Fomento Cooperativo

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Antecedentes

Para abordar los antecedentes del tema, es necesario hacer una revisión del periodo sobre el surgimiento del cooperativismo en el siglo XIX en Europa, y el proceso de extensión a otras latitudes donde actualmente tienen un papel muy importante en la actividad del empleo y la economía, salvo el caso de México donde hay un debate en torno al ámbito jurídico de las cooperativas.

A finales del siglo XVIII, las consecuencias de la revolución industrial traen consigo, entre otras cosas la desocupación y la carestía en Europa, en ese contexto, los socialistas Robert Owen, Guillermo King, y Charles Fourier pusieron en práctica sus ideas vinculando el movimiento cooperativo con las ideas socialistas. A principios del siglo XIX,  en Inglaterra, Owen socialista utópico y fundador de la cooperativa “New Lanark” (1771-1858), usa por primera vez el término “cooperación” en 1821  para distinguir la cooperación mutua del sistema individualista de la libre competencia.

Owen y King influyeron en el establecimiento de colonias con organización económica basada en la propiedad común y al mismo tiempo que Fourier, creador de la escuela societaria y del sistema falansteriano, lucharon para que los trabajadores se convirtieran en propietarios de tierras, almacenes y fábricas.[1] Mientras tanto en Alemania con los Bancos de Crédito Mutuo nace el cooperativismo bajo la influencia de la corriente del pensamiento del asociacionismo, fuorierismmo y del saint-simonnismo.[2]

Bajo la influencia de esas ideas y en el contexto de una huelga, un grupo de trabajadores fundó en 1844 la primera cooperativa que alcanzó éxito verdadero: la “Rochale Equitable Pionners”, cuyo objeto principal fue suministrar alimentos a los familiares de sus miembros, dado los abusos de los proveedores, impidiendo así el acaparamiento especulativo y consecuentemente mejorar sus condiciones económicas. A este movimiento le siguieron una serie de cooperativas de consumo impulsadas por los mismos propósitos: administración democrática, libre entrada de nuevos socios, interés limitado al capital e independencia política y religiosa.[3]  Así, puede afirmarse que el  cooperativismo comenzó propiamente en los sectores del consumo urbano en Inglaterra, de la producción industrial en Francia, y del crédito popular en Alemania. Sin embargo, las primeras cooperativas confundían los aspectos de la mutualidad del sindicalismo o de las universidades populares con las tareas propias de las cooperativas de producción, de consumo y de crédito.

El nacimiento a finales del siglo XIX del derecho sindical y de una legislación protectora del trabajo, y la creación de sistemas mutualistas o estatales de previsión trajeron una especialización de las funciones. En Francia se creó la Cámara Consultiva de las Sociedades Cooperativas Obreras de Producción en 1893, el Banco Cooperativo para las sociedades mencionadas en el mismo año y, para las cooperativas de consumo, la Unión Cooperativa y la Bolsa de las Cooperativas Socialistas en 1895.[4] En este mismo periodo el cooperativismo extendió sus redes y tras la Primera Guerra Mundial había ya cooperativas de crédito marítimo, por lo que con la conquista de nuevos territorios por parte de las potencias occidentales, el cooperativismo se extendió por casi todo el mundo aunque con marcadas diferencias.

El movimiento cooperativo después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel fundamental en la reconstrucción de los Estados europeos y en la protección de los derechos sociales de la población, lo que arrojó como resultado una economía interna fuerte y una sociedad  con niveles de bienestar muy altos.

En los países occidentales existen dos grandes tipos de cooperativas, las de países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda con prósperas cooperativas de consumo, agricultura y crédito las cuales fomentan el libre mercado y en muchas ocasiones están en contra del monopolio del Estado; y por otro lado las cooperativas desarrolladas en los países del sur de Europa, donde la cooperación constituye también un fenómeno independiente pero relacionado con los poderes públicos, en este caso el Estado reglamenta las cooperativas, les concede su apoyo y subordina su operación a un cierto control, sin que por ello deje de respetar la autonomía de sus órganos de gobierno.[5]

