Seguridad Social

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Impacto del trabajo legislativo

El presente apartado tiene como objetivo analizar aquellas iniciativas que han sido aprobadas o rechazadas por la Cámara de Diputados y sus implicaciones en términos de los grupos beneficiarios. Así también, se considera si estas reformas han respondido a los planteamientos de la agenda nacional.

INICIATIVAS RECHAZADAS EN LAS LVII, LVIII Y LIX LEGISLATURAS

Las iniciativas rechazadas en las últimas tres legislaturas versan sobre temas diversos: la homologación de los tiempos de cotización, la apertura de centros de asilo, el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), entre otros. Algunas de estas iniciativas revisten una importancia tal que deben ser revisadas posteriormente, tal es el caso de la homologación de los tiempos de cotización entre los institutos de seguridad social. En relación a las iniciativas que proponen la ampliación de la cobertura y los servicios la principal restricción para su aprobación ha sido el impacto financiero de las reformas. Por otro lado, los temas de las iniciativas rechazadas no han sido cuestiones prioritarias en la agenda nacional. (ver anexo 1)

Monto y condiciones de acceso a las pensiones y jubilaciones

En la LVII Legislatura se rechazó una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) para homologar el tiempo de cotización en los diferentes institutos de seguridad social. Este tema es de gran importancia ya que si un trabajador laboró una parte de su vida productiva en el sector público y la otra parte en el sector privado no es posible acumular el tiempo de cotización en cada una de ellas, de forma tal que el trabajador, al no cumplir con el tiempo mínimo de cotización, no tiene acceso a la pensión o jubilación correspondiente. Sin duda, este es un tema que debe ser abordado nuevamente en la agenda legislativa para avanzar hacia la “portabilidad” de las pensiones.

El dictamen de esta iniciativa señala que “se considera que la homologación de los periodos de cotización entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un tema que por su relevancia merece ser analizado dentro de una revisión integral a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dada la gran cantidad de trabajadores que cotizan a este último instituto que han estado sujetos también al régimen de la Ley del Seguro Social.”[1]

En la LVIII Legislatura se rechazaron dos iniciativas relacionadas con el monto y las condiciones de acceso a las pensiones y jubilaciones. La primera iniciativa buscaba reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que los jubilados y pensionados recibieran las prestaciones en especie que reciben los trabajadores en activo. Al respecto, en diciembre de 2001 se aprobó una reforma a la Ley del ISSSTE que permitió que los pensionados y jubilados recibieran las mismas prestaciones en efectivo que los trabajadores en activo. Sin embargo, se excluyeron las prestaciones en especie, entre ellas, los vales de despensa otorgados para apoyar los gastos de fin de año.

Asimismo, el Congreso rechazó que las pensiones por invalidez y vida otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueran indexadas a la inflación mensual. Actualmente, la Ley del Seguro Social establece en los artículos 145 y 170 que las pensiones por invalidez y vida y la pensión mínima garantizada serán incrementadas anualmente en el mes de febrero tomando en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Ampliación de los servicios y cobertura

En la LVII Legislatura el Partido del Trabajo (PT) propuso la creación de centros de asilo para los derechohabientes del IMSS, cuyo acceso estaría sujeto a ciertas condiciones. Asimismo, en la LVIII Legislatura el Congreso del Estado de Baja California presentó una iniciativa para regular la creación de estancias-hogar para personas de la tercera edad. El dictamen de la primera iniciativa señala que la reforma “es improcedente, en virtud de que al implementar una prestación de esa naturaleza, conllevaría una erogación por parte de la Institución que en estos momentos no podría sobrellevar, atendiendo a las finanzas actuales del instituto y al número de pensionados que existen.”[2]

