Ciencia y Tecnología

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Temas en la agenda nacional

Este apartado tiene como objetivo presentar una revisión de los temas relevantes de ciencia y tecnología en la agenda nacional con base en el seguimiento hemerográfico y sistematización de 128 notas de prensa comprendidas dentro del periodo de enero de 2000 a diciembre de 2005 y seleccionadas de acuerdo a su relevancia e implicación en las políticas de ciencia y tecnología. Estas notas se agruparon en 19 grandes temas relevantes de la agenda, definidos de acuerdo a la frecuencia de menciones de los temas. Asimismo, una vez identificados éstos se definió un orden de prioridad  según lo cual pueden ser de alta, media y baja prioridad.[1]

Para el análisis se hizo una selección de los posicionamientos con relación a los temas relevantes de la agenda,  generados por los diferentes actores involucrados en las actividades de ciencia y tecnología. Además, en cada caso se señalan sus beneficios que conllevarían la ejecución o aprobación de estas propuestas, o en cu caso, los costos de la realización o no de las mismas, según la postura de cada uno de los actores. Los actores están agrupados según su ámbito de acción en seis grupos: comunidad científica, instituciones de educación superior, CONACYT, diputados federales, senado y sector empresarial.

Escala de temas relevantes de la agenda nacional en relación a ciencia y tecnología

Los temas de mayor relevancia se refieren a las posturas adoptadas por los diferentes actores en relación a las políticas gubernamentales en materia de ciencia y tecnología y en segundo lugar, las relativas a la inversión destinada a este sector (tabla 1)

Así, estos dos temas que ocupan las primeras posiciones en la agenda de ciencia y tecnología con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECYT), tienen una relación directa con objetivo rector 1 del programa: que  planteó la necesidad de adecuar un marco legal como instrumento medular para renovar las políticas de estado que consoliden al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; además una de las metas planteadas en el programa fue la de alcanzar un gasto nacional en ciencia y tecnología de 1.5% del PIB al concluir la actual administración en 2006.

En la escala de mediana prioridad encontramos los temas relacionados con divulgación científica que se realiza en el país, la necesidad de generar,  fortalecer o ampliar los mecanismos de vinculación de la ciencia y tecnología con el sector productivo y en relación al tema de la investigación sobre el genoma humano y clonación terapéutica.

El primero de estos temas forma parte del PECYT, que contempla la necesidad de “acrecentar la cultura científico-tecnológica de la sociedad mexicana”, fortaleciendo los  mecanismos e incrementar los recursos para las actividades de divulgación científica y tecnológica.

El segundo rubro de este nivel medio constituye por sí mismo el objetivo rector 3 del PECYT, enfocado a “elevar la competitividad y la innovación de las empresas”, cuyos objetivos estratégicos indica la necesidad de incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo, promover la gestión tecnológica en las empresas, así como, la incorporación de personal de alto nivel científico y tecnológico en las empresas, y la de fortalecer la infraestructura  de para el desarrollo científico-tecnológico de las empresas.

Finalmente, para esta fase se identificaron otros catorce temas que tuvieron menos menciones en el análisis de la agenda. Estos temas son: investigación biotecnológica y organismos genéticamente modificados (OGM), fuga de cerebros, cooperación internacional, nombramiento del Director del CONACYT, régimen fiscal para ciencia y tecnología y estímulos fiscales, descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, rezagos en el campo de la ciencia y la tecnología, becas del CONACYT, formación de científicos y tecnólogos, organismos consultivos de participación de la comunidad científica-tecnológica para la definición de políticas, patentes, legislación en ciencia y tecnología, Centros de Investigación CONACYT y Sistema Nacional de Investigadores.

