Asuntos Indígenas

        Citar como

Comisión Legislativa

La Comisión de Asuntos Indígenas se instaló el 22 de noviembre de 1991 durante la LIV Legislatura.[1] Anteriormente el tema de Asuntos Indígenas era tratado por la Comisión de Gobernación y, en otro período, por la de Puntos Constitucionales, aunque como indica el cuadro 1 en algunas legislaturas existió una Comisión de Asuntos Indígenas.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (LOC), las diferentes comisiones tienen obligación de presentar un programa anual de trabajo, rendir un informe semestral de actividades, archivar todos los asuntos que manejan, “dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos”, y organizar actividades en relación con la materia de su competencia.

La revisión del archivo sobre la Comisión de Asuntos Indígenas en la Biblioteca del Congreso de la Unión reveló que ninguna de las comisiones en la materia anteriores a la LIX Legislatura ha cubierto lo establecido en la LOC. Los documentos de la LIV Legislatura no aparecen en el mencionado archivo.

De manera que se hará un recorrido por los documentos hallados a partir de la LV Legislatura:

-    Documento de entrega. Tomo V: El informe presenta las actividades realizadas por la Comisión de Asuntos Indígenas hasta octubre de 1994. Durante la LV Legislatura se llevó a cabo una serie de 20 foros de consulta donde “se recogieron en forma directa las propuestas de 56 etnias mexicanas” sobre la reglamentación del artículo 4º constitucional que, de acuerdo con el propio documento, debían ser compatibles con el sistema jurídico nacional. Chiapas y el Distrito Federal fueron las entidades donde no se realizaron foros de consulta.[2]

En el mismo período se firmó el Proyecto Integral de Desarrollo Rural de las Comunidades Indígenas de la Sierra Tarahumara. Asimismo, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), se impulsó un “programa para la liberación de presos indígenas en Chihuahua, Veracruz y Chiapas”.[3] También se realizaron reuniones con los titulares de las dependencias públicas federales relacionadas con las políticas de los pueblos indígenas de México.[4]

Por otro lado, se organizó un seminario sobre La evolución de la legislación para los pueblos indígenas, “con el objeto de proporcionar una visión integral de la problemática indígena contemporánea, de la historia y evolución de los pueblos indígenas que se asientan en el país, disponer de los antecedentes históricos de la legislación que ha regido en las zonas indígenas y conocer las diferentes corrientes del indigenismo en México”.[5]

Entre las diferentes actividades de la Comisión, se efectuaron giras de trabajo por Ecuador, Brasil y Paraguay con el fin de “recabar las experiencias relacionadas con la formulación de iniciativas de ley sobre derechos indígenas”, teniendo en cuenta las legislaciones de dichos países, así como las posturas de organizaciones de la sociedad civil. Uno de los fines de estas visitas de trabajo fue contactar a los legisladores miembros del Parlamento Indígena de América.[6]

Durante la LV Legislatura se presentó un proyecto para reglamentar el primer párrafo del artículo 4º constitucional. Sobre este proyecto no se lograron acuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias: hubo “opiniones encontradas de organizaciones y grupos indígenas que por un lado están a favor de que se discuta y apruebe este proyecto de ley, mientras que por el otro lado gran número de estos grupos están a favor de que sea en la LVI Legislatura cuando se legisle y apruebe este proyecto”.[7]

Se mencionaron algunos asuntos urgentes y pendientes para la siguiente legislatura: la reglamentación del artículo 4º constitucional “en la que se respeten las formas de organización político-social, las tradiciones, la lengua, la religión y la autonomía de los pueblos indígenas, así como establecer la representación de los gobiernos tradicionales al otorgarles personalidad jurídica”.[8]