Las iniciativas presentadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la LIX Legislatura proponen que las personas que por algún motivo dejen de cotizar a las instituciones de seguridad social puedan seguir disfrutando de los servicios pagando únicamente el 50% de las cuotas correspondientes. Actualmente, los trabajadores que quedan desempleados o son dados de baja, pueden seguir inscritos voluntariamente al régimen obligatorio, cubriendo la totalidad de las cuotas. Por su parte, el artículo 109 de la Ley del Seguro Social establece que los derechos se conservan únicamente durante los dos meses siguientes a la baja del trabajador, aunque existe la posibilidad de que el Ejecutivo Federal solicite una ampliación de este período. El principal argumento para rechazar estas iniciativas fue que los trabajadores cuentan con las opciones de seguir inscritos al régimen obligatorio del IMSS  (sin acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad) o bien de inscribirse voluntariamente al Seguro de Salud para la Familia. Así también, se argumentó que esta medida afectaría las finanzas del Instituto toda vez que no se especifica quién y cómo cubriría el 50% restante de las cuotas.

Funcionamiento y regulación de las Afores

En la LVIII Legislatura, fueron rechazadas 5 iniciativas que abordaban el tema de las Afores. De estas iniciativas, tres se refieren a la forma en que deben invertirse los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). La primera buscaba imponer topes máximos y mínimos a la composición de la cartera de las Siefores y a la compra de valores gubernamentales. Las otras dos iniciativas proponían financiar a estados y municipios y canalizar recursos a la generación de energía eléctrica. Respecto a estas iniciativas el dictamen señala que “la seguridad y la rentabilidad son dos objetivos que sólo se alcanzan conjuntamente si los fondos son administrados por expertos que identifican y eligen las mejores oportunidades de inversión en función del rendimiento y de la calidad crediticia de las emisoras.”[3]

Las dos iniciativas restantes se refieren a la estructura interna de la CONSAR, en particular a las funciones del Comité Consultivo y de Vigilancia y de la Junta de Gobierno. La primera iniciativa proponía que la composición de la cartera de las Siefores sea aprobada únicamente por el Comité Consultivo y de Vigilancia, y no por ambos como sucede hasta la fecha. El dictamen consideró que la composición de ambos órganos de gobierno permite obtener la opinión de trabajadores, patrones y gobierno, de forma tal que puedan tomarse las mejores decisiones. Tomando en cuenta estos argumentos el dictamen señala que “todo lo anterior avala que el régimen de inversión de las Siefores sea analizado por dos instancias diferentes en las que hay una mayoritaria representación de los intereses de los trabajadores, de las cuales una opina sobre el mismo y la otra lo aprueba. De aprobarse la Iniciativa en comento dicho régimen de inversión sería analizado sólo por una de las instancias que actualmente lo hacen. Asimismo, de aprobarse la Iniciativa se trastocaría la naturaleza del Comité Consultivo y de Vigilancia al convertirlo en un órgano ejecutivo en lugar de consultivo como su nombre lo indica.”[4]

Sobre la organización interna del IMSS

En la LVII Legislatura se registran dos iniciativas, que fueron rechazadas, en relación a la organización interna del IMSS. La primera proponía que el Director General fuera nombrado directamente por la Asamblea General y no por el Presidente de la República como ocurre actualmente. Al respecto, entre otros argumentos, el dictamen señala que la Ley Federal de Entidades Paraestatales faculta al Presidente para designar a los directores de estas instituciones.

Esta iniciativa proponía también que representantes de los sectores de todas las organizaciones nacionales se incorporaran a la Asamblea General. No obstante, actualmente la Asamblea General está constituida por treinta miembros, diez del Ejecutivo Federal, diez de las organizaciones patronales y diez por las organizaciones de trabajadores.

También fue rechazada una iniciativa para que fuera la propia Asamblea General la que puediera aprobar la incorporación de nuevos derechohabientes al régimen obligatorio. Actualmente, esta aprobación es facultad del Ejecutivo, a través de la emisión del decreto correspondiente. El dictamen señala que “el planteamiento de que sea el Ejecutivo Federal quien determine quienes más pueden ser sujetos de aseguramiento, es por la razón de que dicha inclusión deberá realizarse con base en la situación del País; pues de aprobarse la reforma se correría el riesgo de abrir indiscriminadamente la afiliación y poner en riesgo las finanzas del Instituto”.[5] Además, existe la opción de inscribirse al régimen voluntario del Instituto.