Temas y propuestas de la agenda

a.     Políticas gubernamentales en materia de ciencia y tecnología

Al respecto de este primer tópico fueron identificados tres grupos de actores, la comunidad científica, las instituciones de educación superior y los diputados federales, que coinciden en una posición crítica respecto a la orientación que el gobierno federal hace de las políticas en materia en ciencia y tecnología. En este sentido, una primera postura de la comunidad científica consiste en que, si bien se ha planteado la necesidad de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país como puntal del desarrollo económico y elemento para fortalecer la soberanía del país, este planteamiento no se refleja en la ejecución de las políticas. Para estos actores, la visión que se tiene sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México como política de Estado es de corto plazo y enfocada a logros inmediatos, por lo que se privilegia el desarrollo tecnológico y desestima a la ciencia en particular a la básica.

Las consecuencias de una política inadecuada son además, según estos actores, una caída de la competitividad del país, el deterioro y falta de renovación del equipo e infraestructura para el impulso de la ciencia y la tecnología, una mayor dependencia del exterior en esta materia y, en consecuencia, pérdida de soberanía del país.

De tal manera que la misma comunidad científica ha esbozado propuestas como establecer un pacto nacional por el desarrollo de la ciencia y la tecnología del que surja una política de Estado, que cuente con una amplia participación y consenso de los actores involucrados sector público, académico y privado en estas tareas; así como, la integración de una Agencia del Estado encargada del financiamiento y de formular políticas en la materia y que aglutinaría a todas las instancias que realizan investigación científico-tecnológica. Se ha insistido, por parte de las instituciones de educación superior, en plantear una política educativa que contemple el fortalecimiento de las instituciones de educación superior donde se produce la mayoría de la ciencia y tecnología en el país.

b.    Inversión en ciencia y tecnología

El principal indicador de la ciencia y la tecnología, con el que se evalúa el nivel de desarrollo de los países en estas áreas es el gasto con relación al Producto Interno Bruto nacional. Para el caso mexicano, según cifras del CONACYT en 2004 el gasto nacional en ciencia y tecnología fue equivalente a 0.78% del PIB (incluyendo recursos públicos y privados), es decir, apenas un poco más de la mitad de 1.5% recomendado por la UNESCO.[2]

Teniendo este porcentaje como referente para la inversión en estas actividades, los diferentes actores muestran una postura crítica ante la baja inversión del gobierno mexicano. Por tanto, una de las propuestas de la comunidad de científicos y tecnólogos al gobierno federal fue el que se designara un porcentaje fijo del PIB para el gasto en ciencia y tecnología con el objeto de asegurar recursos suficientes para el desarrollo de estas actividades, lo que derivó en una adecuación a la Ley de Ciencia y Tecnología que aprobó el Congreso de la Unión estipulando que al menos 1% del PIB sea destinado al gasto nacional en ciencia y tecnología.

Sin embargo, en la práctica este punto continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda nacional, al menos así se observa en el presupuesto del presente año. En el año 2000, el gasto federal fue de 0.42% del PIB, para el año 2005 este porcentaje decayó a 0.41 y para el 2006 dicho gasto equivale sólo a 0.39%.[3]

Por otra parte, con el objeto de hacer más eficiente la aplicación de los recursos también la comunidad científica  propuso una revisión de los mecanismos y criterios de la distribución de financiamiento a investigadores, instituciones y empresas, es decir, más equitativa y pertinente según las áreas estratégicas y de oportunidad para el país. Asimismo, las instituciones de educación superior insisten en reforzar los programas de estímulos fiscales como una herramienta en la vinculación del sector productivo con las universidades, mismas que ofrecen sus servicios de consultoría y como desarrolladoras de ciencia y tecnología.