El Foro-Taller Presente y Futuro en la Tarahumara se llevó a cabo en Creel, Chihuahua, del 11 al 13 de diciembre de 1992 “debido a la complejidad y a la problemática que prevalece en las comunidades indígenas del estado de Chihuahua, y en el marco de las reformas a los artículos 27 y 4º constitucionales”.[9] El documento enuncia que el foro buscaba “promover el desarrollo de las comunidades para que sea posible su integración al ritmo del progreso nacional, y preservar la identidad indígena”.[10] Sin embargo, las propuestas de desarrollo que se plantearon en dicho foro desde el gobierno apunta a que el objetivo central era la extracción de los recursos forestales, la planeación de estrategias de comercio del consorcio industrial de Chihuahua, un Corredor Turístico Creel-La paz y la implementación de una política paternalista para la población y los programas que muestran claramente que los recursos eran destinados a incrementar la capacidad de consumo de la población y que no incidieron de manera directa en el desarrollo de la producción.

Dicho documento, publicado en 1994, expresa que “existen cuatro vertientes de desarrollo en la Sierra Tarahumara, algunos de los cuales se encuentran a nivel de proyecto y se agilizarán con la aplicación del nuevo marco legal que rige la actividad agraria y forestal”. En seguida, aparece una lista de ejes que se sintetizan de la siguiente manera: “extracción de madera”, a través de inversiones de Banrural; “recuperación de ‘Áreas Determinadas’ por medio de planeaciones comerciales del Consorcio de Industriales de Chihuahua”; proyecto ‘Corredor turístico Creel-La Paz, Baja California’” y “diversificación económica para zonas de pobreza extrema con recursos de PRONASOL, fomentado por el INI y la Coordinación Estatal de la Tarahumara”.[11]

Juan Luis Sariego realiza un análisis detallado del que destaca que “la situación todos estos proyectos [se refiere particularmente a los de PRONASOL] a mediados de 1994 revelaba serias dificultades: de algo más de 2 millones de pesos entregados en crédito sólo se habían podido reintegrar 164, lo que apunta indudablemente a problemas de operación”. Más adelante señala que “los proyectos se han orientado hacia un aspecto importante –el abasto de mercancías básicas, a precios bajos, en pequeñas tiendas de consumo- pero no han podido incidir en el núcleo central de la economía indígena, es decir, en el complejo agrícola-ganadero y recolector”.[12]

-   Otro resultado de la LV Legislatura fue la publicación del boletín Información indigenista, en octubre de 1992, aunque solamente existe un primer número en el archivo consultado.[13] El contenido del boletín incluye el plan de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas, diversos trabajos de gestión (varios en torno a la crisis del café y los conflictos en la zona de los Altos de Chiapas). Según este boletín, las prioridades de la comisión eran los asuntos de justicia en relación con indígenas detenidos y la evolución de los asuntos legales en materia agraria, entre otros.[14]

El 5 de septiembre de 1992 se realizó el Foro sobre Derechos Indígenas en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Este foro se llevó a cabo después de las reformas a los artículos 27 y 4º constitucional que fueron denunciadas por la población campesina e indígena como contrarreformas. De manera que los legisladores decidieron invitar a diferentes actores para que externaran su opinión. Se realizaron una serie de declaraciones a favor de la reglamentación del 4º constitucional para revertir los efectos de las reformas mencionadas.

El citado boletín señala que el 12 de octubre de 1992 se llevó a cabo un evento “por los 500 años de la Conquista de América” en la Cámara de Diputados, en el que se indicó la importancia de las reformas constitucionales en materia indígena cuyo fin era el de “rescatar a los indígenas de su miseria ancestral, ponerlos a salvo de cacicazgos y mecenas religiosos que atentan contra su cultura”.[15] Asimismo, se sostuvo que se puede concebir a este sector de la población como “sumidos en el abandono ante el inminente arribo del TLC”. En dicho evento, la Comisión de Asuntos Indígenas se propuso como “dirigente y guía para el desarrollo que tanto necesitan y reclaman los indígenas de nuestro país”.[16] Lo expuesto arriba fue denunciado abiertamente en las diferentes regiones del país (y de América) a través de las manifestaciones que se realizaron el mismo día y que volvieron públicas sus demandas (derechos territoriales y de identidad, autodeterminación y revertir la situación de exclusión, por citar solamente algunos ejemplos).