INICIATIVAS APROBADAS EN LAS LVII, LVIII Y LIX LEGISLATURAS

El tema principal de las reformas aprobadas de la LVII a la LIX Legislatura es el mejoramiento de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores del ISSSTE, el IMSS y de las Fuerzas Armadas. (ver anexo 3)

Iniciativas aprobadas en la LVII Legislatura

En la LVII Legislatura se aprobaron dos reformas a la Ley del ISSSTE. Estas reformas recogieron la demanda de la población de mejorar la situación de los jubilados y pensionados y de igualar sus condiciones de retiro con las de los trabajadores en activo. Así, la reforma que se aprobó señala que las pensiones y jubilaciones aumentarán en la misma proporción que lo hagan los salarios básicos de los trabajadores en activo. Además, se tomará como referente el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y se aplicará el aumento que resulte más conveniente para el trabajador.

El dictamen señala que el hecho de que las jubilaciones y pensiones aumentaran conforme al salario mínimo del Distrito Federal había sido en perjuicio de los trabajadores, debido a que el aumento del sueldo básico de los trabajadores en activo había sido superior al aumento del salario mínimo. Cabe señalar que con esta reforma el artículo 57 de la Ley del ISSSTE regresó al texto original, que había sido modificado en 1982.

En el proceso de aprobación se integró el dictamen de tres iniciativas que  coincidían en la propuesta de reforma al artículo 57 de la Ley del ISSSTE. Los proponentes de estas iniciativas fueron:

• Diputado Miguel Ángel Solares Chávez y otros diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

• Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

• Diputado Javier Paz Zarza y otros diputados del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN).

Además de la propuesta al artículo 57, dos de estas iniciativas proponían reformar los artículos 62 y 64 de la misma ley.  Estos artículos versan sobre lo siguiente:

• Artículo 62: Se refiere al cómputo de los años de servicio que sirven de base para determinar el porcentaje de la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho de acuerdo con los años de servicio.

• Artículo 64: Se refiere al sueldo básico que se utiliza para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión.

En relación al primer punto, el dictamen señala que “el derecho a la pensión está en relación al tiempo laborado pero sin sumar éste en dos o más empleos, ya que de ser así se estaría en el supuesto de que se pudieran alcanzar treinta años de servicio en quince años calendario al acumular el tiempo laborado en dos entidades diferentes.”[6]

En relación al artículo 64 el dictamen señala que por cuestiones presupuestarias no era posible aprobar al mismo tiempo ambas reformas, la del aumento de las pensiones de los jubilados y pensionados de acuerdo al aumento del salario básico de los trabajadores en activo y la de calcular el monto que corresponde por pensión de acuerdo al salario integral.

Por lo tanto, estas reformas no fueron aprobadas. Sin embargo, queda pendiente para una ocasión posterior la reforma al artículo 64 de la Ley del ISSSTE, que establecería criterios de equidad entre trabajadores activos y jubilados. En la fecha de la reforma el ISSSTE tenía 420 mil jubilados, quienes resultaron beneficiados.

Iniciativas aprobadas en la LVIII Legislatura

Durante la LVIII Legislatura se aprobó una iniciativa muy importante que implicó una amplia reforma a la Ley del Seguro Social. En la Cámara de Diputados se analizó una minuta de la Cámara de Senadores integrada por iniciativas de senadores del PAN, PRI y PRD, así como del Ejecutivo Federal. Estas reformas recogieron las demandas de la opinión pública en relación a la insuficiencia de las pensiones y jubilaciones. Las reformas establecieron que no puede existir una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez y para sus viudas, inferior a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Las principales reformas en relación a las pensiones y jubilaciones son las siguientes:[7]

• Se incrementaron las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, igualándolas al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en caso de que fueran menores e incrementándolas en 10% en caso de que fueran mayores a esa cantidad y los pensionados tuvieran de 60 años en adelante. Esta reforma aplica para los pensionados conforme a la Ley anterior (antes del 30 de junio de 1997) y  conforme a la Ley vigente.

