Educación

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Temas en la agenda nacional

Este apartado tiene el objetivo de presentar en forma integrada una revisión de los temas relevantes sobre educación en la agenda nacional. La prensa escrita es uno de los principales medios a través de los cuales el público interesado, las familias, los políticos y los profesores se informan sobre las políticas públicas, incluyendo las educativas. En muchos casos los medios de prensa se limitan a publicar los comunicados oficiales que hacen referencia a alguna nueva medida legislativa o reforma de las políticas educativas, sin hacer muchas modificaciones al contenido de la comunicación que proviene del gobierno. En otros, los medios de comunicación hacen interpretaciones de los datos, tratando de enfatizar aspectos que puedan llamar la atención del público. Incluso, algunos medios realizan entrevistas a actores sociales relevantes o a funcionarios del gobierno para que comenten los resultados oficiales. A pesar de estas diferencias en la presentación de la información, en términos generales, la prensa escrita tiende a destacar los temas más relevantes de la agenda pública sobre educación.

Lo anterior no tiene en principio nada de extraordinario. De hecho, parece la manera normal en que se presenta también la información producida en otros campos. Sin embargo, la importancia que se le adjudica a las políticas educativas para el desarrollo y progreso de la sociedad, y del país en general, muchas veces provoca que estos resultados tengan mayor impacto en la opinión pública, sobre todo para movilizar a los diferentes sectores para que se involucren en los temas de educación.

No obstante, debe señalarse que muchas veces las notas periodísticas se generan con el fin de señalar posibles culpables de las fallas del sistema educativo y para argumentar que no se están cumpliendo los objetivos planteados por las autoridades educativas. En este marco, sin duda complejo, el propósito de este apartado es ofrecer una primera mirada sobre el tratamiento que la prensa mexicana ha dado a los temas relevantes de la agenda educativa en nuestro país.

Para comenzar la identificación de los temas relevantes de la agenda educativa, se revisó el contenido del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE), y se ubicaron algunas de las estrategias diseñadas para el logro de los objetivos propuestos en dicho plan.[1] Posteriormente, se estableció un orden de prioridad para cada una de las estrategias identificadas. Lo anterior se llevó a cabo gracias al análisis de los registros de medios impresos de comunicación que están incluidos en la base de datos de “Infolatina”. Esta base contiene registros de varios periódicos nacionales e internacionales que publican noticias educativas.[2] El periodo de análisis comprendió del 01 de enero de 2003 al  02 de mayo de 2006. A continuación se presenta una serie de cuadros con los resultados de este análisis.

Cuadro 1.- Notas hemerográficas sobre el tema de educación en México (periodo de 2003-2006)

Cuadro 1.- Notas hemerográficas sobre el tema de educación en México (periodo de 2003-2006)

(continuación)

Cuadro 2.- Orden de prioridad para las estrategias identificadas

en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE)

TEMAS DE ALTA PRIORIDAD

Lograr cambios en la legislación federal sobre educación (básica, media superior y superior)

Entre los temas de la agenda educativa mexicana que han abordado los periodistas se encuentra el que concierne a cambios en la legislación federal para atender los problemas del sistema educativo en todos sus niveles. Al respecto, en sus declaraciones sobre la necesidad de concretar la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES), el Presidente Vicente Fox señaló que “la reforma propuesta por la Secretaria de Educación Pública (SEP) busca formar en los jóvenes que cursan la secundaria, el desarrollo del pensamiento crítico”.[3] Por su parte, Lorenzo Gómez Morín, funcionario responsable de la RIES, aseguró que haría una consulta conjunta con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para dar a conocer la RIES en cada escuela secundaria y que se armarían foros estatales y regionales para recoger las observaciones de los maestros en las escuelas, con el objetivo de facilitar su implementación.[4]

Es importante señalar que en su mayoría los comunicados oficiales se han concentrado en la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES), dejando de lado los otros dos tipos de estudio que conforman la educación básica: el preescolar y la primaria. De hecho, además de las constantes declaraciones sobre la RIES, los funcionarios del gobierno mexicano sólo han tocado tangencialmente temas relacionados con los otros subprogramas que conforman el  Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE), es decir, temas vinculados con los subprogamas de educación media superior y de educación superior. Así, de las pocas menciones oficiales al conjunto de subprogamas distintos al de educación básica, encontramos una nota sobre el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).  Este programa de la SEP está dirigido a jóvenes, mujeres, campesinos e indígenas del país que por alguna razón no iniciaron o concluyeron sus estudios de primaria y secundaria.

