Impacto del trabajo legislativo
En este apartado de la ficha técnica sobre asuntos indígenas se analizarán las iniciativas aprobadas en la materia durante LVIII y LIX Legislatura.[1] La LVIII Legislatura fue la más activa en la historia de la legislación en materia indígena, aunque parte de su trabajo ha estado sometido a propuestas de reforma e inquietudes por parte de diversos sectores, en particular sobre la reforma al artículo 2º constitucional. La LIX Legislatura aprobó dos iniciativas sobre asuntos indígenas, una relacionada con la juventud indígena y otra sobre protección civil; además, se ha dedicado a trabajos de gestión local y algunos diputados, miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas, han insistido en el reconocimiento pleno de los derechos y cultura indígena a través de diversas iniciativas que han quedado pendientes de dictamen.
Durante la LVIII Legislatura se aprobaron diez iniciativas en materia indígena, de las cuales 4 se refieren a las lenguas indígenas, una crea el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas; 3 abordan lo relativo a la justicia indígena con el fin de regular los llamados usos y costumbres y establecerlos dentro de las normas del derecho positivo; una se refiere a los asentamientos urbanos indígenas; otra crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista (INI), y por último, hay que mencionar a la iniciativa de reforma a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la llamada ley indígena, que es aún materia de discusión.
De todas las iniciativas presentadas y aprobadas, cabe resaltar la importancia de que se haya logrado consenso para legislar en materia de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y crear un instituto para ellas, que tiene el objetivo de difundir, preservar e investigar las lenguas indígenas del país.
Si bien la Cámara de Diputados ha aprobado 3 iniciativas legislativas sobre la justicia indígena, se trata de un tema que no se ha agotado, según se concluyó en el foro Pluralidad jurídica y justicia indígena, aunque es también un asunto que no ha tenido mucho peso en la agenda nacional.[2] Los expertos en derecho indígena Jorge Alberto González Galván, Raquel Sonia Irigoyen y Óscar Correas coincidieron en señalar que es importante que los usos y costumbres, o las formas locales de impartir justicia, encuentren un lugar en la vida nacional. Para ello hace falta todavía un proceso de negociación y diálogo que logre consensos sobre cómo se ejercen las formas locales e históricas de justicia.
En cuanto a la llamada ley indígena, no cabe duda de que es un tema controvertido y que no ha logrado poner fin al conflicto que le dio origen, ni a otros conflictos que existen en México. De acuerdo con algunos especialistas, muchos de ellos se relacionan con problemas de demarcación territorial en zonas indígenas, que se han incrementado en los últimos años desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de las reformas al artículo 27 constitucional que permiten la venta de tierras comunales y ejidales.[3]
Las reformas dictaminadas en sentido positivo por la Comisión de Asuntos Indígenas durante la LIX Legislatura han sido dos. La primera se trata de una reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, aprobada el 30 de marzo de 2006 en el pleno de la Cámara de Diputados y el 27 de abril de 2006 en la Cámara de Senadores. Contempla la incorporación de los jóvenes indígenas para proponer al Ejecutivo Federal la creación de “programas especiales orientados a mejorar sus condiciones de salud y educación, así como los espacios para la convivencia y la recreación”. Asimismo, exhorta a las autoridades encargadas de diseñar las políticas a consultar a la población indígena y a hacer un reconocimiento especial y fomentar apoyo con becas a acciones y actividades de jóvenes indígenas que “reconozcan la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país”.[4] La reforma mencionada aún permanece pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero se puede decir que abre un espacio para la participación de la población indígena joven que, según Lourdes Pacheco, permanece sujeta a las estructuras de poder locales, y que pocas veces accede a empleos en los mercados laborales y a las instituciones de educación superior.[5]
La segunda reforma modificó la Ley General de Protección Civil en relación con la participación de diversos sectores de la sociedad, entre los que se incluye a la población indígena, para que las “acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz”. Asimismo, establece que “la declaratoria de emergencia y su difusión se hará en forma bilingüe” en caso de ser necesario. Dicha reforma fue aprobada el 25 de abril de 2006 en la Cámara de Diputados y permanece pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.[6]
La Comisión de Asuntos Indígenas tiene 17 iniciativas pendientes de dictamen. Algunos diputados miembros de dicha comisión integrantes de diferentes fracciones parlamentarias, han presentado iniciativas que intentaron reabrir el debate en torno a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Sin embargo, según los miembros de la comisión, ha habido dificultades para conseguir consensos entre ésta y otros órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, como la Junta de Coordinación Política.
La Comisión de Asuntos Indígenas se ha dedicado a la gestión con comunidades indígenas de diferentes regiones del país y a dar seguimiento a la nueva forma en que se expresa la política del Estado hacia las poblaciones indígenas. Una de sus acciones de gestión más importantes y que ha tenido mayor impacto a nivel local ha sido la distribución del presupuesto federal para caminos rurales, en especial de los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, con alto índice de población indígena. Esto deja abierto el camino para que los próximos legisladores busquen el diálogo y la propuesta de iniciativas que atiendan las demandas de la población indígena.
La misma Comisión de Asuntos Indígenas, en la presentación del último informe de labores que hizo su presidente, el diputado Javier Manzano, expresó que los tres temas más importantes que quedan pendientes para la LX Legislatura son: una reforma que contemple una “consulta a la población indígena con carácter vinculatorio y no técnico”, como hasta ahora se ha manejado; una reforma para la “protección a la biodiversidad en los territorios indígenas de México” y el reconocimiento de “la autonomía y la libre determinación” en el marco legal.[7]
[Regresar al índice de contenidos]
[1] CESOP, Asuntos Indígenas, Cámara de Diputados, México, mayo de 2006. En: www.diputados.gob.mx/cesop
[2] Foro Pluralidad jurídica y justicia indígena, organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, 20 de abril de 2006.
[3] Para un análisis histórico sobre los conflictos agrarios en relación con los proyectos de la política económica contemporánea, en particular en la región de los chimalapas y el proyecto del Plan Puebla Panamá, consultar Ana Paula de Teresa, “La modernización sin sus pobladores. Del megaproyecto del Istmo al Plan Puebla Panamá”, Revista Universidad de México, 612, junio 2002, 25-34. Otro ejemplo de conflictos agrarios y su relación con las reformas al artículo 27 constitucional y el TLC, esta vez en el estado de Chiapas, es Carlos Tello-Díaz, La rebelión de las cañanadas, Booket, México, 2005.
[4] Gaceta Parlamentaria, número 1634, jueves 25 de noviembre de 2004.
[5] Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, “Jóvenes rurales en México”, en Jóvenes mexicanos del siglo XXI. Encuesta Nacional de Juventud 2000, CIEJ/IMJ, México, 2002.
[6] Gaceta Parlamentaria, número 1634, jueves 25 de noviembre de 2004.
[7] En entrevista personal con el Lic. Martín Longoria, Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas, Cámara de Diputados, 16 de mayo de 2006.
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Impacto del trabajo legislativo", en Asuntos Indígenas [Actualización: 7 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/