• Se concedió un aumento del 11.11% a las pensiones de viudez con montos de hasta 1.5 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Asimismo, el artículo vigésimo cuarto transitorio estableció el pago anual de 9,500 pesos a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, de antes de 1982, que aumentaría conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin embargo, esta cantidad es menor a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Se considera que esta medida benefició a cerca de un millón 400 mil jubilados y pensionados del IMSS, de un total de un millón 800 mil personas en esta condición.[8] Los pensionados por invalidez quedaron fuera de esta reforma, con el argumento de que el cálculo de la pensión depende del motivo de la incapacidad. Anterior a la reforma, las viudas recibían únicamente el 90% de un salario mínimo.

Otras disposiciones importantes de esta reforma fueron:

• La creación del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual, que deberá incluir los recursos que se encuentren en la reserva que corresponda al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

• La consideración de los compromisos o metas de incremento en el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual de acuerdo a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos para el incremento de plazas en el IMSS.

• El fortalecimiento del régimen del IMSS como organismo fiscal autónomo, en particular en lo referente a presupuesto, gasto y contabilidad.

• La inclusión del Secretario de Hacienda y Crédito Público y el del Trabajo y Previsión Social  en el Consejo Técnico del IMSS.

• El otorgamiento de atribuciones al Consejo Técnico del IMSS para emitir disposiciones sobre la prestación indirecta de servicios por parte del IMSS.

• Se facultó al IMSS para celebrar convenios de cooperación e intercambio en materia de medicina preventiva con otras instituciones de seguridad social o de salud del sector público.

• El ajuste de la prima de Ley para el Seguro de Salud de la Familia para subsanar el déficit existente. El ajuste se hace considerando la edad y el sexo de los asegurados.

• El establecimiento de un expediente clínico electrónico para los derechohabientes.

• La apertura de las instalaciones deportivas, sociales, culturales, recreativas y vacacionales a la población en general.

• La posibilidad de que el IMSS otorgue seguros de vida y otras coberturas a las personas, grupos o núcleos de población de bajos ingresos que determine el gobierno federal, con las sumas aseguradas y condiciones que el mismo determine.

• La utilización de la infraestructura y servicios del IMSS en apoyo de programas de combate a la marginación y a la pobreza, en base al requerimiento del gobierno federal.

En esta Legislatura se aprobó una nueva Ley del ISSSFAM que mejoró las condiciones de seguridad social de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, incluyendo pensiones, créditos de vivienda disposiciones de equidad de género, entre otras.

Este dictamen recogió varias iniciativas sobre la materia. Los proponentes fueron:

• Diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a nombre de diputados del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) (turnada el 24 de octubre de 2002).

• Poder Ejecutivo Federal (turnada el 7 noviembre 2002).

• Diputado Rafael Servín Maldonado (turnada el 10 de diciembre de 2002).

La iniciativa del Poder Ejecutivo Federal proponía implícitamente la creación de una nueva Ley del ISSFAM, que sustituyera a la ley vigente aprobada en junio de 1976. La reforma benefició a 275,000 militares tanto en activo como en retiro, así como a sus derechohabientes, llegando a una cifra total aproximada de 1 millón 100 mil mexicanos.

La tercera reforma de importancia fue la que estableció que los recursos acumulados en el Sistema de Ahorro para el Retiro (1992-1997 para el caso del IMSS) podrán ser retirados por el trabajador cuando cumpla 65 años de edad o cuando tenga derecho a recibir una pensión por parte del IMSS. Los recursos se entregarán en una sola exhibición. Cabe señalar, que los trabajadores que cotizan al ISSSTE también tienen el derecho a retirar estos recursos cumpliendo con las mismas condiciones. La iniciativa de reforma fue presentada por el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel del PRD el 23 de abril de 2002.

En esta Legislatura se aprobó también una reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que permite a los trabajadores afiliados al ISSSTE optar por transferir los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 92 a una Afore, tal como sucede con los trabajadores del IMSS. El objetivo de esta reforma es que ambos grupos de trabajadores gocen de los mayores rendimientos otorgados por las Siefores.

En el dictamen se incluyeron varias iniciativas relacionadas con el tema:[9]

• Diputado José de Jesús Montejo Blanco del Grupo Parlamentario del PAN, turnada el día 15 de abril de 1999 (desechada).