Sobre el MEVyT, Vicente Fox declaró, “su propósito es reducir la brecha que relega a los más desprotegidos, ofreciendo opciones educativas apropiadas para que ellos sean protagonistas de su formación y desarrollo, con respeto a sus valores culturales y haga realidad la equidad en el acceso y en el tránsito por procesos educativos de aprendizaje”.[5]

No obstante, desde la postura de la sociedad civil y de la academia, varios actores han señalado la necesidad de modificar la legislación federal sobre educación en todos sus niveles (básica, media superior y superior). Así por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de la Educación, una organización no gubernamental dedicada a ejercer una observación crítica de las políticas gubernamentales en el campo educativo, ha insistido en que es necesario realizar modificaciones al marco legal en los siguientes aspectos:

• Cambiar las condiciones actuales para la obligatoriedad de tres años de preescolar, con el objetivo de no desatender las reformas necesarias en otros niveles de estudios.[6]

• Contar con una ley de educación superior para asignar fondos a las universidades bajo criterios y reglas de operación bien definidos.[7]

• Regular  las actividades de la iniciativa privada en la educación, en particular en relación con sus procesos de certificación y reconocimiento de validez oficial.[8]

Conformar sistemas de evaluación educativa

La evaluación educativa se presenta como tema muy recurrente en la prensa consultada. Las notas revisadas vinculan la evaluación con la calidad y la rendición de cuentas. Cabe señalar que este tema es impulsado incluso por organismos internacionales. Al respecto, Koïchiro Matsuura, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirmó que “es importante que las organizaciones civiles se unan y levanten su voz respecto a las prácticas educativas, sin embargo, para hacerlo deben basarse en datos reales y estadísticas creíbles”.[9]

Al igual que este funcionario de la UNESCO, una parte importante de las noticias consultadas señala a la evaluación educativa como la base para el mejoramiento de procesos y resultados. Se ve a la evaluación como la forma apropiada para la retroalimentación de los responsables de los procesos educativos (gobierno, sistema educativo, maestros, alumnos y padres de familia), especialmente  sobre las fallas  y aciertos vigentes. Como respuesta a las demandas de los organismos internacionales y de la sociedad civil, las declaraciones gubernamentales en las notas periodísticas integran afirmaciones como “nos comprometemos a realizar evaluaciones cuidadosas cuyos resultados sean válidos y confiables, produzcan información exacta para sustentar el conocimiento técnico y las decisiones políticas”.[10]

No obstante, las demandas van más allá de que se instrumente una evaluación en las escuelas del país, ya que se exige al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que difunda los resultados de las evaluaciones que realiza, tal y como establecen las mejores prácticas a nivel internacional. Lo anterior se da en un contexto de supuesta opacidad por parte del INEE por no  publicar una lista con la clasificación de las mejores escuelas del país. Sobre el particular, el Lic. Felipe Martínez Rizo, Director General del INEE, aclaró que “lejos de oponerse a la difusión de resultados de las evaluaciones, el INEE ha sido pionero en el esfuerzo por darlos a conocer de la manera más amplia y oportuna, en cumplimiento a lo establecido en su decreto de creación. Desde 2003, el INEE ha presentado a las autoridades educativas y a los medios de comunicación, tanto a través de su página web como en forma impresa, los resultados de las evaluaciones que aplica a las escuelas de educación básica del país”.[11]

Las inquietudes sobre la falta de información enfatizan la necesidad de una circulación amplia de informes y resultados de los distintos niveles y modalidades educativos. Sobre la escasa difusión que en México se da a los resultados de evaluaciones, Ricardo Henriques, Viceministro de Educación de Brasil, destacó que es importante dar a conocer a la sociedad los logros alcanzados por los estudiantes.[12] Lo anterior es utilizado en la prensa como fundamento para debatir cómo darles a los padres de familia, comunidades y maestros mayor participación en los esfuerzos para fortalecer  los sistemas de evaluación, y con ello lograr que en 5 ó 10 años ocurra un cambio en la calidad de nuestro sistema educativo.