En Norteamérica (para el caso de Estados Unidos y Canadá), el desarrollo del cooperativismo es muy importante por lo que  representa en un sector de la economía social que se ha consolidado en múltiples vertientes. En estos países, el sector social de la economía tiene también una fuerte presencia en diversas vertientes manifestadas en centros académicos, programas sociales y convenios de desarrollo para poblaciones marginadas en diversos países. Como por ejemplo, la Asociación Nacional de Cooperativas de Negocios (NCBA) por sus siglas en inglés, que integra organizaciones cooperativas en la rama de la agricultura, atención a niños, educación, organizaciones profesionales, bancos cooperativos, desarrollo de negocios, energía, sociedades funerarias y de memoriales, entre muchas otras.[6]

Otro ejemplo del sector social es "Nationwade", una de las mas grandes aseguradoras y financieras del mundo que promueve recursos para la terminación de proyectos profesionales o personales, cajas de ahorro para el retiro laboral o financiamiento para la adquisición de vivienda, vehículos y seguros de vida  entre muchos otros servicios.[7] En el ámbito académico, la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad de Cornell, la Universidad de California y la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos o la Universidad de Victoria y la Universidad de Saskatchewan  en Canadá, son instituciones que han desarrollado programas académicos y centros de investigación sobre las cooperativas, lo que demuestra la vigencia e importancia del tema.

En América Latina, las sociedades cooperativas instrumentan programas sociales que en algunos casos, como en la Argentina, se fusionan con los gobiernos locales para desarrollar estrategias conjuntas con un alto impacto social, así también en Uruguay, Perú, Brasil, Costa Rica y Honduras, entre otros. Lo que sin duda también merece atención son los mecanismos de apoyo y los resultados obtenidos para tener mayor claridad sobre el desarrollo del tema a nivel global.

Los antecedentes del cooperativismo en México nos remontan al periodo postconstitucionalista, específicamente a la Ciudad de México,  donde da sus primeros pasos como resultado del esfuerzo de jóvenes intelectuales y obreros que integraron el Partido Cooperativista Nacional (PCN), también conformado por obreros textiles, tranviarios, choferes, ferroviarios, profesores y estudiantes. A la luz de la teoría cooperativista de Carlos Gilde y de Jorge Prieto Laurens, el PCN tuvo, con el triunfo del General Obregón en 1920, sesenta diputados al Congreso y cinco gobernadores en los Estados. Sustentado en los principios que promovían “la obtención de un nuevo ajuste de las condiciones de la sociedad”; la “formación de una vigorosa nacionalidad y la práctica de las nuevas instituciones democráticas”, así como la “realización de un programa concreto y práctico en bien del partido” los cooperativistas veían con certidumbre su futuro.[8]

Al acercase la sucesión presidencial de Obregón y apoyar éste al General Calles, el Partido Cooperativista rompió con el Presidente para apoyar a Adolfo de la Huerta, lo que significó su aniquilamiento político y el desplazamiento ideológico del cooperativismo como transformador de la realidad mexicana. Sin embargo, el Presidente Calles se pronunció a favor del cooperativismo e instruyó a la Secretaría de Industria y Comercio para que presentara un proyecto de ley sobre cooperativismo, teniendo como resultado la promulgación de la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en febrero de 1927. Para finales de 1929, se realizó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el primer Congreso de cooperativistas con 500 delegados de todo el país, como resultado de la petición del Gremio Unido de Alijadores de Tampico al Presidente Emilio Portes Gil, quien el 1º de octubre de 1929 inauguró los trabajos del Congreso  de Sociedades Cooperativas de la República Mexicana.

El Segundo Congreso fue en el año de 1935, y tuvo lugar en la Ciudad de México, con más de 800 delegados y de este surgió la Liga Nacional de Sociedades Cooperativas, cuya principal función fue la defensa de los intereses generales del movimiento. El cooperativismo se difundió en diversas ramas de la producción industrial, agrícola y de servicios. Igualmente se consolidó en el renglón del consumo, lo que provocó la creación de infinidad de reglamentos y marcos normativos para su ejecución y práctica.

