Desarrollo Metropolitano 

 Citar como

Situación actual de la comisión legislativa

Los problemas asociados al desarrollo urbano en particular el crecimiento de las ciudades y la metropolización han sido abordados en el quehacer legislativo a través de varias comisiones ordinarias de trabajo. La Comisión de Desarrollo Metropolitano fue creada en la LIX Legislatura y tiene como antecedente las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de Desarrollo Urbano, esta última tuvo vigencia por única ocasión en la L Legislatura, mientras que la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas continuó vigente hasta el año 2000. Otra comisión relacionada el problema de la metrópoli más grande del país es la Comisión del Distrito Federal.

Definir el desarrollo metropolitano es muy complejo porque es un espacio contenedor de la vida social y económica de una ciudad, por ello, en estricto sentido, todos los problemas propios de la convivencia social cabrían en la dinámica metropolitana; desde infraestructura urbana, servicios públicos, espacio construido: vivienda, instituciones y empresas; cultura urbana, participación social, etc. Pero muchos de esos temas son abordados por comisiones específicas. Por lo tanto, aquí sólo se será objeto de análisis la materia que la propia comisión plantea como objetivo fundamental, la atención al fenómeno de la urbanización de las metrópolis.  En ese sentido destacan en sus documentos básicos dos aspectos: la ordenación del territorio y el mantenimiento de la infraestructura urbana.

En la legislatura LIX se turnaron a la Comisión de Desarrollo Metropolitano tres iniciativas para su análisis y dictamen, sin embargo ninguna fue dictaminada. La primera la presentó la diputada Clara Brugada Molina del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La iniciativa contiene un proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para crear el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano, esa acción permitiría generar una fuente segura de financiamiento de las obras de alcance metropolitano en las conurbaciones interestatales e intermunicipales.

La iniciativa de la diputada Brugada señala las limitaciones del gobierno y la gestión metropolitana, enfatiza que las políticas públicas de las ciudades se ven limitadas al estar supeditadas sólo a instrumentos de coordinación, sujetos a la voluntad de los gobiernos municipales, estatales y federal.  Por ello, propone la creación de un fondo anual de aproximadamente 22 mil millones de pesos para el fomento del desarrollo metropolitano, que se incluiría en el Ramo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Para la distribución de los recursos propone dos criterios básicos: la equidad y la proporcionalidad; así, 60% del fondo se distribuiría entre todas las zonas metropolitanas y el 40% en proporción directa a la población de cada ciudad.

Un fondo de esa naturaleza es necesario principalmente en las zonas metropolitanas que se integran por municipios dos entidades federativas. Tal es el caso, de los gobiernos del Distrito Federal y Estado de México, lugar donde se asienta la zona metropolitana más grande del país, ambos reconocen que es necesario trabajar proyectos conjuntos a través de comisiones metropolitanas.

La segunda iniciativa la presentó la diputada Maria Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Dicha iniciativa, reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos con el objetivo de fijar las normas básicas para planificar y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; y establecer los criterios, procedimientos e instrumentos necesarios, para ocupar y  preservar el medio ambiente en el territorio nacional.

La iniciativa enfatiza la necesidad de actualizar el marco jurídico vigente del ordenamiento de la planeación del territorio (Ley General de Asentamientos Humanos) debido a la consolidación de la sociedad urbana y la metropolización. En ese contexto destaca que es necesario el uso racional del entorno natural para lograr un desarrollo económico estable. Además afirma que no existe una política de Estado en materia territorial ya que la actual desvincula los aspectos regionales y metropolitanos.

Las modificaciones que propone consisten en: la integración del concepto y definición de ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio; incorpora los conceptos de Área y Región Metropolitana que sustituyen las acepciones de Conurbación y Zona Metropolitana; se agregan los conceptos de Región homogénea y Circunscripción Geopolítica que hacen referencia a delimitaciones territoriales específicas; se establece el ejercicio concurrente de las atribuciones en materia de ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio y del tema específico de la planificación, coordinación, administración y gestión metropolitana; propone regular el diseño, elaboración, implementación y evaluación de la política nacional para la ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio y, por último, disposiciones que se refieren al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el desarrollo metropolitano.

Al respecto, Juan Felipe Ordoñez propone para desarrollar una verdadera política de Estado del desarrollo territorial sustentable la promulgación de una ley que considere el entorno ambiental, social y económico. Para lograrlo, recomienda la integración en una sola Ley de Ordenación del Territorio: la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley de la Reforma Agraria.[1]

Las propuestas de la iniciativa de la diputada Morales Rubio fueron incorporadas en la nueva iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos que presentó el diputado Fernando Fernández García al final de la Legislatura.

