Fomento Cooperativo

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Situación actual de la comisión legislativa

Introducción

Para dimensionar la situación actual que guarda la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura es necesario retomar  los aspectos que  Comisiones anteriores desarrollaron en el campo del cooperativismo y la economía solidaria.

LVI Legislatura

Para la LVI Legislatura, la Comisión legislativa tuvo la responsabilidad de fomentar la Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas entre las organizaciones y los diversos sectores involucrados, mediante reuniones de trabajo con funcionarios de diversas secretarías de Estado, así como con reuniones de capacitación con organizaciones cooperativas y la conformación de un directorio de Cooperativas.[1]  Con la aprobación de la Ley, la Comisión cumplió con su encomienda y fue la primera receptora de las aplicaciones de la nueva  Ley.

En el trabajo desarrollado por la Comisión legislativa de la LVI Legislatura, se desarrollaron diversas actividades que tuvieron relación con la Ley de Sociedades Cooperativas aprobada en la LV Legislatura. Entre otras acciones se realizaron foros de difusión de la nueva ley; se procedió a constituir al Consejo Superior del Cooperativismo; se realizaron reuniones con funcionarios de las Secretarias de Hacienda, de Desarrollo Social, de Fomento Industrial, y se revisaron diversas reuniones de análisis del marco jurídico general relacionado con las cooperativas en diversas entidades de la república. Esta Legislatura presentó como resultado de lo anterior, una iniciativa de reformas al artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como la elaboración de una Ley Reglamentaria del artículo 25 constitucional que ya no se pudo dictaminar.[2]

LVII Legislatura

Para  1997, en la LVII Legislatura, la hasta entonces Comisión de Fomento Cooperativo, en su Plan de Trabajo 1997-2000, definió sus objetivos estratégicos que consistieron en: la modificación a la Ley General de Sociedades Cooperativas;  la capacitación de Uniones, Federaciones y Confederaciones de cooperativas;  la gestión para solicitar el apoyo al Ejecutivo Federal para las organizaciones de cooperativas; la promoción de esquemas institucionales de financiamiento cooperativo; en la promoción de la obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo y de los principios del cooperativismo, así como un proceso continuo de comunicación con las organizaciones cooperativas. De los objetivos anteriores, el tema relacionado con reformas legislativas y de esquemas de apoyo a financiamientos, continúan vigentes hasta la presente Legislatura, ya que si bien los demás temas no han perdido vigencia, se han modificado en el enfoque que la Comisión actual le da al tema cooperativo.

En el ámbito de las tareas legislativas, la Comisión de la LVII Legislatura, se propuso dictaminar una iniciativa de reformas a la LGSC, presentada el 28 de abril de 1997, así como reformas a la Ley de Educación para hacer obligatoria la enseñanza cooperativa, también propuso una Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional, para establecer reglas generales de apoyo e impulso a las empresas del sector social y de los mecanismos que facilitarían  su organización y expansión.[3]

En el mismo sentido buscó promover reformas a la Ley del Seguro Social, a efecto de que las cooperativas de producción constituidas con posterioridad de la entrada en vigor de la nueva Ley, hubiesen pagado una cuota bipartita a dicho instituto.  La Comisión también propuso la constitución de un fondo de garantía en apoyo a las sociedades cooperativas para su acceso al crédito, la creación de un Banco de Fomento Cooperativo y del desarrollo de programas federales en apoyo  de las cooperativas.[4] A la distancia podemos observar que los objetivos del trabajo legislativo poco impactaron en las políticas públicas y, en el mejor de los casos, sólo se estableció un foro con mayor capacidad de gestión y negociación a favor del movimiento cooperativo nacional.

LVIII Legislatura

Para los inicios de la LVIII Legislatura, las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos adicionaron el término “Economía Social” a la Comisión para quedar como Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con la finalidad de que la Comisión tuviera un enfoque más amplio en el tema de la economía social. Entre los objetivos planteados por ésta Comisión destacan el seguimiento a las reformas de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional, así como el seguimiento del dictamen de la iniciativa  de Ley de Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros y la revisión de una propuesta que regule la actividad de ahorro y crédito popular. Una iniciativa que se propuso revisar y dictaminar fue la de la creación del Instituto  de Fomento Cooperativo, la cual nunca prospero y a la fecha no se encuentra en la agenda de la actual Comisión.

En ésta LVII Legislatura se tuvo conocimiento del marco jurídico que actualmente rige las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito popular. No fueron turnadas a esta Comisión, sino a la de Hacienda y Crédito Público, la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; así como la adición del artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para su opinión y conocimiento.