La Comisión de Asuntos Indígenas de la LV Legislatura puede considerarse muy activa en diferentes acciones de gestión, difusión y consulta a poblaciones indígenas; sin embargo, no debe perderse de vista que también se realizaron acciones no necesariamente compatibles con las demandas de los pueblos indígenas.

Una actividad más que se llevó a cabo durante la LV Legislatura fue el Parlamento Indígena de América, del 27 al 28 de febrero de 1997 en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México.

LVI Legislatura:

-    En el Plan de trabajo 1994-1997 los legisladores aseguraban que “el verdadero objetivo de la Comisión es la dignificación de los problemas indígenas de México con las propuestas legislativas discutidas y elaboradas... con la participación seria y responsable de sus integrantes”.[17] Es notable el cambio entre la LV Legislatura y la que ahora se analiza en el sentido de la intención de volver más plural el discurso sobre el trabajo legislativo. Los documentos anteriores, hallados en el archivo de la Biblioteca del Congreso, concentran la mayor parte de las opiniones en el Presidente de la Comisión y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las propuestas de la Comisión de Asuntos Indígenas en la LVI Legislatura fueron las siguientes:

o   realizar un diagnóstico legislativo teniendo en cuenta las diferentes formas que fue tomando la política y legislación en torno al tema indígena;

o   dar a conocer al Instituto Nacional Indigenista (INI), la Comisión Nacional de Justicia y el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas las conclusiones de las consultas que se levantaron en relación con las reformas del artículo 4º y el 27 constitucionales;

o   practicar talleres de trabajo y conferencias magistrales sobre temas afines;

o   llevar a cabo reuniones periódicas con comunidades, organizaciones y dirigentes indígenas para el diálogo;

o   visitar las zonas indígenas del país con el fin de verificar el pleno cumplimiento de los programas institucionales y la aplicación de la justicia;

o   intercambiar experiencias y acciones con organismos nacionales e internacionales;

o   promover acciones legales para el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

o   promover un régimen especial en materia agraria para la protección de las tierras de los pueblos indígenas;

o   liberar a los indígenas apresados de manera injustificada;

o   impulsar un órgano informativo de las actividades de la comisión (así como de distintas comunidades y organizaciones indígenas).[18]

-    Boletín informativo: esta publicación enuncia algunas de las actividades que llevó a cabo la Comisión de Asuntos Indígenas hasta 1996.[19] El primer número, que es aparentemente el único que se publicó, o al menos es el único que aparece en la Biblioteca del Congreso, está dedicado a los foros y encuentros que realizaron de manera conjunta las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Los principales objetivos de dichos foros eran “preservar y rescatar la cultura tradicional y las formas de organización comunitaria de los pueblos indígenas” y “analizar a profundidad los rezagos que en materia económica, política y social enfrentan los grupos étnicos”.[20] Los temas que se desarrollaron en los diferentes foros fueron: usos y costumbres en la organización jurídica y política de los pueblos y las comunidades indígenas; cultura indígena; participación y representación política de los pueblos indígenas; desarrollo y bienestar social; territorio y participación indígena.[21]

Las principales demandas enunciadas en dicho documento fueron las siguientes:

o   reglamentar el 4º constitucional a fin de profundizar en los derechos de autodeterminación para algunas materias políticas y administrativas, de preservación de sus culturas, de contar con un marco normativo acorde a sus usos y costumbres y acceder a los beneficios que elevan el nivel de vida, derecho a disponer de sus recursos naturales, respeto a las autoridades tradicionales;

o   que sean los profesionistas bilingües los promotores del desarrollo de las comunidades indígenas;

o   representación indígena en los poderes del Estado, Consejo Consultivo Indígena; Secretaría de Asuntos Indígenas;

o   fomento de medios indígenas;

o   derechos humanos: evitar que grupos militares intervengan con violencia y despojo dentro de las comunidades indígenas;

o   derecho a su propio sistema religioso, cultural y social, respeto a la medicina tradicional y defensa del patrimonio;

o   traductores en juicios;

o   infraestructura y servicios: seguridad social, educación bilingüe y bicultural,

o   reforma agraria: restitución de tierras, delimitación, posesión, sucesión de derechos, uso de las tierras comunales;

o   aplicación del Convenio 169 de la OIT;

o   regiones autónomas indígenas;

o   fomento de las artesanías.