• Diputado José Angel Frausto Ortiz del PAN turnada el 14 de diciembre de 1999 (desechada).

• Ejecutivo Federal, turnada el 3 de abril de 2001.

• Eduardo Andrade Sánchez, Marco Antonio Dávila Montesinos y Roque Joaquín Gracia Sánchez del PRI, turnada el 11 de octubre de 2001. (desechada)

• Iniciativa de Reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el Grupo Parlamentario del PAN el día 18 de octubre de 2001 (desechada).

• Rafael Servín Maldonado del PRD, turnada el 26 de marzo de 2002 (desechada).

• Pedro Miguel Rosaldo del PRD, el día 2 de abril de 2002 (desechada).

Así, solamente se consideró la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, cuya propuesta principal era que se extendiera la posibilidad de tener cuentas individuales a las siguientes personas:

• Los trabajadores afiliados al ISSSTE.

• Los trabajadores de las dependencias y entidades públicas de carácter estatal y municipal, que no se encuentren inscritos en el IMSS ni en el ISSSTE y que inviertan recursos de fondos de previsión social.

• Los trabajadores que no se encuentren inscritos en el IMSS y que aporten recursos destinados a la contratación de una renta vitalicia, de un seguro de sobreviviencia, de un retiro programado, o de cualquier otro mecanismo de pago que sea autorizado por el órgano de autoridad competente.

Iniciativas aprobadas en la LIX Legislatura

En la LIX Legislatura se reformaron los artículos 277 D y 288 K de la Ley del Seguro Social para que la creación, sustitución y contratación de plazas en el IMSS esté sujeta al depósito, en el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, de los recursos para cubrir los costos futuros derivados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. El IMSS no podrá usar, para constituir estas reservas, los recursos de las aportaciones tripartitas al Instituto. El objetivo de esta reforma es eliminar la carga financiera que constituyen para el Instituto las pensiones y jubilaciones del RJP.

La iniciativa fue presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones a nombre de más de 150 diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Convergencia por la Democracia. De acuerdo al IMSS, con esta reforma “se genera un ahorro presupuestario por las nuevas contrataciones, permitiendo que los recursos ahorrados se destinen principalmente para el propósito que fija la Ley: prestar el servicio público del Seguro Social a los trabajadores afiliados al IMSS y a sus familias”.[10] (ver anexo 2)

Sin embargo, el mismo Informe señala que esta reforma no resuelve la problemática del RJP, ya que el IMSS debe cumplir con las obligaciones contraídas con los jubilados y pensionados actuales y con los trabajadores en activo que se retirarán en el futuro. Así, el informe establece que:[11]

El pasivo ya acumulado por los trabajadores en activo hasta el 12 de agosto de 2004, es de tal magnitud que comprimirá los gastos de operación en las próximas dos décadas a niveles incompatibles con la atención a la salud de los derechohabientes. Se establece así que la reforma es un componente importante en la solución de la problemática derivada del RJP, pero que es indispensable y urgente realizar adecuaciones adicionales para evitar un deterioro en la calidad de los servicios en los años próximos. De hecho, las proyecciones a corto plazo presentadas en el capítulo V señalan que en el 2006 el Instituto no podrá cumplir con las obligaciones que se prevén, y eso aun bajo supuestos optimistas sobre el gasto que el Instituto debe realizar para pagar las sumas aseguradas derivadas de las pensiones definitivas de invalidez y vida, y de riesgos de trabajo conforme a la Ley vigente.

En el apartado de "Temas en la agenda nacional" se analiza la posición del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS que manifestó su oposición a esta medida, por considerar que afecta las condiciones de retiro de sus trabajadores. Esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 293 votos a favor, 110 en contra y 11 abstenciones. La votación del PRI fue de 147 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones, del PAN 130 votos a favor, y del PRD 1 voto a favor y 87 en contra.

Como se mencionó anteriormente, el 20 de diciembre del 2001 (LVIII Legislatura) se aprobó una reforma a la Ley del IMSS que mejoraba los montos de las pensiones y jubilaciones. El 20 diciembre de 2003, volvió a reformarse la Ley del IMSS (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004) para incluir a ellos grupos que habían quedado fuera de las reformas por omisión del legislativo. En las reformas de diciembre de 2001 se excluyó a los pensionados por invalidez por enfermedad general.

