Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 (PND) establece que la misión del Poder Ejecutivo federal es “conducir responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso de transición del país hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado de derecho”.[1] En este marco, el Plan señala que en materia de política interior el Ejecutivo Federal habrá de
Crear las condiciones políticas económicas y sociales que promuevan los procesos de desarrollo nacional; establecer una nueva cultura de gobierno basada en el humanismo, la equidad, el cambio, el desarrollo incluyente, la sustentabilidad, la competitividad, el desarrollo regional, el Estado de derecho, la gobernabilidad democrática, el federalismo, la transparencia y la rendición de cuentas; consolidar la transición a una democracia plena; garantizar la vigencia del Estado de derecho y sentar las bases irreversibles de un nuevo modo de comportamiento y cultura política basado en una ética pública.[2]
Esta sección de la ficha técnica sobre la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), tiene el objetivo de brindar un panorama general sobre algunas de las instituciones de gobierno que participan en las tareas de gobernación o política interior, así como sobre los principales proyectos y programas de política pública del gobierno en esta materia. Al igual que en secciones anteriores de la ficha, la descripción de instituciones y programas se centrará en tres aspectos de la competencia de la Secretaría de Gobernación: la cultura y la gobernabilidad democrática, la seguridad nacional y la protección civil. Se excluyen los temas de federalismo y de participación ciudadana -en su sentido más amplio-, de derechos humanos y de asuntos migratorios porque, aún cuando forman parte de los asuntos asignados a la Secretaría de Gobernación, son temas que competen a otras comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pueden consultarse en las fichas técnicas de las comisiones correspondientes, elaboradas por el CESOP.[3]
Instituciones, programas y proyectos en materia de política interior
La mayoría de las tareas de política y gobierno interior son competencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pero existe una variedad de programas en distintas secretarías y organismos del gobierno que buscan cumplir con uno o varios de los objetivos arriba enunciados, en particular los relativos a la creación de una cultura política democrática y de participación ciudadana, de protección civil y de seguridad nacional.
La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo las acciones en materia de seguridad nacional –definida como la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano-; la gobernabilidad democrática; la reforma del Estado; el fortalecimiento de las instituciones de gobierno; el federalismo; la participación ciudadana; la ampliación del ejercicio y el respeto de los derechos y libertades ciudadanas; el impulso de la cultura política democrática; la libertad de información y de cultos; el control migratorio; la protección civil; los derechos humanos; y el fortalecimiento del sistema de partidos.[4]
Para cumplir con estos fines, en la actualidad la Secretaría de Gobernación cuenta con dos organismos públicos descentralizados sectorizados, la Agencia Mexicana de Noticias (NOTIMEX) y los Talleres Gráficos de la Nación; 1 organismo administrativo desconcentrado, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); y 7 unidades administrativas con funciones sustantivas: la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Enlace Legislativo, la Unidad para el Desarrollo Político, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la Subsecretaría de Normatividad de Medios y la Coordinación General de Protección Civil.
Cultura democrática y educación cívica
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que uno de los ejes rectores de la política interior del gobierno mexicano es contribuir a que las relaciones políticas tengan como marco la gobernabilidad democrática.[5] En ese sentido, el gobierno del Presidente Vicente Fox definió como líneas estratégicas de trabajo la difusión de una cultura democrática y la promoción de las condiciones favorables para la participación ciudadana, “que tenga como origen y destino al ciudadano”.[6]
Uno de los principales insumos para la definición del programa de trabajo de la Secretaría de Gobernación en materia de cultura democrática y educación cívica fue la elaboración, en 2001, de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), en la cual participó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con el objetivo de ofrecer un diagnóstico sistemático de las características de la cultura política en México, así como de las prácticas de participación en asuntos de interés público. Dos años más tarde, la Secretaría de Gobernación impulsó un segundo estudio, conocido como ENCUP 2003.
Las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas se organizaron a partir de 10 temas de estudio: política y asuntos públicos; nivel de información y conocimiento sobre la política; interés en la política; confianza en las instituciones políticas y sociales; percepción sobre la democracia legalidad, tolerancia, libertad, pluralismo, diálogo y acuerdo; actitudes, inclinaciones y predisposiciones políticas; niveles de acción política; prácticas, habilidades y hábitos políticos; participación en organizaciones civiles y sociales; y participación electoral.
Con base en esta información en enero de 2002 la Secretaría de Gobernación arrancó el Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática (PEFCD), en el cual participan las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de la Función Pública y de Educación Pública, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Nacional de las Mujeres. El PEFCD parte de la idea de que la gobernabilidad democrática requiere, entre otras cosas, “que en los actores políticos y en la propia ciudadanía prevalezcan valoraciones, percepciones, actitudes, hábitos, destrezas y conocimientos que sean funcionales para la convivencia democrática”.[7] En ese sentido, el programa establece dos líneas estratégicas de trabajo: difundir la cultura política democrática y fomentar las condiciones que impulsen la participación ciudadana.