-    Una publicación que realizó la Comisión de Asuntos Indígenas durante la LVI Legislatura fue Migrante, indígena y paisano. Nuestra obligación: orientarte y protegerte.[22] Si bien la migración no era un tema nuevo para la población indígena, ni para la realidad del país, su aparición en la agenda legislativa de la Comisión de Asuntos Indígenas muestra que se trataba de una preocupación que fue adquiriendo un lugar central para el gobierno mexicano.

LVII Legislatura:

-    El Plan de trabajo 1998 planteó la necesidad de redefinir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas para “revertir los reclamos históricos de los pueblos indígenas en materia de tenencia de la tierra, impartición de justicia, infraestructura básica, servicios de salud y vivienda, educación, derechos políticos y sociales como el derecho a la autodeterminación”.[23]

Las líneas de acción que se expresan en este documento son:

o   el seguimiento del Diálogo de Paz en Chiapas, la puesta en marcha de los Acuerdos de San Andrés y avanzar en el reconocimiento de los derechos indígenas a partir de la iniciativa de ley que presentó la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA);[24]

o   revisión y análisis de las conclusiones de las consultas nacionales sobre demandas y derechos indígenas (realizadas en la LV y LVI Legislaturas);[25]

o   incluir en la Constitución los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos y cultura indígenas;[26]

o   impulsar las iniciativas de Ley de Superación de los Rezagos en las Comunidades Indígenas, Ley de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Ley de Fomento de las Estructuras Política y Sociales de los Pueblos Indígenas;[27]

o   ampliar la capacidad de autogestión de los municipios y ensanchar el ámbito de su autoridad;[28]

o   llamar a comparecencia a los secretarios y funcionarios públicos encargados de las políticas para el campo y zonas indígenas para “determinar el grado de avance y el impacto social de los programas”;[29]

o   “elaborar un diagnóstico de la situación indígena en su entorno natural”;[30]

o   editar las leyes en lenguas indígenas;[31]

o   participación en foros internacionales;[32]

o   promover el establecimiento de radiodifusoras que transmitan su programación en las 56 lenguas indígenas del país.[33]

-    Informe de Participación de la Comisión de Asuntos Indígenas en el 16 período de sesiones del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la ONU en su sede de Ginebra, Suiza.[34] A este encuentro acudieron legisladores y miembros de la sociedad civil representando diferentes grupos indígenas del país. Se realizaron varias denuncias aún cuando no se trataba del objetivo principal de la reunión. Así, Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en esa fecha, declaró que México, Turquía y Chipre son los países “donde ocurren las situaciones más serias de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las minorías nacionales”.[35]

-   Foro regional “Todo por Chiapas”, Pijijiapan, Chiapas, 7 de noviembre de 1998.

-   Parlamento Indígenas de América. Memoria, XIV Asamblea Plenaria.[36]

-   Informe de Actividades 1997-1999. Se realizó una discusión de Puntos de Acuerdo para la creación de un fondo especial para el desarrollo de los pueblos indios en los Presupuestos de Egresos de la Federación 1998 y 1999. Asimismo, se llevó a cabo una evaluación del impacto de los programas del INI, se presentaron proyectos para la preservación de los derechos de los pueblos indios, se asistió a eventos internacionales convocados por la ONU y se organizaron giras nacionales para diagnosticar la situación de las comunidades y pueblos indígenas del país.[37]

LVIII Legislatura:

-    El Plan de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas 2001-2003 revela “que a nivel internacional el debate sobre ellos [los pueblos indígenas] ocupa un lugar central en las discusiones de los organismos internacionales”, lo cual derivaría en la necesidad de construir un “marco normativo que establezca nuestra Carta Magna y en las disposiciones reglamentar los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas de México”.[38] Para lograr éste, que se expone como objetivo principal se propuso:

o   Crear subcomisiones: 1) “de enlace del equipo de transición encargada de atención de los pueblos indígenas”, 2) “para elaborar el programa de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas”, 3) encargada de organizar “Foros y Mesas de discusión en materia de pueblos indígenas”, 4) “para emitir dictámenes, opiniones y resoluciones turnadas a la comisión por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”.[39]

o   Promover una reforma institucional.[40]

o   Realizar “visitas de trabajo a los pueblos indígenas del país”.[41]

o   Construir la paz en Chiapas y en México, apoyando todas las iniciativas “que lleven a desmilitarizar a todas y cada una de las comunidades indígenas del país, particularmente los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo”.[42]

o   Realizar 9 foros de discusión “en materia de derechos y cultura indígena”, de los cuales, uno sobre reforma constitucional en materia de derechos y cultura, cuatro sobre lenguas y derechos lingüísticos, uno sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno sobre el Plan Puebla-Panamá y uno sobre política social.[43]

o   Contribuir al análisis de los problemas agrarios de los pueblos indígenas.[44]

-    Se realizaron las siguientes publicaciones durante la LVIII Legislatura: Compendio de iniciativas. Documentos de Trabajo para los Foros de Consulta Indígena sobre Derechos Lingüísticos, Día Internacional de la Lengua Materna. Documentos Internacionales y Nacionales, Memoria. Pueblos Indígenas ante la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena, Iniciativa que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos. Documentos de Trabajo, Conclusión de los Foros de Consulta sobre Derechos Lingüísticos.[45]

La LVIII Legislatura fue tal vez una de las más activas por diversos motivos. El gobierno expresaba voluntad para resolver el conflicto armado en Chiapas y el histórico problema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es por ello que se realizaron diversos foros de discusión; incluso, con muchas dificultades, miembros de Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegaron a expresar su posición ante el pleno de la Cámara de Diputados.

LIX Legislatura:

Durante la LIX Legislatura, todas las iniciativas de la comisión quedaron pendientes, algunas presentadas por el Dip. Paulino Canul Pacab, el Dip. Huberto Aldaz Hernández, la Dip. Sofía Castro Ríos, el Dip. Bernardino Ramos y el Dip. Javier Manzano que buscan abrir el marco legal; otras, también de distintas fracciones parlamentarias, pero en especial de la Cámara de Senadores, que le dan continuidad a la reforma al artículo 2º constitucional. Las iniciativas de ley presentadas en este periodo pueden consultarse en el apartado sobre Desempeño legislativo de esta ficha técnica.

Una propuesta que presentó el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas fue la preparación de una instancia de legislación que denominan Parlamento Indígena, que pretendería ser un espacio de participación en la legislación para los indígenas: esta representación sería por pueblo y no por distrito, como sugiere el Instituto Federal Electoral (IFE). Se propuso también una revisión de los pendientes de los Acuerdos de San Andrés, que aún no se logran cumplir varios de los objetivos de aquel acuerdo que varios representantes indígenas han asegurado. Además, una revisión de los Acuerdos de San Andrés para actualizar la agenda pública con nuevas situaciones y evaluar la viabilidad de dicho documento.

Además de las iniciativas presentadas, los diputados del Partido de la Revolución Institucional han realizado trabajos de gestión en diferentes sitios arqueológicos del país. En realidad, la Legislatura en materia indígena se ha caracterizado por la falta de acuerdos y consensos, en especial con la Junta de Coordinación Política ya que el tema indígena no ha sido prioritario en este órgano.

[Regresar al índice de contenidos]

[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Comisión Legislativa", en Asuntos Indígenas [Actualización: 7 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/