Entre los temas que en particular se refieren al Instituto Nacional de Evaluación Educativa aparece la advertencia de que este organismo se convirtió en un obstáculo para mejorar el sistema educativo. Asimismo, algunos editorialistas afirman que, aun cuando ese instituto es necesario como instancia evaluadora del sistema educativo mexicano, requiere de una autonomía similar a la del Instituto Federal Electoral (IFE). De acuerdo a estos especialistas, el INEE difícilmente cumplirá su cometido si se subordina al Poder Ejecutivo –como una dependencia más de la SEP.[13]

Modificar estructuras de participación social en educación

Otro de los temas con alta prioridad en la agenda educativa se refiere a las estructuras de participación social en la educación. Sobre este asunto, el análisis hemerográfico encontró que cada vez son más numerosos los centros escolares que reconocen y analizan la realidad social en la que están insertos y que, como consecuencia, se involucran en procesos de innovación y cambio. La necesidad de innovación deviene imprescindible porque las expectativas sobre las tareas que deben desarrollar los establecimientos educativos son altas y cambiantes y porque los requerimientos que reciben del entorno son cada vez más complejos.

Dentro de este escenario emergen iniciativas educativas innovadoras como los programas Escuelas de Calidad; Fortalecimiento de la Educación Especial, y Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes. En este contexto, el Ejecutivo federal y el gobierno de Durango han señalado que con estos programas se busca instituir en los colegios públicos de educación básica un modelo de gestión con un enfoque que contribuya a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y, también a atender con equidad a los alumnos, bajo un esquema de participación social, de confinanciamiento, de transparencia y de rendición de cuentas.[14]

En el mismo sentido, el Subsecretario de Educación Básica de la SEP, Lorenzo Gómez Morín, destacó que los esfuerzos gubernamentales en las políticas de enseñanza se orientan a dejar atrás la visión "centralista", y recordó que para ello se han puesto en marcha diversas acciones estratégicas, como el Programa de Escuelas de Calidad. Dicho programa está orientado a fortalecer la organización y el capital social en las escuelas, y mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante nuevos modelos de  participación social.[15]

De entre las políticas y prácticas para favorecer los procesos de participación social en las instituciones educativas, en particular las que tienen que ver con la organización y gestión, el análisis de notas periodísticas también identificó diversos ejemplos de comités o consejos educativos. En Yucatán, por ejemplo, Álvaro Gómez, Coordinador Estatal de Participación Social en la Educación, precisó que “entre las principales funciones de los Consejos Municipales de Educación destaca la atención de las necesidades más urgentes de los planteles educativos, en infraestructura y gestión escolar.”[16]

Los estados de Guanajuato y de Campeche han seguido los pasos de Yucatán y también han hecho uso de planteamientos colaborativos para fomentar la comunicación y la información compartida mediante la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. En Guanajuato los supervisores de siete zonas escolares, autoridades municipales y personal de la Secretaría de Educación estatal acordaron impulsar el trabajo en las 100 escuelas del nivel básico de las siete zonas, a través de la colaboración con los padres de familia, que están integrados a los Consejos Escolares de Participación Social.

Por su parte, en Campeche, el titular de la Secretaría de Educación, Lic. José del Carmen Soberanis, refirió que el gobierno estatal impulsa una nueva relación entre la sociedad y el sistema educativo a fin de elevar su calidad. Parte de esta relación entre la sociedad y las autoridades es la integración de los casi mil 500 consejos escolares de participación social en la educación y la formación de nuevas asociaciones de padres de familia en el nivel básico. [17]