El objetivo del Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática es:
Fomentar la presencia de actitudes, comportamientos, creencias, destrezas, juicios, valoraciones, concepciones, inclinaciones, hábitos y normas propios de la cultura política democrática entre los actores políticos, la ciudadanía y la población en general.[8]
En particular, se busca crear una cultura en la cual los ciudadanos se inclinen por el sistema democrático de gobierno; estén informados políticamente, tengan disposición para construir acuerdos y consensos; se hagan corresponsables en asuntos que provienen del Estado y de las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad civil; fortalezcan los lazos de colaboración para conseguir metas conjuntas; muestren mayor interés por participar en deliberaciones y políticas públicas; participen en las acciones de las instituciones de gobierno; fortalezcan su influencia en los resultados de las elecciones; orienten sus acciones a través de los valores democráticos y utilicen los canales institucionales y legales para promover sus intereses y resolver conflictos.[9]
En el marco de este programa, las dependencias del gobierno federal y diversos organismos autónomos llevan a cabo políticas y programas educativos y de difusión de valores cívicos. Por ejemplo, en 2003 la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria (PIECyE), en el que participan la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE). Este programa, que se ha extendido a las entidades federativas de manera gradual[10], tiene el objetivo de ofrecer educación cívica y ética para los estudiantes, con el fin de “tornar más democrático el ambiente escolar y fortalecer los vínculos de la escuela con su comunidad inmediata, e involucrar a los padres y madres en este proceso de formación”.[11] El PIECyE se basa en cuatro ejes temáticos: educación ambiental, educación para la paz y los derechos humanos, educación intercultural y perspectiva de género. Los temas prioritarios son la educación con fundamentos éticos y cívicos y la gestión escolar democrática, con el fin de que los estudiantes desarrollen una serie de competencias que les permitan definir su proyecto de vida personal, se conduzcan en el marco de valores universales que adopten de manera conciente, desarrollen su potencial, sean miembros activos de la sociedad y fortalezcan su compromiso con la defensa de la vida democrática y el respeto a los derechos humanos.[12]
En el nivel de educación secundaria, la Secretaría de Educación Pública imparte los “Talleres Generales de Actualización en materia de Formación Cívica y Ética”, con el fin de capacitar a los profesores. Además, la SEP ha incluido las materias “Ética y Valores I y II” en los planes de estudio para el bachillerato, con el propósito de promover la cultura democrática entre los jóvenes, así como ayudarles a desarrollar habilidades para analizar información, reflexionar, dialogar y argumentar de manera racional.
Otro programa prioritario en la agenda de trabajo de la Secretaría de Educación Pública en materia de cultura cívica es el Programa de Formación Ciudadana Hacia una Cultura de la Legalidad, que, también de manera gradual, se implementa en las escuelas secundarias del país. Se trata de una iniciativa que inició en 1998 con un proyecto de colaboración entre el estado de Baja California y la ciudad de San Diego, California, con el fin de revertir el proceso de descomposición social en la zona fronteriza de ambos países, pero que poco a poco se ha ido extendiendo a otros estados de la República a través de la SEP.[13] En 2006, de acuerdo con la secretaría, el programa se impartirá en 20 entidades federativas del país.
El Programa de Formación Ciudadana Hacia una Cultura de la Legalidad tiene como fin “proporcionar a los estudiantes elementos que favorezcan la construcción de conocimientos, la adquisición de habilidades y el desarrollo de actitudes que propicien su participación voluntaria en la promoción de una cultura de la legalidad”.[14] Los objetivos específicos de este programa incluyen la educación sobre el significado y la importancia del respeto a la legalidad y la reflexión en torno a los efectos de la delincuencia en la convivencia y en la democracia, a través de la enseñanza de cuatro áreas temáticas: “Cultura de la Legalidad”, “El Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad”, “El Crimen y la Corrupción: Enemigos de la Cultura de la Legalidad” y “Promoviendo una Cultura de la Legalidad”. Finalmente, cabe mencionar el Programa de Educación en Derechos Humanos, presentado por la Secretaría de Educación Pública en abril de 2005. Este programa se implementará en los niveles básico, medio y superior.
El Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) también cuenta varios programas destinados a impulsar la participación ciudadana y la cultura democrática, entre ellos las “Plazas Comunitarias” -espacios para la formación y vinculación de las comunidades- y los cursos Protegernos: tarea de todos, La educación ciudadana en tiempos de transición democrática, Educación permanente para la paz, Derechos humanos y equidad de género y México multicultural: la riqueza de sus aportes para la educación intercultural, entre otros. Con el mismo objetivo, la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con el IFE e INEA, imparte el programa “Nuestros valores para la democracia” entre los miembros del servicio militar.