Por su parte, el CONACYT, como organismo gubernamental encargado de la ciencia y tecnología, advierte la necesidad de una mayor inversión del sector privado, porque sin ésta los recursos públicos continuarán siendo insuficientes. Además, señala que las empresas al invertir en recursos humanos y en desarrollo científico-tecnológico obtienen un valor agregado que refuerza su competitividad.

c.     La descentralización de la ciencia y la tecnología

Fue a partir de la expedición de la Ley de Fomento a la Ciencia y Tecnología en 1985 que en nuestro país comenzó de manera oficial una política de descentralización de estas actividades. Así, a veinte años son 24 las entidades federativas que cuentan con un organismo estatal de ciencia y tecnología, en 18 su legislación contiene una ley específica en la materia y funcionan 27 Centros de Investigación del CONACYT en el país, de los cuales 21 tienen su sede en las entidades federativas, mientras que 6 tienen su sede en el Distrito Federal. En conjunto la UNAM, UAM e IPN cuentan con 38% de los miembros del padrón del SNI.[4] Si bien, estos son algunos resultados importantes de esta política en el país, aún se plantean algunos aspectos pendientes como la descentralización de oferta educativa a nivel posgrado y becas del CONACYT, establecer mecanismos que faciliten la federalización de los recursos destinados al desarrollo de la ciencia y tecnología en los estados, e instrumentar una planeación de las políticas para atender las necesidades de la sociedad de acuerdo a las características de las diversas regiones del país.

d.    Formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología

El PECYT plantea como estrategia 7 “aumentar el personal técnico medio y superior, y el científico y  tecnológico con posgrado” y señala como meta alcanzar un acervo de 80 mil investigadores y tecnólogos para el año 2006. Por su parte, la comunidad científica señala que, para impulsar el desarrollo científico-tecnológico del país se requiere al menos de 40 mil investigadores, de no ser así en México se continuará observando una carencia de recursos humanos en estas áreas que se refleja en el desplome de la competitividad del país.

El CONACYT reconoce un rezago en la formación de nuevos científicos y tecnólogos que el país demanda, dado que en los últimos veinte años este acervo ha crecido sólo 2%, pero no será sin una mayor inversión y una adecuación y modernización en el programa de becas que el país pueda ampliarlo.

Las instituciones de educación superior públicas señalan que sólo 0.1% de la población mexicana estudia una especialización, una maestría o un doctorado, por lo que consideran necesario impulsar la descentralización de la oferta educativa a nivel posgrado. Asimismo, éstas demandan mayores apoyos económicos reconociendo que en ellas se forma a 99% de los científicos y tecnólogos del país.

e.     La vinculación de la ciencia y tecnología con el sector productivo

Al respecto, el CONACYT indica que existe un escaso interés del sector productivo para invertir en el desarrollo científico tecnológico, lo que disminuye cada vez más la competitividad del mismo de frente a un panorama de mercado global.

Esta opinión está secundada por la comunidad científica señalando además, que las empresas obtendrían ventajas al invertir en desarrollo científico-tecnológico como la disminución de costos de producción y de la importación de tecnología. Señala además, que son pocas las empresas que comparten esta visión y realizan inversiones para el desarrollo de nuevos productos y procesos.

En el PECYT se planteó como objetivo rector “elevar la competitividad y la innovación de las empresas”, y a su vez, programó tres estrategias enfocadas al logro de este objetivo que consisten: primero, en incrementar la inversión del sector privado para el desarrollo de la investigación científico-tecnológica; segundo, “promover la gestión tecnológica en las empresas”; y tercero, “fortalecer la infraestructura orientada a apoyar la competitividad y la innovación tecnológica de las empresas”. El gobierno federal considera pertinente la participación del sector privado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no sólo con inversión sino en la implementación de áreas, equipamiento y creación de infraestructura, financiamiento, inversión en capital humano, contratación de asesoría y consultoría, lo que  se traduciría en una mayor competitividad de las empresas y fortalecería a su vez, las instituciones dedicadas a estas actividades puesto que obtendrían capital de este sector, además, de que se habrían espacios laborales para científicos y tecnólogos.