Cooperativas como la empresa cementera “La Cruz Azul”, fundada en 1931 con 192 socios; la cooperativa de producción “Excelsior”; fundada con 250 socios; el Gremio Unido de Alijadores de Tampico, Tamaulipas; el Ingenio “El Mante”, fueron organizaciones que confirmaron al cooperativismo como un elemento básico del desarrollo social e industrial de México en aquellos años. Más tarde, en 1938, el Gral. Cárdenas promulgó la tercera Ley General de Sociedades Cooperativas que tuvo vigencia hasta la década de 1990.[9]

Antes, en el año de 1942, y como resultado de  la implementación de la ley de 1938, el movimiento cooperativo cedió a los intentos del estado de intervenir abiertamente en la vida de las cooperativas en un proceso de corporativización. En el mes de agosto de ese año  se realizó la Asamblea General Constituyente de la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana (CONACOOP), donde participaron 36 de las 44 federaciones que fueron invitadas. Esta Confederación Nacional se mantendría vigente has el año de 1994 envuelta en una intensa lucha caciquil por el control de la directiva.[10]l

Es importante recordar que en este periodo el movimiento cooperativo dejo de tener el auge que vivió en la época cardenista, así en el marco del modelo de sustitución de importaciones, en el año de 1951, surge el Movimiento Nacional de Cajas Populares, cuyas tres primeras entidades financieras formaran las primeras colonias populares de la Ciudad de México.[11] Para el año de 1964 y en contra de la Ley, las Cajas Populares crearon su Confederación Nacional que llegó a convertirse en un movimiento independiente  y no oficial y que promovió la constitución de cooperativas de ahorro y préstamo bajo la doctrina cooperativista. De acuerdo con datos de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desaparecida en el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1938 a 1976, se tenía un registro de 6mil 610 cooperativas a nivel nacional, de las cuales 4 mil 298 eran de producción, con 227 mil 675 socios y 2 mil 312 cooperativas de consumo con 290 mil 921 socios.[12]

Como resultado de estos años, hasta 1988, el registro que se tenía de las cooperativas era de 8 mil 17, con un total de 349 mil 47 socios.[13]

En la década de los ochenta inició un proceso donde se reforman las instituciones responsables de la política oficial en torno al cooperativismo. Desapareció la Dirección General de Fomento Cooperativo, adscrita en ese momento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en diciembre de 1994 fue liquidado el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, que representaba la principal fuente de financiamiento, crédito y avíos de cooperativas del país[14]. Esta situación determinó que muchas cooperativas carecieran de financiamiento y de posibilidades para su funcionamiento y muestra la nula existencia de programas gubernamentales de apoyo a la actividad cooperativa.

En el ámbito internacional, en el año de 1944, la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer el desarrollo creciente de las sociedades cooperativas reportando más de 50 mil en la desaparecida URSS, 10 mil en Francia, más de 5 mil en Estados Unidos y 4 mil 770 en Polonia, entre otras. Para finales de la década de los cincuentas, en España se funda la Cooperativa “ULGOR”, fábrica de electrodomésticos y una de las más representativas en Europa.[15] En la 90ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, desarrollada en la ciudad de Ginebra entre el 3 y 20 de junio de 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un nuevo texto para la Recomendación sobre Promoción de Cooperativas que fortalece su integración con base a valores y principios cooperativistas, promueve en los gobiernos locales mejores condiciones para su registro, fortalecer su relación con otras organizaciones sociales como sindicatos y de empleadores, y promover una legislación local a favor del movimiento cooperativo.[16]

En los años sesentas en Centro y Sudamérica, se dio un auge importante de creación de cooperativas tal es el caso de Honduras que funda en el Instituto Centroamericano de Investigaciones Sociales y Económicas, un Departamento de Cooperativas que impulsó el cooperativismo en ese país. En Uruguay se funda la Organización de las Cooperativas de América, siendo la primera integradora de cooperativas en el continente y cuya legislación sirvió de marco jurídico para las cooperativas mexicanas, y más tarde, en el año de 1988 transformada en la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), como resultado de la Mesa Nacional Intercooperativa.[17] Finalmente en Viena, Austria, la Asociación Cooperativa Internacional (ACI), que fue constituida en 1895 en Londres, Inglaterra; reforma por segunda vez sus estatutos cooperativistas durante su XXIII Congreso Internacional celebrado en la Ciudad de Ginebra, Suiza, en septiembre de 2003.[18] La importancia de éste reforma radica en la obligatoriedad de los miembros de fortalecer los valores cooperativistas, así como en la definición puntual de los principios de la empresa cooperativa a nivel mundial, y del papel relevante que las cooperativas deben tener en coordinación con autoridades locales. Al interior de la Alianza, los estatutos regulan el funcionamiento de la organización, así como las competencias y atribuciones de los órganos de gobierno, la delimitación de los ejes temáticos de la organización y de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia organizativa.[19]