En el Instituto Federal Electoral, el eje de los esfuerzos para promover la cultura política democrática y la participación ciudadana es el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 (PEEC). Este programa parte de la idea de que la consolidación de la democracia requiere cambios en la cultura política de los mexicanos, a partir de un proceso de educación cívica que fortalezca la capacidad para elegir a sus representantes. El Programa se basa en un diagnóstico sobre la cultura política y propone una serie de técnicas pedagógicas que pueden impulsar su transformación. El PEEC tiene 5 objetivos sustantivos: socializar los límites y alcances de la democracia; generar conciencia, confianza y participación ciudadana; contribuir al fortalecimiento de la integración social y a la democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad; llevar a cabo investigación aplicada sobre cultura política y calidad de ciudadanía; y consolidar al IFE como una institución formadora de ciudadanía.
El Programa Estratégico de Educación Cívica define diez líneas de trabajo, así como los destinatarios primordiales de cada una de ellas. Para coordinar sus acciones en materia de capacitación electoral y educación cívica con otras dependencias, el Instituto Federal Electoral cuenta con un convenio de colaboración con instituciones tales como las secretarías de gobierno, los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales, los gobiernos estatales y municipales y las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. Finalmente, el IFE cuenta con una amplia lista de proyectos, manuales y publicaciones sobre educación cívica, entre ellos el Manual del Observador Electoral, la línea telefónica “nosotros te oímos”, dedicada a los niños, y el programa radiofónico Voces de la Democracia.
Las iniciativas y programas de trabajo del gobierno federal en materia de cultura cívica también incluyen el tema del combate a la corrupción. El gobierno federal cuenta con una Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, (CITCC), presidida por el Secretario de la Función Pública, integrada por los titulares de las dependencias de la administración pública federal, el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el Procurador General de la República, los titulares de las unidades adscritas a la presidencia de la República, los titulares de las empresas paraestatales, autoridades estatales y municipales y representantes de la sociedad civil.[15] Entre sus objetivos, la Comisión busca “crear una cultura del servicio público sustentada en valores y principios éticos”.
El programa rector en esta materia es el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. En este marco, las dependencias del gobierno federal han elaborado sus programas operativos; entre ellos, el Programa Estratégico para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, de la Secretaría de Gobernación, el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, de Petróleos Mexicanos, y el Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, de la Secretaría de Educación Pública.
En materia de cultura política y educación cívica cabe también destacar el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, celebrado por primera vez en 2002-2003, a iniciativa del Congreso de la Unión y con la colaboración de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En 2006 se celebrará el Cuarto Parlamento, con niños de 10 a 12 años de edad, con el objetivo de ofrecer un foro para que la infancia opine, delibere, analice y discuta los temas de su interés.[16]
Finalmente, diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, han elaborado y distribuido una amplia variedad de materiales impresos para promover los valores de la democracia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Muchos de estos materiales se encuentran a disposición de los lectores en las páginas electrónicas de dichas instituciones. Asimismo, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral difunden cursos e iniciativas de formación cívica a través de la radio y la televisión; uno de ellos es la serie de programas producidos por la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico de SEGOB, denominada “Cultura Política y Prácticas Ciudadanas”, transmitida por el Canal del Congreso.
Seguridad nacional
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 indica que la seguridad nacional tiene por objetivo “velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones”.[17]
A lo largo del sexenio del presidente Fox, se pueden distinguir al menos tres reformas, institucionales o legislativas, en materia de de seguridad nacional. Durante los primeros días de su administración, el Presidente decidió la creación de la Comisión de Orden y Respeto, que, de acuerdo con el PND, tenía entre sus funciones la defensa de la soberanía, integridad e independencia nacionales; la seguridad nacional -entendida, entre otras cosas, como promoción y protección del interés público-; la rendición de cuentas y el acceso a la información; la reforma a los sistemas de seguridad pública y el acceso a la justicia, y la eficacia y honestidad de los servidores públicos.
En 2001, el Acuerdo por el que se establece que habrá un Consejero Presidencial de Seguridad Nacional cesó las funciones del Gabinete de Seguridad Nacional, creado en 1997, y señaló que el Presidente de la República contaría con un consejero encargado de asesorar y dar apoyo técnico en la “planeación, evaluación y seguimiento de políticas y estrategias de seguridad nacional”, designado y removido por el propio presidente. El artículo 5º del Acuerdo estableció que los titulares de las dependencias adscritas a las unidades de inteligencia debían remitir al Consejero la información de inteligencia que generaran, el cual se encargaría de recopilar, alimentar y resguardar un banco de datos en la materia.