Lograr acuerdos y convenios con el magisterio y su sindicato

Un tema muy controversial, y que también forma parte de los asuntos relevantes de la agenda educativa, se refiere a los acuerdos y convenios entre la SEP y el sindicato magisterial. A pesar de que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) marca como una de sus principales líneas estratégicas “establecer acuerdos y convenios con el magisterio nacional y su sindicato para lograr conjuntamente una buena calidad en la educación”, el análisis hemerográfico arroja resultados contradictorios. Por un lado, existen notas periodísticas que señalan acuerdos entre el sindicato magisterial y la SEP. Por ejemplo, para pactar que las promociones de los maestros y directores de escuelas se hagan mediante concursos de oposición -lo que en el papel acaba con los poderes discrecionales del sindicato.[18]

Sin embargo, también hay declaraciones de inconformidad del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) hacia las políticas de Estado en materia educativa, particularmente por la idea de que las propuestas de reforma originadas por la SEP están sujetas a la terminación de un sexenio. Para los dirigentes sindicales, una reforma educativa integral no se puede lograr simplemente con la modificación de planes y programas en un periodo de seis años, sino que tiene que redefinir todo lo relativo a una modificación curricular -los impactos laborales, las instalaciones, el equipamiento y el número de alumnos por grupo-, por lo que los impactos de una reforma tienen que ser proyectados al menos para un periodo de 10 años.[19]

Cabe señalar que la estrategia gubernamental de lograr acuerdos con el sindicato magisterial es totalmente necesaria para impulsar reformas educativas, especialmente aquéllas que son consideradas comprehensivas como es el caso de la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES). Sin embargo, los acuerdos entre la SEP y el SNTE han sido particularmente difíciles en este tipo de reformas. De hecho, el SNTE acusó al subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín, de provocar un “empantanamiento” en las negociaciones para aprobar la RIES. De acuerdo con el SNTE, no se han acordado con las autoridades los foros y eventos nacionales que tienen que llevarse a cabo para construir esa reforma; por lo tanto, no es conveniente que la SEP adelante la existencia de consensos porque ello podría contribuir a obstaculizarla.[20]

Estos problemas para establecer acuerdos entre el SNTE y la SEP ya habían sido previstos por Pablo Latapí al inicio de la administración foxista. Para este investigador, no se plasmaron en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) los mecanismos de un acuerdo nacional para lograr la participación efectiva del sindicato en la educación; por esto era indispensable que la SEP hubiera formulado un extracto de proposiciones que resumieran las políticas educativas que serían objeto de ese debate. Esto explica que las negociaciones entre la SEP y el SNTE estén a la deriva, independientemente del tipo y la envergadura de las reformas educativas que se pretendan impulsar.[21]

TEMAS CON PRIORIDAD MEDIA

Proceso de descentralización educativa

Han pasado poco más de ocho años desde que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), y la descentralización educativa aún continua siendo uno de los temas importantes de la agenda educativa. De esta manera, en la revisión hemerográfica realizada surgen cuestionamientos en el sentido de que, a pesar del largo tiempo transcurrido desde la firma del ANMEB, no se ha completado la descentralización de la educación. Así, por ejemplo, los titulares de las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras han hecho reclamos sobre los obstáculos que han impedido la conclusión de la descentralización de la educación en el Distrito Federal (DF).[22] Incluso Alejandro Encinas, tras conocer que el Distrito Federal dejó de ser el primer lugar de aprovechamiento escolar, solicitó a las autoridades federales acelerar la descentralización educativa para que el gobierno local se encargue de la educación básica y, de esta forma, hacer una revisión exhaustiva de los planes y programas de estudio para mejorar el sistema educativo del DF.[23]

Sin embargo, estas declaraciones contrastan notablemente con la postura del gobierno del Distrito Federal (GDF) de septiembre de 2004, cuando la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 122 constitucional para otorgar al DF la misma calidad que a los estados de la República Mexicana en materia de financiamiento a la educación básica, lo cual implicaría un incremento de las participaciones del GDF. La aprobación de dicho dictamen generó un intenso debate alrededor de las posibles implicaciones políticas y fiscales que la reforma involucraría. Producto de ello fueron la toma del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados por parte de diputados locales del Partido de la Revolución Democrática el 5 de octubre de 2004. En ese entonces, Pablo Gómez calificó la pretensión de aprobar la reforma al artículo 122 constitucional como “un embargo fiscal que le quitaría recursos de la sociedad a la administración del Distrito Federal”.[24]