El fideicomiso se creó como un espacio institucional por la necesidad de buscar una solución a los miles de ahorradores que fueron defraudados por las cajas da ahorro que funcionó sin un marco legal confiable. En éste periodo se abre un nuevo enfoque sobre el debate de que hacer en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito popular.

LIX Legislatura

La agenda de la Comisión de Fomento Cooperativo para la LIX Legislatura comprendió la elaboración del dictamen  de la iniciativa de Reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas,  aprobada en abril de 2003 y actualmente se encuentra en el Senado. Diversas iniciativas de reformas a  la Ley de Ahorro y Crédito Popular, presentadas por todos los grupos parlamentarios que han beneficiado a las sociedades cooperativas para que se puedan incorporar a la Ley. En esta Legislatura se solicitó, sin éxito, la creación de un fondo de apoyo a las organizaciones cooperativas como propuestas en el Presupuesto de Egresos.[5] También estuvo al tanto del juicio contra la Sociedad Cooperativa de Pascual, consiguiendo un punto de acuerdo en apoyo a la empresa y sus trabajadores.

Temas como las reformas a la Ley del Seguro Social con el objeto de reestablecer el sistema de cotización bipartita para las cooperativas; a la Ley General de Educación para impartir los principios cooperativos; la aprobación de una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que tome en cuenta al sector que no está en el ámbito del ahorro y del crédito;  y las posibles reformas que desincorporen al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, quedan como los asuntos más destacados para la siguiente Legislatura.[6]

Situación de iniciativas pendientes en la Comisión legislativa por tema.[7]

A lo largo de los apartados sobre el tema, la Ley de Ahorro y Crédito Popular es la referencia obligada con relación al marco jurídico, por ello, diversas iniciativas que fueron presentadas durante la LIX  Legislatura propusieron reformas que consoliden al sector. A continuación se hace un análisis de aquellas iniciativas que están pendientes en la Comisión legislativa.

El 14 de marzo de 2006, el Diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 12 y 15 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que busca fomentar el ahorro de la población mexicana, sobre todo de los sectores con menos ingresos, ya que en general México carece de una cultural del ahorro con relación a otros países de la misma región. De aprobarse, se estaría dando un paso importante para que las cooperativas de ahorro y crédito popular, destinen recursos al fomento de ésta práctica entre los sus socios, las comunidades y la población en general.[8]

Por su parte, el diputado Juán Bércenas González del PAN, y secretario de la Comisión, propuso una reforma al Art. 116 de la  LACP, el cuál de aprobarse, obligaría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Financiera Rural, a diseñar un esquema de financiamiento para los intermediarios financieros que deseen apoyar  a las cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito rural, en razón del largo proceso de consolidación que por sus características tienen estas cooperativas y los ciclos económicos diferentes a las entidades de áreas más urbanizadas. En este sentido, es una realidad que la discusión de la LACP, dejó fuera el sentido de las cooperativas medianas y pequeñas, que la iniciativa del diputado Bárcenas pretende subsanar. De no hacerlo, estas pequeñas organizaciones del sector estarían buscando trabajar en la informalidad con el consabido riesgo de hacerlo.[9]

 El diputado Bárcenas, presentó otra iniciativa de reformas sobre la misma LACP, al artículo 4-Bis, que pretende modificar, primero, el número de socios y el nivel de Udis para la operación de sociedades cooperativas en el ámbito rural y urbano marginal; segundo, a las sociedades o asociaciones que sean autorizadas en esos términos, se sujetaran a un supervisón más estricta por alguna federación que ya esté consolidada, así como la sentencia de que quién no cumpla en los plazos establecidos, se fusione o liquide.[10] Sobre esta iniciativa, se confirma la tendencia del diputado Bárcenas, a tratar de ofrecer alternativas a las sociedades de ahorro en el ámbito rural, considerando las condiciones socioeconómicas y de marginación que representan un obstáculo en su operación. Esta vía, cómo es de apreciarse, también esta planeada en las reformas propuestas por el diputado Javier Saucedo en la iniciativa de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, detallada más adelante.