Dos años después, en 2003, el Acuerdo por el que se crea el Gabinete de Seguridad Nacional desapareció la figura del Consejero de Seguridad Nacional y reestableció al Gabinete de Seguridad Nacional; al cual asignó las tareas de “análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones de la Administración Pública Federal en materia de seguridad nacional”. El Gabinete se conforma por los titulares de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, encabezados por el presidente de la República.[18] Además, el Acuerdo definió algunos de los mecanismos para la investigación y coordinación de asuntos en materia de seguridad nacional.
La seguridad nacional del Estado mexicano y los mecanismos de cooperación interinstitucional se establecieron de manera más sistemática con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. Esta ley señala que por seguridad nacional el Estado entiende:
Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional y la preservación de la democracia.[19]
Esta ley también define los principios que deben guiar la seguridad nacional, los actos que la amenazan y las instancias encargadas de salvaguardarla; los integrantes y funciones del Consejo de Seguridad Nacional, así como los mecanismos de coordinación entre las instancias del Consejo; el significado y alcance de las actividades de inteligencia, el acceso a la información en materia de seguridad nacional, los mecanismos de control de la inteligencia por parte del Poder Legislativo y las atribuciones del Centro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), entre otros aspectos.
El CISEN es la institución fundamental de la inteligencia del Estado mexicano. Es un organismo administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y operativa, adscrito a la Secretaría de Gobernación, con la misión de “desarrollar y operar un sistema de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa para la toma decisiones”.[20] La Ley de Seguridad Nacional establece que, entre sus atribuciones, el CISEN tiene a su cargo no sólo la operación de actividades de inteligencia, sino el análisis de la información recabada, así como preparar estudios económicos, sociales y políticos relativos a la seguridad nacional, elaborar una Agenda Nacional de Riesgos y establecer mecanismos de colaboración con instituciones nacionales e internacionales para identificar posibles riesgos y auxiliar a las instancias integrantes del Consejo de Seguridad Nacional. Además, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, norma la naturaleza jurídica y funciones del CISEN en sus artículos 38 a 42.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional tiene, como parte de su agenda de trabajo, la inteligencia en materia de grupos armados, delincuencia organizada, seguridad pública, terrorismo, movimientos sociales y el entorno internacional. De acuerdo con la propia institución, las políticas que guían su labor son integralidad, dinamismo, legalidad, legitimidad y supremacía del Estado, participación democrática y selectividad. Sin embargo, dada la naturaleza de sus funciones, el Centro no está obligado a rendir informes públicos sobre sus actividades o sobre los estudios que realiza.[21]
En materia de seguridad nacional, vale la pena mencionar a la Policía Cibernética y DC México, que tienen por objetivo “garantizar la seguridad y la capacidad reactiva conjunta para combatir ilícitos provocados por la acción humana en la red Internet mediante el uso de sistemas de cómputo”.[22] El grupo DC México, cuya secretaría técnica es la Policía Federal Preventiva, se integra con las entidades del Gabinete de Seguridad Nacional, el Poder Legislativo federal, los gobiernos de algunas entidades federativas –Distrito Federal, Jalisco, Baja California y Coahuila, diversas universidades, empresas privadas dedicadas a la seguridad, organizaciones civiles y proveedores de servicios de Internet.
Protección Civil
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 señala que la estrategia central del gobierno en materia de protección civil es transformar el sistema de uno reactivo a uno preventivo, a través de la corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal-, así como de los sectores público y privado y de los ciudadanos en general. El principal instrumento para conseguir este fin es el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuya coordinación ejecutiva compete a la Secretaría de Gobernación. Las funciones de la coordinación son las siguientes: “integrar, coordinar y supervisar la planeación, prevención y recuperación de la población y de su entorno en casos de desastre, proponer políticas para el desarrollo de programas de protección, crear las instancias, instrumentos y procedimientos técnicos y operativos para prevenir y atender casos de desastre; investigar y evaluar riesgos y daños; instrumentar redes de detección, monitoreo y medición de riesgos, suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito nacional y con las entidades de la federación y someter a consideración del Presidente los programas sectoriales en materia de protección civil”.[23]
El Consejo Nacional de Protección Civil se integra por la Presidencia de la República, las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Energía, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de la Función Pública, de Educación Pública, de la Defensa Nacional, de Comunicaciones y Transportes, de Marina, de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social.
Los programas y políticas en materia de protección civil en México pueden clasificarse en 2: de prevención de riesgos y de atención a la población en casos de desastre. El instrumento rector de la política de prevención es el Programa Especial de Prevención y Mitigación de Desastres 2001-2006, el cual se compone de 60 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, difusión y capacitación, en el que participan más de 100 instituciones públicas y privadas.[24] Sus objetivos son mejorar el conocimiento sobre las amenazas y riesgos por desastres, reducir la vulnerabilidad física de la población, apoyar la investigación aplicada para mitigar riesgos, fortalecer una cultura de autoprotección, elevar la eficacia del SINAPROC y ofrecer atención prioritaria para los grupos más vulnerables en casos de desastre.[25] Las reglas de operación del Fono Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) establecen los requisitos y criterios para la asignación de recursos del fondo a proyectos de identificación y mitigación de riesgos en las entidades federativas.
Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) tiene como misión “estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, promover la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar la difusión de medidas de preparación y autoprotección a la población ante la contingencia de un desastre”.[26] El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece que el Centro tiene facultades para investigar fenómenos que puedan provocar desastres, capacitar a los técnicos en materia de prevención y protección civil, coordinarse con organismos e instituciones internacionales afines, publicar los resultados de sus investigaciones, asesorar a los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, instrumentar y operar redes de detección, monitoreo y prevención de desastres, apoyar a los consejos de protección civil de las entidades federativas y promover programas de colaboración con otras instituciones.
En materia de asistencia federal a la población en casos de contingencia, el principal instrumento económico es el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Se trata de un fondo que apoya a los estados y a las dependencias del gobierno federal tanto en sus tareas de asistencia inmediata como en las de reconstrucción cuando los desastres naturales superan su capacidad de respuesta. La cobertura de este fondo es nacional y contempla apoyos, previa emisión de una Declaratoria de Desastre Natural, para atender los efectos de los siguientes fenómenos: geológicos -sismos, erupciones volcánicas, aludes, deslaves, maremotos-, hidrometeorológicos -sequías atípicas e impredecibles, ciclones, lluvias torrenciales, nevadas y granizadas, inundaciones atípicas y tornados- e incendios forestales.
El FONDEN se compone de dos instrumentos: el Programa FONDEN y el Fideicomiso FONDEN. El primero se financia con los recursos aprobados en el ramo general 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y se ejerce con base en las Reglas de Operación del FONDEN (ROF). El segundo se compone de los recursos del fondo que no se hayan ejercido al concluir cada año fiscal; los ahorros de las dependencias federales que hayan contado con recursos para atender desastres naturales; los recursos federales asignados a los fideicomisos mixtos estatales; las recuperaciones obtenidas de compañías aseguradoras de infraestructura pública; y los rendimientos que genere la inversión de recursos en este rubro.
El Plan Militar de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, conocido como Plan DN-III, y el Plan General de Auxilio a la Población, o Plan Marina, son los instrumentos de las fuerzas armadas para la asistencia a la población en situaciones de emergencia. Ambos programas contemplan la búsqueda, salvamento y reubicación de la población afectada; creación de albergues temporales y servicio de alimentación y salud para los damnificados; así como la coordinación con las autoridades civiles para garantizar la seguridad y la asistencia en la reconstrucción de infraestructura de comunicaciones y servicios.
Otras iniciativas en materia de protección civil son el Programa de Infraestructura en Protección contra Inundaciones, el Programa de Protección de Áreas Productivas, el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, el Plan de Emergencia Radiológica Externo, el Programa de Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural y el Programa Nacional de Protección de Bienes Muebles Históricos. Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil cuenta con una Red Nacional de Brigadistas Comunitarios de Protección Civil.
La Secretaría de Gobernación cuenta varios formatos genéricos para que los gobernadores de las entidades federativas soliciten declaratorias de desastre natural y de emergencia, instalen comisiones de evaluación de daños y soliciten la corroboración en casos de desastre natural. Asimismo, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las distintos niveles de gobierno encargados de la protección civil, la Secretaría elaboró un “reglamento tipo” de protección civil para los municipios.