Independientemente de los cambios de posición de las autoridades del GDF sobre la descentralización educativa, en el ámbito internacional existe un consenso generalizado sobre las ventajas que tendría para México fomentar una redestribución de recursos y facultades en materia educativa en nuestros gobiernos locales. En el informe "Education at Glance 2004", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) refiere que los países donde se ha descentralizado la política educativa han logrado incrementar la eficiencia, mejorar el control financiero, reducir la burocracia, incrementar la responsabilidad de la escuela en el aprendizaje de los alumnos, introducir prácticas innovadoras y crear incentivos para mejorar la educación.[25]

Ahora bien, es necesario señalar que para el sector académico los procesos de descentralización administrativa en México no poseen un diseño homogéneo, ni establecen reglas de aplicación y ritmos estandarizados, por lo que en su implementación se pueden generar diversas complicaciones políticas y administrativas. Por estas razones, Lucrecia Santibáñez, especialista en educación, advierte que la descentralización ha dificultado más la labor de evaluación educativa al generarse en las entidades federativas información estandarizada sobre ciertos indicadores básicos.[26]

Esquemas de cooperación internacional

La cooperación internacional – soporte financiero y/o técnico de las agencias internacionales para el desarrollo es un tema con cierta relevancia en la agenda educativa. El análisis de las notas hemerográficas indica que hay creciente conciencia de que la cooperación internacional es parte importante de la solución de los problemas comunes a las naciones en materia educativa,  particularmente en el contexto latinoamericano. En los últimos años este tema ha nutrido un buen número de notas en medios, publicaciones y eventos en México y en la región, así como diversas iniciativas colaboración. Destacan, por ejemplo, las reuniones del “Foro Iberoamérica”, creado en 1999 con el propósito de congregar a intelectuales, empresarios y estadistas para mejorar los esquemas de cooperación internacional en diversos campos, entre los que se incluye el educativo.[27]

Algunos otros mecanismos de cooperación internacional tienen objetivos más específicos en materia educativa; por ejemplo, la última reunión de Ministros de Educación de América Latina y El Caribe-Unión Europea (ALCUE) tuvo como meta que México, España, Francia, Brasil, entre otros países, apoyen financieramente las acciones para abatir el rezago educativo en el nivel de educación superior, y que se genere un fondo común de apoyo para las universidades que se inserten en este esquema de cooperación.[28] Las propuestas implican la movilidad estudiantil de investigadores y estudiantes, así como la doble titulación entre universidades latinoamericanas y europeas. Además, parte importante de los acuerdos radica en que los gobiernos asuman el compromiso de intercambiar su deuda externa con la Unión Europea por financiamiento a la enseñanza.[29]

En las notas periodísticas se observa también el creciente peso, diversidad, y visibilidad que han tenido las agencias de cooperación internacional en el campo educativo, tanto a nivel financiero como técnico. Esto incluye no solamente a los organismos multilaterales y bilaterales, sino también a un número creciente de organizaciones no gubernamentales internacionales y fundaciones filantrópicas con base en América del Norte y Europa. En algunos países, como México, las agencias internacionales han penetrado todos los ámbitos de la política educativa, incluyendo el diagnóstico, la formulación, el seguimiento, la investigación y la evaluación de políticas públicas educativas. Destaca por ejemplo, la participación de agencias internacionales en la interpretación de los resultados de evaluación.[30]

Por otra parte, la cooperación internacional, tradicionalmente asociada con el ámbito del intercambio de experiencias entre naciones, ha venido extendiéndose a temas cada vez más diversos. Un ejemplo de lo anterior es la búsqueda de una mayor oferta con orientación intercultural y bilingüe para todos los niveles educativos. Recientemente se reunieron en México representantes de 12 naciones latinoamericanas para fortalecer acciones de intercambio y cooperación en este campo.[31] En general, los archivos hemerográficos revisados muestran que la cooperación internacional ha contribuido a fortalecer la coordinación de la política educativa en el interior de cada país.