En el año de 1994, fue establecida la Oficina Europea de la Alianza Cooperativa Internacional ICA por sus siglas en inglés), con 84 miembros del sector cooperativo europeo.[20] A diciembre de 2005, la ACI Europa reportó a más de 300 mil empresas que han generan 4.8 millones de empleos, con 140 millones de miembros en 87 organizaciones de cooperativas ubicadas en 33 naciones europeas. La oficina de ICA en Europa, se encuentra en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y su sede mundial está en Ginebra, Suiza.[21] La Alianza Cooperativa Internacional, ha desarrollado con otras instancias internacionales, programas de lucha contra la pobreza como “Cooperando para erradicar la pobreza” (Cooperating Out Poverty), a partir de febrero de 2004, con la firma de un “Memorandum de entendimientos” entre ICA y la Oficina Internacional de Cooperativas Laborales (ILO por sus siglas en inglés).[22]

El movimiento cooperativo actualmente se encuentra en una fase de transición que en muchas ocasiones deriva en el enfrentamiento de posturas. Por un lado, las recientes reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley de Ahorro y Crédito Popular encaminan al sector hacia un perfil más financiero lo que para un sector importante de cooperativas limita su desarrollo y los objetivos sociales que fundan su existencia. Lo que sí queda muy claro, es que desde el Gobierno Federal, el movimiento cooperativo no tiene una política de Estado en la materia, y el desarrollo de las organizaciones que trabajan en el sector social de la economía dependen de dos programas federales y una institución bancaria que se ejecutan con estrategias diferentes para la atención de un sólo sector, como son el Programa de Coinversión Social (PCS) de la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo de Apoyo a Empresas en Solidaridad, (FONAES) de la Secretaría de Economía y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).[23]

La economía social también representa una opción que la sociedad civil organizada implementa como estrategia para incrementar sus ingresos y con ello contribuir al desarrollo social y comunitario. El autoempleo, la formación de empresas familiares, de organizaciones sociales, de emprendedores y desarrolladores de nuevas ideas en el campo del trabajo, es una tendencia que se presenta en organizaciones de productores agrícolas, productores forestales, organizaciones sociales urbanas y rurales, etc. A pesar de ello, la economía social o solidaria se analiza desde varios ámbitos como el académico, que aún es incipiente en esta línea de investigación, y el público, que trata de adecuar sus estrategias más hacia las empresas sociales, las microempresas y a las cajas de ahorro y crédito, que al sector cooperativo en general.

El Plan Nacional de Desarrollo tiene entre los objetivos de política económica  reducir la pobreza y abrir espacios a los emprendedores.[24] Sin embargo, los emprendedores de la “economía social” o “empresas familiares” no encuentran suficientes mecanismos para su desarrollo ni la infraestructura institucional que se implementa, por ejemplo para las empresas privadas. Además de las limitadas potencialidades que se han desarrollado en torno a la economía solidaria, el centralismo de los recursos, una cultura empresarial poco desarrollada en los grupos sociales, limitan el panorama de la economía social.[25]

En el ámbito del legislativo, hay un debate que promueve una política de Estado a favor de las cooperativas, para ello, legisladores, académicos y especialistas proponen la reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular; la aprobación en el Senado de la Ley General de Sociedades Cooperativas; la reforma al artículo 73 Constitucional para facultar al Congreso a legislar en materia cooperativa, y reglamentar el artículo 25 constitucional que complemente e integre el marco jurídico para el desarrollo del movimiento cooperativo.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Antecedentes", en Fomento Cooperativo [Actualización: 23 de marzo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/