Vínculos de consulta:
o Subsecretaría de Gobierno
§ Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales
§ Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas
o Subsecretaría de Enlace Legislativo
§ Unidad de Enlace Legislativo
§ Dirección General de Estudios Legislativos
§ Dirección General de Información Legislativa
o Subsecretaría de Normatividad de Medios
§ Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
§ Dirección General de Medios Impresos
§ Dirección General de Normatividad de Comunicación
§ Agencia Mexicana de Noticias NOTIMEX
o Oficialía Mayor
§ Dirección General de Programación y Presupuesto
§ Dirección General de Recursos Humanos
§ Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
Sistema Nacional de Protección Civil
§ Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
§ Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED):
§ Apoyo del Gobierno del Japón
§ Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil
§ Directorio de responsables en las entidades federativas
Consejo Nacional de Población (CONAPO)
Instituto Federal Electoral (IFE)
Legislación Electoral
o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
o Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
o Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Reglamentos del Instituto Federal Electoral
o Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral
o Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral
o Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 1
o Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral 1
o Reglamento para la Producción, Mantenimiento, Gestión y Uso de Servicios y Bienes Informáticos
o Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
Partidos políticos
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www.pvem.org.mx
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Alianza
Socialdemócrata y Campesina
· Estatutos
· Modificaciones a los Estatutos
Orientaciones estratégicas del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010
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Objetivo 1: Socializar los límites y alcances de la democracia |
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Línea 1. Preparar a niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía |
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Orientaciones estratégicas: -Incidir en los programas curriculares de educación básica, media y superior para que el desarrollo de competencias cívicas se convierta en un eje que efectivamente atraviese la formación de niños y jóvenes -Incidir en la democratización de los ambientes escolares -Generar procesos de reflexión, análisis y puesta en práctica de propuestas de solución a temas o problemáticas cercanas a niños y jóvenes -Analizar información y conceptos básicos de política que permitan que niños y jóvenes reconozcan las diferencias y los vínculos entre lo público y lo privado, así como los derechos humanos, sus características y los procesos que se han dado para su reconocimiento -Familiarizar a los niños y jóvenes con la gestión pública, propiciando el diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno, para la búsqueda de soluciones a problemáticas que les afecten. -Ampliar la aplicación y evaluación del proyecto Educar para la Democracia, a fin de asegurarse del impacto del modelo educativo para el desarrollo de competencias cívicas entre estudiantes de educación básica -Diseñar un modelo de educación cívica para estudiantes de nivel medio y superior que puede ser incorporado a las diversas modalidades de este nivel educativo -Realizar ejercicios de participación cívica que permitan a niños y jóvenes poner en práctica valores y actitudes propias de una cultura democrática, como procesos de aprendizaje que vinculen el ser, el conocer, el hacer y el convivir de la democracia |
Destinatarios y públicos prioritarios Niños, adolescentes y jóvenes de recién cumplieron los 18 años de edad. De manera prioritaria, quienes: - Cursan la educación básica y asisten a planteles que participan en programas ya estructurados, dado que se buscaría lograr un efecto de sinergia, al sumar los recursos que puede aportar el IFE a los que ya canalizan las autoridades educativas hacia esas escuelas - Están próximos a cumplir 18 años o que recién los cumplieron, buscando establecer convenios con las instituciones que trabajan permanentemente con población en este rango de edad. |
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Línea 2: Promover el debate público acerca de la democracia y la ciudadanía |
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Orientaciones estratégicas: -Promover que los espacios académicos con los que se establezca la alianza estratégica para cumplir con esta línea de acción sean aquellos que mayor calificación tengan para crear y desarrollar el conocimiento que un debate público informado necesita y que este programa busca promover -Diseñar una estrategia de comunicación específica para procurar que los medios de comunicación acompañen y difundan el proceso -Garantizar la socialización del proceso a través de la creación de espacios públicos de reflexión y debate |
Destinatarios y públicos prioritarios - Universidades - Centros de investigación - Grupos de reflexión sobre la educación cívica - Medios de comunicación. |
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Objetivo II: Generar conciencia, confianza y participación ciudadana |
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Línea 3: Impulsar la cultura democrática y los derechos de ciudadanía |
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Orientaciones estratégicas: -Para la aplicación de esta línea estratégica deberán tomarse en cuenta las zonas, regiones y comunidades de más alta complejidad por motivos de desigualdades sociales -Una orientación pedagógica adecuada a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad será indispensable para que quienes padecen de discriminación tomen conciencia de que es a partir de su calidad ciudadana que pueden exigir que sus derechos sean respetados y garantizados -La presencia de calidades ciudadanas diferenciadas en buena medida tiene un origen cultural. De ahí que esta línea programática responderá a una suerte de re-educación que promueva la transformación de conductas y prácticas de la sociedad mexicana -Para promover esta línea de acción programática se considera a la política institucional de medios de comunicación del IFE como conducto prioritario |