El sector productivo reconoce que es necesaria mayor vinculación con los centros e instituciones que realizan investigación científica y desarrollo tecnológico, lo que derivaría en beneficios como la reducción de los altos costos de la importación de tecnologías. La propuesta del este sector es apoyar la inversión en programas de calidad e incorporar a las universidades en sus centros productivos. Sin embargo, el sector productivo demanda un incremento de los estímulos fiscales, para fomentar la reinversión de las utilidades de las empresas en estas actividades.

f.       Funcionamiento del CONACYT 

En 2002 se llevó a cabo la descentralización del CONACYT con respecto a la SEP, se configuró el sector de ciencia y tecnología encabezado por este organismo y se asignó un ramo presupuestal para estas actividades. De esta forma, el CONACYT replanteó su organización y funcionamiento, así como los de los órganos consultivos que colaboran con esta dependencia, en los que se dio apertura a la participación de la comunidad científica, las instituciones de educación y el sector privado.

La evaluación que los actores hacen del CONACYT a cuatro años de haberse modificado su estatus legal se muestra un tanto crítica, aunque no dejan de reconocer la importancia de esta transición que abrió la participación de los sectores en la definición de las políticas. Por una parte, las instituciones de educación superior avalaron la descentralización del  CONACYT porque observan en ella mayor autonomía en la definición de políticas. A la comunidad científica también le pareció positivo ampliar la participación de los sectores en los órganos consultivos, con lo cual las políticas se definirían acordes a las necesidades del sector.

Sin embargo, estos sectores son críticos en cuanto al diseño de las políticas. Por un lado, las instituciones de educación superior demandan que el financiamiento de la ciencia y la tecnología se enfoque a hacia áreas de oportunidad y prioritarias, que éste no beneficie sólo a algunas instituciones o empresas sino que abarque más sectores y entidades.

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) llevó a cabo el año pasado el levantamiento de una encuesta entre los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De acuerdo, a los resultados de esta encuesta el desempeño del CONACYT para los miembros del SNI en una escala de 1 a 10 es de 5.49; en general hay una mala percepción del este organismo entre la comunidad científica. Por ello sugiere, que al CONACYT se le brinde de autonomía, que no ha bastado para que ésta se refleje en la definición de las políticas con la descentralización.

g.     El nombramiento del director general del CONACYT

La apertura a la participación de los sectores en los organismos de consulta que apoyan al CONACYT despertó también la inquietud de que ésta se extienda para la toma de decisiones de mayor peso como es la designación del director general del COANCYT y de la Junta Directiva.

La comunidad científica ha cuestionado el que los titulares designados cubran el perfil adecuado para este cargo. Definirlo evitaría que sea una persona que favorezca a sólo algunas instituciones o investigadores.      Por ello, proponen   tenga grado académico de doctor; diez años de experiencia como investigador en una institución de educación superior pública; haber dirigido algún centro o universidad; reconocimiento como científico y académico; y que conozca a la comunidad científica y tecnológica con lo que mejoraría la comunicación y coordinación del CONACYT con ésta.

Esta demanda fue asumida por los diputados en la LIX Legislatura en dos iniciativas en las que se propone que la designación del director del CONACYT  se efectúe con la conformación de un Consejo para tal efecto, que cuente con la participación de la comunidad académica para garantizar, primero, que se designe a la persona con el perfil más adecuado y sea una decisión con mayor consenso.

h.    Investigación sobre genoma humano

La investigación sobre el genoma humano es un tema que genera debate entre los que consideran será un gran aporte a la ciencia y en particular a la salud y los que consideran que este tipo de investigaciones atenta en contra de la vida al  experimentar con organismos humanos vivos, como lo es un embrión. El tema comenzó a abordarse en México a partir de  1993, cuando se celebró en México la reunión del Programa Latinoamericano del genoma humano, en la que participaron muchos genetistas mexicanos y de otras naciones de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Fue un primer intento de información y comunicación.[5]