Otra iniciativas presentada por el diputado Bárcenas, es la presentada el 2 de febrero del 2006, la cual pretende reivindicar el derecho que tienen de operar como entidad financiera, las Sociedades de Ahorro y Préstamo con la autorización entregada por la Secretaria de Hacienda antes de la aprobación de la LACP, la cual no contempló a esta figura jurídica como organización auxiliar de crédito, ya que actualmente no están contempladas a pesar de haber recibido dicha autorización. De aprobarse ésta reforma les posibilitará pasar a operar bajo el amparo de la misma LACP. Esta iniciativa fue turnada a comisiones unidas de Hacienda y Fomento Cooperativo.[11]

Una iniciativa que espera aún dictamen en la Comisión, es la que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, presentada por el diputado Víctor Suárez Carrera, del PRD en diciembre de 2004. Esta iniciativa está  también proponiendo una nueva autorización para la operación de sociedades de ahorro y crédito popular, adicionando un artículo 9-Bis a la LACP. En ella se pretende que los nuevos organismos cumplan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo un serie de procedimiento que se encuentran por debajo de la normatividad de la actual Ley.[12]

Anteriormente había ya se había señalado esta iniciativa pendiente en la Comisión, es la presentada por el Diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, presidente de la misma, sobre reformas  a la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), donde propone, la creación del Padrón Nacional Cooperativo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, que sustituiría la obligación de las oficinas del Registro Público de Comercio de ésta obligación que han el momento han incumplido. Esta iniciativa también propone la consolidación del Movimiento Cooperativo Nacional por medio de la creación del Instituto Mexicano de Fomento Cooperativo, que no sólo asistirá técnicamente al sector cooperativo, obligación ya contenida en la Ley, sino que  desarrollaría programas académicos y profesionales para el mejor desempeño de los procesos organizativos y administrativos del sector. Una falta de claridad, dice el diputado Saucedo, es la implementación del Consejo Superior del Cooperativismo propuesto en la LGSC de 1994, la cual se pretende subsanar porel legislador en la iniciativa presentada, así como la incorporación de la definición de sociedad cooperativa dictaminada en 1995 por la Alianza Cooperativa internacional (ACI).

Finalmente la iniciativa también pretende la operación de las cooperativas medianas y pequeñas que no han podido cumplir con lo estipulado en la LACP, cooperativas conocidas como “cerradas” o exclusivas para socios, de acuerdo a su naturaleza y funciones y que a decir de los firmantes, representan una parte importante del sector cooperativo de ahorro y préstamo en el país.  Esta iniciativa implica una nueva Ley sobre el sector cooperativo, que de aprobarse en los términos presentados, daría un nuevo enfoque hacia lo que se tiene que hacer desde el ámbito público y social para dar un verdadero empuje al cooperativismo nacional.[13]

La siguiente iniciativa pendiente sobre reformas a la LGSC, es la presentada por la diputada minerva Hernández Ramos del PRD, a nombre de diversos diputados de la Comisión. Esta iniciativa pretende reformas el artículo 33 y adicionar los artículos 33-A al 33 –F, con la finalidad de que en el marco de la referida legislación, se permita la operación de las sociedades de ahorro y préstamo “cerradas2, que operarían sólo con socios y con un máximo de activos permitidos, así como en una zona geográfica determinada. Además de contemplar las sociedades cooperativas “financieras”, las cuales se ajustarían a la LACP. Es evidente que la intención de esta reforma busca afanosamente contribuir a un mejor esquema de operación de las sociedades que siguen al margen de la regulación, pero que son imprescindibles para ciertos sectores. Además pretende que las sociedades también desarrollen una función educadora entre sus socios bajo los principios de las doctrinas cooperativistas, así como la constitución de un Fondo de protección administrado por un Comité Técnico que respalde las actividades de esta figura jurídica en la LGSC, y supervisado por un “Órgano de Supervisión”, integrado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría del Trabajo.[14]

Otra iniciativa pendiente en la actual Comisión, presentada por el diputado Javier Saucedo,  es la que busca reformar el régimen de aportaciones al Seguro Social  de las cooperativas de producción. Con la reforma de 1997, el Seguro Social dejó de contemplar a las nuevas cooperativas y a los nuevos socios de las cooperativas ya instituidas, obligándoles a que el pago del 50 por ciento al pago de pensiones se debía de realizar sobre el salario base integrado, es decir, si en algún momento existían excedentes, también eran contemplados para la cotización. Es de destacar que la actividad económica de éstas sociedades no se tratan de sociedades mercantiles o empresas de capital, sino todo lo contrario, son empresas del sector social. Esta regulación de 1997, afectó sobremanera  a las cooperativas de producción y de transporte.[15]

Esta serie de iniciativas pendientes en la Comisión, tendrán que ser revisadas por la siguiente legislatura, quien determinará si son aprobadas o no. En un marco donde es visible la falta de apoyo a las sociedades cooperativas sobre todo de las áreas rurales, que por sus condiciones financieras no han podido dar cumplimiento a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Situación actual de la comisión legislativa", en Fomento Cooperativo [Actualización: 29 de mayo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/