Destinatarios y públicos prioritarios: En particular aquellos ciudadanos que por cualquier razón social, política, religiosa, económica o cultural se encuentran en condición de vulnerabilidad para ejercer sus derechos cívicos, políticos o sociales. |
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Línea 4: Educar para la participación en la vida pública y el ejercicio de la ciudadanía |
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Orientaciones estratégicas: -Diseñar un modelo de educación ciudadana para adultos que pueda ser adaptado a diversos contextos y problemáticas -Promover una concepción de ciudadanía centrada en el reconocimiento y la capacidad de los sujetos para ejercer y exigir sus derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) -Fomentar una concepción amplia de la democracia que ubique el derecho a elegir (voto) como uno de los instrumentos clave para su funcionamiento, pero no único para lograr una democracia de calidad -Revalorizar al vito como un instrumento fundamental de los ciudadanos para intervenir en los asuntos de gobierno y como el ejercicio de su capacidad de elegir de manera libre, informada y razonada - Propiciar la reflexión, el análisis y la práctica en temas o problemáticas cercanas e importantes para los grupos a los que se dirige la acción educativa
-Proveer y analizar la información necesaria para la participación en la vida pública (mecanismos y formas de participación ciudadana en los distintos niveles de gobierno, responsabilidades de las autoridades en materia de transparencia y rendición de cuentas) -Incentivar y apoyar el diseño, ejecución y evaluación de propuestas de acciones educativas de las juntas locales y distritales del IFE para atender a los grupos prioritarios de las diversas localidades que conforman al país |
Destinatarios y públicos prioritarios: Mujeres y hombres mayores de 18 años de edad (ciudadanos en ejercicio). De manera prioritaria, quienes: - enfrentan mayores dificultades para ejercer de manera plena sus derechos, como es el caso de - las mujeres y los indígenas, así como quienes tienen menores niveles de ingreso y educación - por su condición laboral, económica o social se encuentran en riesgo de coacción - residen en distritos uninominales que presentan mayor grado de complejidad electoral y niveles altos de abstencionismo - residen en el extranjero. |
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Objetivo III. Contribuir al fortalecimiento de la integración social y a la democratización de las relaciones entre el estado y la sociedad |
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Línea 5. Fortalecer el tejido social |
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Orientaciones estratégicas: -Identificar a organizaciones de la sociedad civil que desarrollan tareas afines a la política de educación cívica del IFE en localidades y estados -Alentar y sistematizar las propuestas cívico-educativas desarrolladas por agrupaciones políticas nacionales -Fortalecer la relación con medios de comunicación social de carácter público, en particular de presencia local -Promover espacios de encuentro para poner en común las iniciativas que se están desarrollando en materia de ecuación cívica -Proponer con diversas instituciones y organizaciones nacionales y locales el diseño de una política de colaboración para desarrollar acciones conjuntas de educación cívica que permitan atender las necesidades de formación en las diversas regiones del país -Crear espacios de apoyo y comunicación permanente que promuevan aprendizajes organizacionales en torno a la educación cívica -Propiciar el debate en torno al papel que juegan los medios de comunicación en los procesos de construcción de ciudadanías democráticas -Contribuir a la generación de redes de organizaciones ciudadanas que tengan entre sus funciones principales la educación cívica y la promoción de la cultura democrática |
Destinatarios y públicos prioritarios: - Agrupaciones Políticas Nacionales. - Medios de comunicación. - Organizaciones civiles y sociales que promueven la defensa de los derechos ciudadanos, particularmente aquellas que desarrollan proyectos afines al programa estratégico de educación cívica del IFE. |
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Línea 6. Promover mecanismos que favorezcan la relación entre el estado y la sociedad |
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Orientaciones estratégicas: -Promover que las instituciones del Estado mexicano desarrollen políticas y prácticas concretas que favorezcan la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos -Generar procesos que coadyuven a fortalecer la capacidad cívico-educativa de las instituciones involucradas en el desempeño democrático.
-Sensibilizar a actores políticos y gubernamentales sobre el impacto que en términos de construcción de ciudadanías generan sus actuaciones. -Sensibilizar a actores políticos y gubernamentales sobre la importancia de la formación ciudadana para fortalecer la gobernabilidad democrática. -Promover el aprendizaje organizacional para que las instituciones lleven a cabo su cometido democrático con mayores niveles de eficacia. |
Destinatarios y públicos y prioritarios: - Instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). De manera prioritaria, se sugiere trabajar con las instituciones que por mandato legal tiene la encomienda de promover la participación ciudadana en la vida pública, así como aquellas que desarrollan programas específicos de formación ciudadana y cultura democrática congruentes con los fines de la política educativa del IFE. |
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Objetivo IV. Llevar a cabo investigación aplicada sobre cultura política y calidad de ciudadanía |
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Línea 7. Generar investigación sobre el estado que guarda la ciudadanía y sobre las percepciones de la calidad de la democracia |