En febrero del presente año (2006) el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de Ley que crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana.

En la exposición de motivos menciona que el reto principal del Gobierno Federal es el logro eficaz y eficiente de la planeación de la metropolización. El diputado Hinojosa justifica la necesidad de crear un instituto de planeación metropolitana porque en algunas ciudades como: Buenos Aires, Bruselas, Barcelona, Sao Paulo, Toronto, Bogotá, Londres, París, Tokio y Washington se implantado con éxito. Por ello propone en primer lugar, actualizar la legislación territorial y la creación del Instituto Nacional de Planeación Metropolitana, que estaría dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y tendría como objetivo el diseño de instrumentos que permitan impulsar el desarrollo de los proyectos estructurales, logrando el crecimiento armónico de la conurbación y  la instrumentación de políticas públicas intermunicipales, contaría con la participación de los diferentes niveles de gobierno, del sector privado, social, así como del sector académico.[2]

El 13 de diciembre de 2005 el diputado Fernando Fernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso una iniciativa que crea la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que tiene entre otros los siguientes objetivos: establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y de centros urbanos, así como de la declaración, conservación y mejoramiento de zonas conurbadas, metropolitanas y regiones; definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, centros urbanos, zonas conurbadas, metropolitanas y regiones; y determinar las bases para la participación social en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos.   

La iniciativa ofrece las siguientes ventajas con relación al marco jurídico vigente: actualiza el marco conceptual y de categorías territoriales; impulsa el ordenamiento de los asentamientos humanos de las comunidades indígenas y rurales, en particular de los centros urbanos que se asientan en ciudades y zonas metropolitanas; y promueve avances en la materia en las legislaturas de los estados. La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su discusión,  análisis y dictamen.

En general las iniciativas planteadas abordan los problemas planteados en la agenda nacional como son: la gobernabilidad metropolitana, los fondos metropolitanos, las zonas de integración metropolitana, la regulación y administración de los espacios públicos. Sin embargo, aunque los objetivos de las iniciativas se traducen en impactos positivos para la sociedad, el diputado Fernández García reconoce que el reto principal es lograr la concurrencia de los actores involucrados ya que no existe la idea común de territorio, sobre un objetivo determinado: las metrópolis, y sin ella no habrá iniciativa o regulación posible que sea aceptada por la sociedad.[3] En el mismo sentido el diputado local del Estado de México, Roberto Licéaga, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, concluye que las Comisiones Metropolitanas del Valle de México han sido incapaces para desarrollar estrategias a problemas urgentes que plantea el desarrollo metropolitano. Ante esa situación recomienda como alternativa facultar a los ayuntamientos para que realicen los convenios necesarios con las entidades vecinas para dar soluciones conjuntas a los problemas urgentes.[4]

Por su parte Alfonso Iracheta comenta que existe una desvinculación entre el Poder Legislativo y los actores involucrados en las transformaciones territoriales y de medio ambiente. Por ello propone politizarlos, lo que significa, llevarlo a la más alta tribuna de discusión política. El tema del territorio y el ambiente están asociados con los Poderes de la Unión y si el Congreso de la Unión, los congresos estatales, los ejecutivos de las entidades federativas y  el gobierno federal no los toman en serio, difícilmente se va a lograr el proceso de desarrollo deseado.

Iracheta propone que todas las políticas de desarrollo que se generan en el país deben integrar desde el inicio, las consecuencias que tienen en el ambiente y el territorio. Ello significa territorializar la política, que es el reconocimiento de que el territorio y el ambiente son asuntos centrales y que toda acción social y pública debe medirse previamente por el impacto que va a generar.[5]

Físicamente las conurbaciones forman parte de las zonas metropolitanas, pero la legislación no las considera para fines de planeación o bien de gestión administrativa. La actualización del marco legal es uno de los temas pendientes del Poder Legislativo. El parlamento daría prioridad a unificar la legislación de la zona metropolitana creando un marco jurídico especial, y aprobaría un presupuesto metropolitano para llevar a cabo programas y proyectos que propongan los órganos ejecutivos.[6]

[Regresar al índice de contenidos]

[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Situación actual de la comisión legislativa", en Desarrollo Metropolitano [Actualización: 5 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/