Monto absoluto y criterios para la distribución de recursos para la educación

La inversión educativa en México ha recibido constante atención por parte de los medios informativos. Organismos internacionales, diputados, gobernadores, académicos y asociaciones de instituciones educativas le dedican varias declaraciones a este asunto. Los señalamientos incluyen aspectos relacionados con el tema financiero; por ejemplo, algunos actores exigen más inversión en educación básica para reducir la desigualdad.[32] Otros actores requieren más apoyo financiero para las universidades con el fin de abatir el rezago educativo.[33] También existen demandas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos destinados al campo educativo.[34]

No obstante, para algunos actores el principal tema pendiente de la educación en México se encuentra en el aumento de la calidad y no de la inversión. Por ejemplo, Barry McGaw, Director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que, pese a que México ha incrementado la inversión educativa por arriba del promedio de los otros países miembros, el incremento en la calidad de la educación se mantiene como un reto pendiente.[35]

Este funcionario de la OCDE afirmó también que, a pesar de los incrementos en la inversión educativa en nuestro país, cuando se analiza el gasto que se realiza por estudiante, “los recursos que se destinan a la primaria y secundaria son cuatro veces menores que los de otros países de la OCDE. En tanto, en los niveles de bachillerato y universidad, donde es baja la proporción de la población que llega a este nivel, son tratados con generosidad”.[36] Este punto en particular es muy controvertido. Para algunos diputados y gobernadores la falta de recursos para la educación superior puede provocar el cierre de diversas universidades.[37] En tanto, una asociación de catedráticos e investigadores opina que el presupuesto de educación superior se decide más en función de la “inflación” de la matricula que de la calidad de sus egresados, por lo que se deberían tener criterios más claros en la distribución de recursos a la universidades, lo anterior a fin de colocar la inversión en los niveles de educación que más lo requieran.[38]

La distribución de los recursos entre los distintos niveles educativos no es el único punto controversial en cuanto a la inversión educativa se refiere. Existe además un amplio debate respecto de los rubros de inversión en educación, específicamente, se cuestiona si, a pesar de que ha habido un aumento deliberado en el gasto del público en la educación, el financiamiento adicional logra realmente las mejoras esperadas. La OCDE critica que el salario de los maestros esté absorbiendo una proporción del gasto en educación por arriba del promedio internacional, lo que a su vez provoca una menor inversión en infraestructura y material didáctico.[39] En tanto, algunos funcionarios de los gobiernos estatales comentan que una parte importante de la inversión en educación para 2006 será destinada a la contratación de maestros de secundaria y bachillerato, los dos niveles escolares que más habrán de crecer durante este año.[40]

A pesar de las grandes diferencias entre los distintos puntos de vista en torno al tema de los recursos para la educación y su distribución, existe un consenso más o menos general de que las instituciones educativas en nuestro país presentan rezagos en financiamiento, unas más que otras, pero que finalmente es importante tratar de ayudar a todas para incrementar la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.[41]

Políticas y programas compensatorios

Otro de los temas que ocupa cierta relevancia en la agenda educativa se refiere a los programas compensatorios coordinados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). A través de ellos se promueve una distribución equitativa de las oportunidades escolares. Algunos ofrecen educación inicial a niños menores de 4 años; otros, enseñanza preescolar a niños entre los 4 y los 6 años; y otros más intentan modificar el funcionamiento de las escuelas para mejorar los resultados de la educación básica. De ese modo se pretende amortiguar el efecto negativo que tiene la aguda desigualdad social y económica del país en el aprovechamiento y la eficiencia escolar. Todas estas acciones se llevan a cabo en localidades de altos niveles de marginación.