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Orientaciones estratégicas: -Las investigaciones del IFE deberán hacer confluir metodologías cualitativas y cuantitativas -También deberán ofrecer un nivel amplio de profundidad sobre el nivel de competencias cívicas de la población; así como la relación que el ciudadano establece con cada uno de los diferentes ámbitos sociales (organizaciones vecinales, de padres de familia sindicales), económicos (empresas, redes comerciales, espacios de consumo) y políticos (partidos, organizaciones, grupos de presión) con los que interactúa. -En sentido coincidente con los ejes rectores, la investigación que sobre este tema se realice deberá ofrecer en el contexto nacional, perspectivas regionales que le permitan al IFE distinguir los fenómenos que se expresan de manera diferenciada en cada parte del territorio mexicano. -Definir un plan institucional de estudios e investigaciones que cohesiones y dote de una dirección compartida a los esfuerzos realizados en la materia por las diversas áreas de la institución. -Establecer líneas de investigación, proyectos específicos, mecanismos de colaboración interinstitucional y procedimientos para la adopción de resultados en los programas y materiales de educación cívica institucionales. |
Destinatarios públicos y prioritarios: - Todos aquellos centros de investigación, medios de comunicación, autoridades públicas, partidos políticos y organizaciones civiles y sociales que estén interesados en contar con información, investigación y análisis sobre el estado que guardan la democracia y el estado de derecho, así como la construcción de ciudadanías democráticas en México. |
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Línea 8. Investigar sistemas, prácticas y procesos de formación cívica |
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Orientaciones estratégicas: -Realizar un proceso amplio, integral y participativo, que permita actualizar el estado de conocimiento e indagar mas sobre las distintas realidades y prioridades de educación cívica de las regiones del país -Identificar programas y mecanismos de participación y acceso a la información en los diversos niveles de gobierno a fin de profundizar en le conocimiento de las nuevas políticas y prácticas que el estado mexicano promueve para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de ciudadanía -Sistematizar experiencias educativas propias y ajenas de formación cívica, como base de conocimiento indispensable para atender nuevas situaciones y reforzar las actuales -Difundir los resultados de investigación con un triple propósito: 1) promover un mayor conocimiento aplicable en la materia; 2) sensibilizar a diversos actores y a la ciudadanía en general respecto de la importancia e impacto de a educación cívica para el fortalecimiento de la democracia; y 3) aportar elementos para la definición de estrategias de educación cívica -Las investigaciones y los estudios empíricos responderán siempre a las necesidades institucionales que se detecten en el proceso de aplicación y evaluación de los programas de educación cívica -Se creará una base de datos que sistematice experiencias exitosas de educación cívica y construcción de ciudadanía e México y otras partes del mundo |
Destinatarios públicos y prioritarios: - Áreas del IFE que intervienen en labores de educación cívica - Instituciones y organismos interesados en la educación cívica - Centro de investigación e instituciones académicas - Medios de comunicación |
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Objetivo IV. Consolidar al IFE como una institución formadora de ciudadanía |
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Línea 9. Instrumentar políticas internas para fortalecer la capacidad cívico-educativa del IFE |
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Orientaciones estratégicas: -Realizar una profunda revisión del quehacer institucional para reforzar la relación que el IFE establece con la ciudadanía a través de sus diferentes áreas sustantivas y de apoyo -Diseñar políticas y prácticas concretas en los distintos ámbitos de responsabilidad del IFE, que favorezcan la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos -Reforzar el sentido educativo de la capacitación electoral para la integración de mesas directivas de casilla -Garantizar que as campañas mediáticas y demás recursos de difusión del IFE atiendan la política de educación cívica Fortalecer las dinámicas institucionales del IFE, bajo el reconocimiento y trato de pares y la práctica de construir juntos espacios democráticos -Favorecer una mayor profesionalización de los funcionarios de los órganos desconcentrados y de oficinas centrales, responsables de diseñar e implementar las tareas de educación cívica -Diseñar e instrumentar con las áreas correspondientes un programa de desarrollo de competencias cívicas para los funcionarios del IFE -Diseñar una estrategia institucional de implementación del PEC a corto, mediano y largo plazo, que considere los recursos humanos y financieros con los que cuenta el IFE a nivel nacional -Fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral a través de programas de formación y sistemas de incentivos que profesionalicen a los miembros en su tarea como educadores cívicos -Incorporar en los programas de evaluación de todos los funcionarios y órganos del SPE, indicadores que den cuenta de su desempeño en materia de educación cívica |
Destinatarios públicos y prioritarios: Funcionarios de todos los niveles y áreas del IFE. De manera prioritaria, aquellos quienes: - Estén adscritos a áreas en las que se tiene contacto directo con la ciudadanía o con los aliados estratégicos - Que se encuentren en vocalías locales y distritales que históricamente han presentado menor actividad de educación cívica - Que tienen a su cargo la instrumentación de la política de educación cívica |
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Línea 10. Instrumentar estrategias para fortalecer la imagen del IFE ante la sociedad mexicana |
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Orientaciones estratégicas: -Diseñar una estrategia que presente ante la sociedad mexicana la política de educación cívica del IFE para el periodo de 2005 a 2010 -Difundir y promover los proyectos y acciones que derivarán de la instrumentación del PEEC 2005-2010 entre diversos sectores de la sociedad -Rendir cuentas a la sociedad mexicana respecto de los resultados de la política cívica del IFE |
Destinatarios públicos y prioritarios: - Líderes de opinión - Medios de comunicación - Organizaciones civiles |
Fuente: IFE, Criterios de Colaboración y Coordinación Institucional en Materia de Educación Cívica y Divulgación de Cultura Democrática, IFE, México, junio de 2005, 6-13.
Anexo 2
Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional
Amenazas a la Seguridad nacional
“Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.