Educación
Comisión Legislativa
La educación fue una preocupación profunda para algunos novohispanos que participaron como diputados en las Cortes de Cádiz en marzo de 1812. Desde entonces, existen antecedentes de comisiones o comités legislativos que participaron activamente en proyectos para poner en marcha un sistema educativo mexicano. De esta forma, bajo el amparo del Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes de Cádiz en septiembre de 1813, se constituyó la Comisión de Instrucción Pública, el primer cuerpo legislativo encargado de los temas educativos en México.[1]
No obstante, el primer cuarto del siglo XIX fue particularmente difícil para la historia constitucional de México. En esta época se promulgó el documento “Los Sentimientos de la Nación”, una constitución liberal que sentó las bases para el debate legislativo en el Congreso de Chilpancingo. A pesar de su trascendental importancia en la conducción de la lucha por la independencia, esta constitución no contempló expresamente el establecimiento de comisiones de trabajo legislativo.
Una situación similar ocurrió con la aprobación del Reglamento para el Gobierno Interior de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano de 1821. La debilidad del incipiente Estado mexicano para atender asuntos relacionados con la legislación educativa caracterizó este periodo. La clase política mexicana de ese entonces no tenía como principal motivación crear un sistema educativo nacional, puesto que tenía la posibilidad de educar a sus hijos en el extranjero o con preceptores particulares. Como explica Anne Staples, la instrucción de los grupos populares le interesaba sólo a la élite en cuanto le facilitaba el control social.[2]
Una vez consumada la independencia con los Tratados de Córdoba, el 24 de febrero de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente, que soportó la efímera monarquía de Agustín de Iturbide hasta marzo de 1823. Sin embargo, con el Plan de Casa Mata, el Congreso se desintegró para dar paso a otro constituyente en abril de 1823. En las juntas preparatorias para elaborar el reglamento del Soberano Congreso, el nuevo constituyente discutió el modelo de instrucción pública a seguir. De hecho, este asunto generó acalorados debates entre quienes querían un modelo conservador (centralistas) y quienes se definían a favor de una educación liberal (federalistas).
Posteriormente, el 31 de enero de 1824, el segundo Congreso Constituyente aprobó el Acta Constitutiva de la Federación; con este hecho, los legisladores sentaron las bases para la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de diciembre de 1824, se reinstaló nuevamente la Comisión Permanente de Instrucción Pública. Esta comisión persistió sin cambios nominales incluso aún después de las modificaciones al Reglamento Interior de la Cámara de Diputados realizadas por el Congreso Constituyente de 1916.
Gracias a los trabajos de la Comisión de Instrucción Pública efectuados durante el Congreso Constituyente de 1916, se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que la educación impartida por el Estado tendería a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentaría el amor a la Patria, además de estipular que todo individuo tendría derecho a recibir educación básica gratuita y obligatoria.[3]
Para inicios de la década de 1930 se presentaron diversos cambios relacionados con la política educativa nacional. En primer lugar, en marzo de 1934 se expidió el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que creó la Comisión de Educación Pública en sustitución de la Comisión de Instrucción Pública. El 1o. de julio de 1934, el país celebró elecciones generales. El diputado Luis Enrique Erro, fue electo Presidente de la Comisión Permanente de Educación Pública y una de sus primeras labores fue proponer la reforma del artículo tercero constitucional, el cual fue uno de los asuntos más importantes que afrontó la XXXVI Legislatura.[4]
La reforma al artículo tercero constitucional, estableció que la educación impartida por el Estado sería socialista, entendida ésta como la formación en los alumnos de un concepto racional de la vida social a semejanza del positivismo, excluyendo de ella toda doctrina religiosa. Este modelo de educación significó una amenaza para las iglesias, especialmente para la católica por su influencia en el ámbito educativo. Su lugar fue ocupado por la escuela laica.