En las notas periodísticas analizadas expertos internacionales, académicos y funcionarios coinciden en destacar el éxito de estos programas para abatir el rezago educativo: gracias a ellos han mejorado los índices de permanencia escolar, ha disminuido la deserción y ha mejorado la eficiencia terminal. En una intervención ante los medios, el Gerente de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Eduardo Vélez, afirmó que los logros de los programas compensatorios del CONAFE han sido constatados por evaluaciones y supervisión externas, tanto de instancias nacionales como internacionales, por lo que se ha mantenido el apoyo económico del BM.[42]

Sin embargo, otros actores no son tan optimistas con los programas compensatorios del gobierno federal, ya que sostienen que dichos programas no han contribuido a mejorar los resultados educativos de las poblaciones con mayor rezago en el país ni a disminuir las diferencias entre escuelas y alumnos. Al exponer su punto de vista sobre las acciones que buscan la equidad educativa, Octavio Cruz, director de la escuela primaria Francisco I. Madero, de Chetumal, Quintana Roo, afirmó que sus alumnos “tienen becas del Programa Oportunidades y contamos con los programas compensatorios del CONAFE, sin embargo, mis niños no saben leer y escribir. Los de sexto reprobaron el examen que les aplicaron el año pasado”.[43]

Un argumento en defensa de los programas compensatorios, y en respuesta a la opinión vertida por Octavio Cruz, se encuentra en la declaración de Miguel Ángel Vargas, de la Unidad de Programas Compensatorios del CONAFE. De acuerdo a este funcionario los programas compensatorios entregan útiles a los alumnos, material didáctico a las escuelas y recursos para mejorar la infraestructura, así como una compensación económica a los maestros -que en muchos casos puede representar hasta el 30 por ciento de su salario-, con la intención de que cumplan el calendario escolar y mejoren los indicadores de desempeño de los alumnos, pero los programas se montan sobre las políticas curriculares de un sistema educativo encargado del aprovechamiento escolar, sobre las cuales el CONAFE y sus programas no tienen mucha influencia.

Al margen de estas discusiones sobre la utilidad o no de las acciones compensatorias, cabe señalar que éstas se realizan en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley General de Educación, en su artículo 34, la cual establece que mientras exista rezago educativo en el país se tendrán que emprender acciones de carácter compensatorio.

TEMAS DE BAJA PRIORIDAD

Organismo de consulta integrado por especialistas en educación

Probablemente por su relativa incursión en la agenda educativa, el único tema que ha recibido poca atención de la prensa (al menos en comparación con los otros asuntos analizados en este apartado) se refiere a la creación de un consejo de consulta integrado por especialistas de la educación. La instalación de este consejo responde a un objetivo particular del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) que, en su segunda parte, Reforma de la Gestión del Sistema Educativo, contempla perfeccionar los mecanismos de coordinación, consulta, y participación social, a través de la relación entre autoridades educativas estatales y federales, la sistematización de las aportaciones de especialistas para fortalecer la toma de decisiones y la promoción del interés de todos los sectores en mejorar el sistema educativo nacional.

En su primera reunión, el consejo asesor de la Secretaría de Educación Pública anunció que se realizará un diagnóstico nacional de lo que ha funcionado en estos cinco años y de los retos que enfrenta este sector.[44] Previo a la instalación de este grupo asesor, el titular de la SEP dijo que la labor del consejo estaría orientada a realizar “recomendaciones de política educativa no solamente al secretario, sino también a las autoridades en los estados integrados en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas”.[45]

Los integrantes del Consejo Nacional de Especialistas de la Educación (CODESE) son:

-Guillermo Fernández de la Garza, director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia.

-Enrique Flores Cano Mayet, antropólogo e historiador.

-Gilberto Guevara Niebla, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

-Roberto Rodríguez Gómez, del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM.

-María de Ibarrola, investigadora del CINVESTAV.

-Margarita Zorrilla Fierro, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

-Edgar Jiménez Cabrera, investigador de la Universidad Iberoamericana.

-Pablo Latapí Sarre, embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

-Sylvia Schmelkes, directora de Educación Cultural Bilingüe de la SEP.

-Felipe Martínez Rizo, director del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).

-Fernando Solana Morales, ex secretario de Educación Pública.

-Alfonso Rangel Guerra, ex secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

-Pablo Rudomín Zevnovaty, miembro del Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia de la República.

-Adolfo Martínez Palomo, miembro del Colegio Nacional.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Temas en la agenda nacional", en Educación [Actualización: 6 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/