Las reformas implicaron lo siguiente:[12]

• A todos los pensionados por vejez, cesantía, riesgos de trabajo e invalidez, mayores de 60 años del IMSS, se les garantizó una pensión de al menos un salario mínimo.

• A todos los pensionados excluidos del incremento otorgado por la reforma de diciembre de 2001 y que ya reciben más de un salario mínimo por riesgos de trabajo, invalidez, vejez y cesantía mayores de 60 años, y a los pensionados por orfandad y ascendencia, se les otorgará un incremento generalizado del once por ciento.

• El pago retroactivo del aumento en 11 por ciento del periodo comprendido del primero de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 2003, para los pensionados de invalidez por enfermedad general y de orfandad y ascendencia, del IMSS.

• A todos los jubilados ferrocarrileros de antes de 1982, se les incrementará su pensión a un salario mínimo, y sus legítimas viudas y/o concubinas la pensión que les corresponda por Ley.

De acuerdo a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados esta reforma benefició a 563 mil 253 pensionados del IMSS.

En marzo de 2006 se aprobó la iniciativa para crear la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores presentada por el Ejecutivo Federal. Con esta Ley, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), creado en 1974,  se convierte en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, como un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con el dictamen de la iniciativa: “en la presente administración, el FONACOT ha otorgado 1.7 millones de créditos a trabajadores, por un monto aproximado de 11 mil millones de pesos, en beneficio de alrededor de 7.7 millones de personas, con más de 31,600 centros de trabajo afiliados.”[13]

Este instituto tendrá los siguientes objetivos: promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. La intención de la reforma es crear una nueva estructura orgánica más eficiente y flexible acorde con los cambios en la Administración Pública Federal.

Por otro lado, se aprobó una iniciativa del diputado Jorge Leonel Sandoval del PRI, que reformó diversos artículos de la Ley del ISSFAM. Con esta reforma se actualizó la nomenclatura de la ley para incluir a la Secretaría de la Función Pública en lugar de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Asimismo, se incluyen explícitamente los términos de discapacidad y personas de la tercera edad en los artículos de la Ley, asegurando así la atención a estos grupos vulnerables.

Relación entre el trabajo legislativo y los temas de la agenda nacional

Las iniciativas aprobadas en estas legislaturas recogieron dos temas que estuvieron muy presentes en la agenda nacional, el mejoramiento del monto de las pensiones y jubilaciones y la problemática financiera del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

Sin embargo, existen temas en la agenda nacional que no han sido retomados en la agenda legislativa:

• El aumento del costo fiscal derivado de los regímenes especiales, en particular del déficit en la nómina de pensiones del ISSSTE.

• El avance hacia un sistema nacional de pensiones que permita mayor equidad en las pensiones y jubilaciones que reciben los trabajadores en los diferentes esquemas: IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, entre otros.

• La revisión de los regímenes de pensiones de universidades públicas, gobiernos estatales y empresas paraestatales.

• Disminución de las comisiones y aumento de los rendimientos de las Afores.

• La discusión sobre la necesidad de continuar con las reformas iniciadas en 1995 avanzando hacia esquemas de capitalización individual o bien el fortalecimiento de los sistemas de reparto.

• Reformas paramétricas a los sistemas de pensiones para enfrentar problemáticas como la baja en el número de trabajadores en activo por pensionado, el aumento en el número de años en que se recibe la jubilación, entre otros (por ejemplo, mediante el aumento en la edad de retiro, etc.)

ANEXO 1

INICIATIVAS RECHAZADAS EN LA LIX LEGISLATURA CLASIFICADAS POR TEMA

INICIATIVAS RECHAZADAS EN LA LVIII LEGISLATURA CLASIFICADAS POR TEMA

INICIATIVAS RECHAZADAS EN LA LVII LEGISLATURA CLASIFICADAS POR TEMA

ANEXO 2

ANEXO 3

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Impacto del trabajo legislativo", en Seguridad Social [Actualización: 16 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/