La Comisión Permanente de Educación Pública se mantuvo sin cambios nominales y sustanciales durante varias décadas. Posteriormente, en julio de 1994, se reformó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Permanente de Educación Pública, con el fin de tratar con mayor profundidad los asuntos relacionados con la cultura, la ciencia y el deporte, dividió sus funciones en un conjunto particular de temas dando lugar a las siguientes cinco comisiones: Comisión Ordinaria de Ciencia y Tecnología, Comisión Ordinaria de Corrección de Estilo, Comisión Ordinaria de Cultura, Comisión Ordinaria de Deporte y Comisión Ordinaria de Educación.[5]
No obstante, en septiembre de 1999 se reformó nuevamente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de reducir sustancialmente el número de comisiones en la Cámara de Diputados. De esta forma las cinco comisiones ordinarias que venían tratando los temas culturales, científicos y educativos fueron fusionadas en la Comisión Ordinaria de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología. Finalmente, en octubre del 2000, la LVIII Legislatura propuso nuevas reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que permitieron que la Comisión Ordinaria de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología se dividiera en tres comisiones: la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Cultura y la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.[6]
Después de años de constante evolución, a partir del año 2000 el trabajo legislativo en materia educativa es responsabilidad de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. De acuerdo con su programa de trabajo, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 8 noviembre de 2004, los integrantes de esta Comisión tienen como objetivos primordiales:
§ Impulsar iniciativas para obtener un presupuesto en el año 2006 que alcance una inversión pública en el ámbito educativo del 8% del Producto Interno Bruto.
§ Simplificar la administración de los recursos destinados a la educación y transparentar los criterios de distribución del gasto educativo.
§ Incorporar a los criterios de distribución de los recursos, así como a las reformas educativas en curso, los criterios y opiniones de todos los actores sociales involucrados en el ámbito de la educación nacional.
Anexos de las actividades realizadas por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en las tres últimas legislaturas
• Acuerdos
a. Pronunciamiento en torno a los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, presentado por el Ejecutivo Federal. Gaceta Parlamentaria, número 911-II, domingo 30 de diciembre de 2001.
b. Comunicación para solicitar ampliar el plazo para dictaminar la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de septiembre de año 2000 por la Dip. Hortensia Aragón Castillo. Gaceta Parlamentaria, número 851, jueves 4 de octubre de 2001.
c. Comunicación solicitando se amplíe el plazo para dictaminar la iniciativa de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación. Gaceta Parlamentaria, número 992, viernes 3 de mayo de 2002.
d. Comunicación sobre los motivos de la cancelación del Foro de Consulta sobre la Ley Federal de la Cultura del Sordo, que se realizaría el martes 20 y miércoles 21 de agosto de 2002. Gaceta Parlamentaria, número 1068, martes 20 de agosto de 2002.
e. Conclusiones de los Foros de Consulta Sobre Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, realizados por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos. Gaceta Parlamentaria, número 1108, lunes 14 de octubre de 2002.
f. En el que se consideran insuficientes los recursos asignados al sector educativo para el ejercicio fiscal de 1998 y se pide a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública analizar opciones para incrementar el presupuesto a la educación. Gaceta Parlamentaria, miércoles 21 de enero de 1998.
g. Con pronunciamiento sobre el anuncio gubernamental de recorte al presupuesto a la Educación. Gaceta Parlamentaria, lunes 16 de febrero de 1998.
h. Que hace una respetuosa llamada a las autoridades, maestros y estudiantes de la UNAM, para que inicien el diálogo que haga posible la superación de las diferencias que sostienen respecto a la aplicación del Reglamento General de Pagos, y para que con respecto a la legalidad interna de la propia universidad se logre una solución al conflicto que ha originado la suspensión de las actividades universitarias. Gaceta Parlamentaria, número 254 bis IV, jueves 29 de abril de 1999
• Actas
a. De
su primera reunión plenaria para efectos de instalación formal, realizada el
jueves 9 de octubre de 2003.
Gaceta Parlamentaria,
número 1620-I, lunes 8 de noviembre de 2004.
• Informes
a. Primero de trabajo, del periodo octubre de 2003-abril de 2004. Gaceta Parlamentaria, número 1509, martes 1 de junio de 2004.
b. Anual de actividades, correspondiente al lapso octubre de 2003-octubre de 2004. Gaceta Parlamentaria, número 1620-I, lunes 8 de noviembre de 2004.
c. Semestral de actividades, de septiembre de 2000 a febrero de 2001. Gaceta Parlamentaria, número 748, miércoles 16 de mayo de 2001.
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[1] Para mayor información consultar, Sandra Espinosa Morales, Ficha Técnica de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006, 8-19. Documento elaborado con datos obtenidos de “Funcionamiento y Atribuciones del Congreso”, en Los Reglamentos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, México, febrero 2003, disco compacto.
[2] Anne Staples, “Un lamento del siglo XIX: crisis económica, pobreza educativa” Estudios No. 8, Primavera 1987, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1987, 14-22.
[3] Espinosa, op.cit., 12
[4] Jaime Castrejon, Ensayos sobre política educativa, INAP, México, 1986, 75-80.
[5] Sandra Espinosa, op.cit., 18
[6] Ibidem
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Comisión Legislativa", en Educación [Actualización: 15 de mayo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/