Cultura

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Impacto del trabajo legislativo

Este apartado de la ficha técnica sobre la Comisión de Cultura trata del impacto que han tenido las iniciativas aprobadas y las iniciativas rechazadas por dicha comisión.[1] Cuatro de las 30 iniciativas turnadas a esta Comisión han sido dictaminadas; tres en sentido positivo y una en sentido negativo. Las tres iniciativas aprobadas se refieren a las industrias culturales; dos de ellas a los derechos de autor y una a la industria cinematográfica. Las primeras dos fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2006 y la segunda el 14 de octubre de 2004. La iniciativa rechazada fue un proyecto para reformar la Ley General de Educación, el 27 de abril de 2006.

Las dos iniciativas relacionadas con los derechos de autor fueron aprobadas durante la LIX Legislatura. Una de ellas fue presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil el 6 de diciembre de 2005 como proyecto de decreto para reformar el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El motivo principal de dicha reforma es regular la reproducción de obras que, según la exposición de motivos presentada por el diputado, representa una tercera parte de la producción editorial. Esto significa, para los autores en general, una pérdida de 560 millones de pesos.[2]

La mencionada reforma busca dar solución a la discusión en torno a la reproducción de material, de manera que se reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor para diferenciar entre el uso personal y comercial de los libros; y se establecen normas para establecimientos comerciales, así como de instituciones públicas y de distribución colectiva.

La otra iniciativa aprobada en relación con los derechos de autor fue presentada por el diputado Filemón Arcos Suárez, presidente de la Comisión de Cultura, el 7 de marzo de 2006 con el nombre de proyecto de decreto para reformar el artículo 26 Ter. de la Ley Federal del derecho de Autor. Esta reforma establece que “el importe de las regalías [por derecho de autor] deberá convenirse directamente entre el autor” y quienes divulguen, publiquen, distribuyan y reproduzcan obras. Asimismo, señala que el “derecho de autor es irrenunciable”.[3]

Ninguna de las mencionadas iniciativas ha tenido impacto en la opinión pública hasta el momento y su aplicación no es posible medirla todavía. Al mismo tiempo, se puede apuntar que la discusión no se ha agotado y que se mantiene abierto el debate sobre la regulación de las industrias culturales. En su libro sobre las industrias protegidas por derecho de autor, Ernesto Piedras señala que “los derechos de autor son importantes en particular para el crecimiento económico, la productividad industrial, el empleo y la creatividad e información”. El autor hace un análisis estrictamente económico sobre las industrias culturales con el objetivo de “identificar las disciplinas artísticas como sectores de actividad económica”. Si bien existen muchos estudios anteriores al de Piedras, resulta importante resaltar el modo en que lo dice el autor, ya que presenta cifras que confirman que la cultura es generadora de ingresos.

De acuerdo con el mencionado texto, en 2002 las industrias protegidas por derechos de autor tuvieron una participación del 6.7 por ciento en el producto interno bruto (PIB), superior en dos puntos porcentuales a la industria agropecuaria y silvícola, y ligeramente inferior al turismo que representa 8 por ciento del PIB. Además, sostiene que el sector contiene un 3.6 por ciento de la población económicamente activa.[4] Según señala Piedras, el problema central se haya en que “no es congruente que después de generar el 6.7 por ciento del PIB... los autores en su conjunto recauden por concepto de regalías sólo 0.02 por ciento del PIB, lo que equivale a 0.24 por ciento de la riqueza que generan”.[5]

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Editorial (CANIEM) publicó en 2005 un estudio, enfocado a la actividad editorial en particular, en el que apunta a que se ha incrementado su producción y su exportación, lo que abre el margen para el crecimiento del sector. En 2003 se publicaron mil 215 títulos, un aumento de 9.07 por ciento respecto de 2002; el valor de la producción aumento en 12.06 por ciento y el valor de ventas en circulación aumentó en 15.2 por ciento.[6] Esto significa que la generación de ingresos de la industria editorial tiene una tendencia creciente, lo que requiere de una regulación adecuada en la materia, según diversos especialistas en la materia.

La otra iniciativa aprobada fue presentada por el diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma, para adicionar y reformar diversos artículos de la Ley Federal de Cinematografía. Este tema tampoco tuvo impacto significativo en la opinión pública. Se trata de reformas que establecen mecanismos de regulación para exhibir, distribuir y comercializar películas, así como sanciones para quienes violen las normas.[7]

Por último, queda por analizar la iniciativa de ley que fue rechazada por la comisión legislativa en cuestión. Se trata de una propuesta del diputado Filemón Arcos Suárez para reformar la Ley General de Educación, presentada el 27 de abril de 2004, y que buscaba reformar los artículos 40 y 48 para quedar de la siguiente manera:

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, efectivo, de iniciación artística y musical, y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos.

Artículo 48.

Párrafo III. ... Las autoridades educativas locales propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría contenidos regionales que -sin mengua del contenido nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas, el arte y música regionales, y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.[8]

La iniciativa, dictaminada en sentido negativo por la Comisión de Cultura, pretendía ampliar la educación artística. De acuerdo con la exposición de motivos, en la actualidad se dedican únicamente 40 horas anuales a dicha área de formación. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada dado que, según el dictamen, la propuesta para reformar los artículos 40 y 48 era improcedente porque se argumentó que la educación artística “está en el concepto de ‘integralidad’ que establecen como característica orientadora de la educación básica” y que “el mismo artículo que se propone reformar [48], en líneas anteriores, ya establece la concurrencia de las autoridades locales para proponer contenidos curriculares a la autoridad educativa federal”.[9]

Las cuatro iniciativas analizadas en esta sección tocan diversos aspectos de la política cultural, pero voces diversas insisten en que hace falta una reforma integral en la materia. Es posible que las discusiones sobre el rumbo de las reformas legislativas y las políticas culturales en México sean objeto de trabajo de LX Legislatura. Además, el tema de la cultura cobra cada vez mayor importancia en la agenda pública internacional y se espera que esto impacte en el nivel nacional. En este sentido, Néstor García Canclini sugiere que “los Estados nacionales están limitados por la transferencia de sus poderes de decisión a instancias internacionales y deslocalizadas”, lo que apunta a señalar que en los próximos años las negociaciones y acuerdos entre México y otros países tendrán efectos sobre las industrias culturales nacionales y locales de nuestro país.[10]

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Impacto del trabajo legislativo", en Cultura [Actualización: 8 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/