ciencia y tecnología ha sido un tema recurrente en la agenda nacional. México alcanza apenas una inversión publica de 0.39% del PIB destinada a estas actividades, muy abajo todavía del promedio de lo recomendado por los organismos internacionales, por lo que se mantiene presente la demanda de mayores recursos, en particular, de parte las instituciones de educación superior públicas que desarrollan la mayor parte de la investigación científica y tecnológica en el país.
A este respecto, en la Comisión se encuentran en estudio dos iniciativas. La primera de ellas presentada durante la LVIII Legislatura por el diputado Jorge Luis García Vera, que contiene modificaciones a las leyes de Ciencia y Tecnología, y Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público sobre financiamiento a la educación superior y la investigación tecnológica. La segunda iniciativa fue presentada por el diputado de la LIX Legislatura Omar Bazán Flores, misma que contiene reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología con el propósito de establecer y regular los apoyos, las acciones y el gasto que le Gobierno Federal está obligado a otorgar para realizar, impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país, principalmente en las instituciones de educación superior y universidades públicas. Asimismo, propone regular los recursos del Gobierno Federal y los que aporten terceras personas para la creación de los Fondos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Una tercera iniciativa de la diputada María del Rosario Tapia Medina de la LVIII Legislatura, propone reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de establecer que los fondos públicos para la ciencia y tecnología, sólo deben beneficiar a instancias públicas y sociales, es decir, aquellas que se ven orientadas a la consecución de un beneficio social y colectivo. Lo anterior, deriva del cuestionamiento de que las tareas de investigación realizadas por empresas se realicen mediante financiamiento con recursos públicos. Asimismo, propone mecanismos de cofinanciamiento de los sectores público y privado y establece disposiciones para proteger los derechos laborales de los trabajadores de este ramo.
4. El nombramiento del director general del CONACYT
La Ley Orgánica del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología vigente establece en su artículo 8 que el director general será designado y removido libremente por el Presidente de la República, pero la comunidades científica y académicas, principalmente, han demandado que su designación sea a través de mecanismos que considere la opinión de estas comunidades y otros sectores involucrados en la materia.
A este respecto el Salvador Pablo Martínez Della Rocca ha presentado dos iniciativas para regular la designación del titular del CONACYT, ambas con modificaciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La primera, de ellas establece un mecanismo que en la designación del director general del CONACYT permite la participación de la comunidad científica y académica. El nombramiento, según esta iniciativa, será formando un Consejo para tal designación, que estaría integrado por un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la UNAM, el IPN, la Academia Mexicana de Ciencias, un investigador del Sistema Nacional de Investigadores y representantes del sector productivo; los que presentarán una terna de candidatos al Presidente de la República, para que de ésta, él designe a la persona a ocupar el cargo. Asimismo, propone cambiar la actual integración de la Junta de Gobierno; de tal forma que haya representación de la comunidad científica y académica del país, por lo que propone incorporar a las instituciones que conformarían el Consejo.
En una segunda iniciativa, el diputado Salvador Martínez Della Rocca complementa esta modalidad de designación con la definición del perfil de la persona a ocupar el cargo; además, de que establece que la integración de la Junta de Gobierno se sometería a un mecanismo similar.
Según los actores interesados en estas modificaciones a la Ley, la designación de un director que provenga de la propia comunidad científica y académica, garantizaría al menos que conocería la problemática y necesidades del sector, mejoraría la comunicación y coordinación con el CONACYT y ayudaría a que las políticas en ciencia y tecnología se definan con una participación más amplia de la misma comunidad científica.
5. Los Centros Públicos de Investigación CONACYT
Sobre este punto el diputado Julio César Córdova Martínez integrante de la LIX Legislatura presentó una iniciativa con adecuaciones a las leyes de Ciencia y Tecnología; Federal de Entidades Paraestatales; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de fortalecer el gobierno, gestión administrativa, vinculación con el sector productivo, actuación y desempeño del personal y mejorar los sistemas de evaluación y rendición de cuentas de los Centros Públicos de Investigación.
Esta iniciativa responde también al cuestionamiento de que tareas de investigación destinadas a empresas que llevan a cabo estos Centros se realicen mediante recursos públicos. Por tal motivo, propone mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de los Centros en el manejo de sus recursos autogenerados, de los que obtienen por aportaciones de terceros, y los fiscales recibidos del presupuesto federal.
También, se propone clarificar los criterios para la autorización anual a los Centros de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, propone la figura de los convenios de administración por resultados y establece bases que den efectividad a la vinculación de la empresa con el sector científico y tecnológico del país.
6. Agencia espacial mexicana
El diputado Moisés Jiménez Sánchez propone la iniciativa de Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA). Con la creación de esta Agencia se pretende desarrollar un plan estratégico para que nuestro país participe en la red espacial internacional, se involucre en proyectos industriales y de investigación relacionados con estas actividades y pueda entrar en programas de colaboración internacional. La red, integrada actualmente por 42 países, significa una oportunidad de intercambios permanentes de información científica, tecnológica y académica para la formación de personal altamente calificado. Esta red ha permitido a los países que participan en ella, potenciar el desarrollo de sus sectores económicos estratégicos.
La Agencia sería el organismo especializado que conformaría una red nacional, responsable de coordinar estas tareas que llevan a cabo diversas instituciones y centros de investigación del país, así como el sector productivo, para que accedan a los intercambios que esta red permite.
7. Educación indígena y ciencia
La diputada Aurora Bazán López ha propuesto reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que modifican el Sistema Educativo Nacional para crear la Subsecretaría de Educación Indígena para garantizar la educación escolarizada a los pueblos indígenas. De manera indirecta esta iniciativa atañe a la Comisión de Ciencia y Tecnología porque se ha de valorar la pertinencia de crear este nuevo subsistema y los programas educativos que deberán contener la enseñanza de la ciencia.
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[1] En el apartado denominado “Impacto del trabajo legislativo” se hace mención de las leyes aprobadas y decretadas, resultado del trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura. Véase, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Impacto del trabajo legislativo”, Ciencia y Tecnología [Actualización: 24 de marzo de 2006] en www.diputados.gob.mx/cesop/
[2] La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
[3] Para mayor información de este tema, véase Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Impacto…”, op. cit.
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Situación actual de la comisión legislativa", en Ciencia y Tecnología [Actualización: 9 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/