Una año más tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo un primer taller sobre oportunidades y problemas de la investigación sobre el genoma humano. En él, hubo consenso sobre la importancia estratégica para México y sobre la factibilidad de participar en el proyecto internacional sobre el genoma humano, dados los recursos humanos y materiales que ya se tenían en el país. Y en noviembre de ese mismo año, esta universidad crea el Programa Universitario de Investigación en Salud. A partir de entonces el genoma humano es un tema de la agenda científica en México.[6]

Algunas de las oportunidades de este tipo de investigaciones que ha detectado la comunidad científica es que permitirán prevenir y tratar enfermedades crónicas-degenerativas. Existe además, el consenso para establecer la prohibición de toda investigación sobre clonación humana de tipo reproductiva, pero los científicos mexicanos se han manifestado a favor de la investigación del genoma humano para fines terapéuticos y en células madre, cuyos beneficios serían la generación en laboratorios de anticuerpos para el tratamiento y prevención de enfermedades. Esta última, tiene además una amplia aceptación entre la comunidad científica internacional y por los gobiernos de muchos países.

Los argumentos de los que censuran la investigación genómica, como Provida y la Iglesia Católica, son que se corre el riesgo de la discriminación de tipo genética, es decir, se teme que una vez descifrado el mapa genético de una persona, ésta sea discriminada por sus características biológicas o su predisposición a enfermedades crónicas o de tipo hereditarias, etc. También, se argumenta en contra de este tipo de investigaciones y a favor de la prohibición en todas sus formas, el que se experimente con embriones humanos. Sin embargo, es más amplio el consenso de que el prohibirla del todo constituiría un freno al desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

i.       Organismo Genéticamente Modificados (OGM)

Junto con Brasil, México puede ser considerado líder en el área de investigación biotecnológica en Latinoamérica. En nuestro país se han desarrollado algunos productos llamados organismos genéticamente modificados y algunos derivados. Cabe decir que estos productos en otros países comienzan a emplearse en la década de los años sesenta del siglo pasado, sin embargo, no es sino hasta finales de la década siguiente que en México comienza a hablarse del tema.

Sin embargo, existe oposición al desarrollo e importación de estos productos por los riesgos de tipo económico,  ambiental, incluso sociocultural y para la salud. Científicos mexicanos también señalaron en su momento la importancia de legislar en la materia, esto ante riesgos como el robo de la información genética material y frente a los cuales la defensa del país es aún débil, pues algunas empresas transnacionales han patentando variedades de maíz y fríjol de origen mexicano. No legislar sobre la regulación de los OGM deja en estado de indefensión nuestra biodiversidad. Cabe decir que somos el cuarto país en biodiversidad en el mundo, por lo que, los transgénicos  sin control y regulación pueden resultar un riesgo para las especies que habitan en el país.

Los científicos también advierten que otra área de oportunidad que se deja ir sino se apoya el desarrollo de la biotecnología, es el aprovechamiento de la bioinformática, pues conocer la información genética de los organismos vivos, plantas, animales e incluso de seres humanos es una herramienta útil para el desarrollo de nuevos productos, y que en caso contrario nuestro país se verá obligado a importarlos en lo próximos años.

Uno de los OGM que ha generado gran debate en México es el maíz transgénico. Se dice que este producto puedo alterar las especies nativas y la misma biodiversidad en torno a los cultivos de esta semilla. Es también probable, el uso del maíz transgénico como semilla de manera indiscriminada y sin control. Lo mismo, puede ser de riesgo para la salud humana como las alergias y la resistencia a antibióticos en los seres humanos. Además de que no existen los mecanismos para evaluar el impacto a largo plazo.

Sin embargo, los científicos que tienen una opinión favorable del maíz transgénico, señalan que este producto evita el uso de insecticidas para el control de plagas, por lo que  es la mejor defensa de la biodiversidad; se trata de un instrumento natural, contrario a los agroquímicos. Otra de sus bondades es que posibilita el aumento del contenido nutricional de los alimentos.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Temas en la agenda nacional", en Ciencia y Tecnología [Actualización: 9 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/