Vivienda

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Impacto del trabajo legislativo

La Comisión de Vivienda de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se propuso como objetivos principales: la promoción de iniciativas y la dictaminación de una nueva Ley en materia de vivienda; revisión, estudio, análisis y dictamen de las iniciativas que se presenten al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados y que pretendan mejorar el marco jurídico federal en materia de vivienda.

Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión de Vivienda estableció siete subcomisiones: 1) legislación federal y local; 2) enlace, 3) suelo para vivienda, 4) crecimiento y fomento tecnológico; 5) financiamiento, 6) productividad y 7) vivienda social. Para el cumplimiento de sus encargos la Mesa Directiva de la Comisión estableció un calendario de reuniones plenarias y de Mesa directiva donde se tenía prevista una reunión por mes y un total de 24 al año.

En materia legislativa, hasta el mes de abril de 2006 a la Comisión de Vivienda le fueron turnados 15 asuntos: once iniciativas de ley y cuatro minutas. Tres de las minutas estaban relacionadas con el proyecto de la nueva Ley de Vivienda que fue aprobado a finales del mes de abril del presente año. Ahora se encuentra pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La otra minuta aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2005, fue resultado de una iniciativa presentada por el senador César Jáuregui Robles que reforma los artículos 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66; se adiciona los artículos 18 Bis, 18 Bis 1, 19 Bis, 19 Bis 1, 25 Bis y 25 Bis 1; deroga el artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El objetivo general fue institucionalizar los procedimientos de auditoría, rendición de cuentas e informes, así como de sus atribuciones y facultades.

Con la aprobación de dicha iniciativa se logró dotar al INFONAVIT de un organismo interno de fiscalización a través de la creación de un Comité de Auditoría, permitió institucionalizar un procedimiento de auditoría, rendición de cuentas e informes, se transparentaron los resultados al publicarse el balance anual en el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso de la Unión participará en el análisis de los resultados del Instituto, quien le presentará anualmente el informe que haya aprobado su Asamblea General, la designación del Auditor Externo será pública y transparente, además se dotó al organismo de un mecanismo de transparencia hacia la sociedad, con la creación su Comité de Transparencia y Acceso a la Información. Además, la Ley establece la instrumentación del sistema profesional de carrera y obliga a los funcionarios y trabajadores a sujetarse a un código de ética.[1]

Uno de los logros más importantes de la Comisión de Vivienda fue el dictaminar la nueva Ley de Vivienda, iniciativa que fue aprobada por el pleno el 7 de marzo del presente año y turnada a la Cámara de Senadores. La Comisión realizó un intenso trabajo de consenso y análisis.  Para ello tomó en cuenta las diversas iniciativas, minutas y propuestas que se habían hecho a la Comisión de Vivienda.

La Comisión organizó una intensa consulta con todos los actores involucrados en la problemática de la vivienda, organizó seis foros regionales, gracias a los cuales fue posible integrar visión de los temas y consensos en torno a los problemas habitacionales. El dictamen de la Ley de Vivienda fue la culminación del trabajo y esfuerzo realizados no sólo por los legisladores de todas las fracciones parlamentarias que integran la Comisión, sino también el resultado de la participación activa de los principales actores del quehacer habitacional en el país.

En relación con la ley anterior, la nueva Ley de Vivienda concibe la vivienda no sólo como un satisfactor básico de las personas, sino como un factor para la ordenación de los asentamientos humanos y reconoce el Sistema Nacional de Vivienda, como el mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado.

La nueva ley crea una comisión intersecretarial donde las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal acordaran políticas públicas uniformes y coherentes. Además se detallan los contenidos y elementos que permiten establecer una efectiva participación y corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la solución de los problemas habitacionales.

La nueva ley incorpora criterios para asegurar el destino de los subsidios para vivienda con sustento en los principios de atención a la población en situación de pobreza y de apoyo a la producción social de vivienda, se da preferencia a las familias con los más bajos ingresos. La ley plantea el diseño y ejecución de una política integral de suelo para vivienda, también reconoce los procesos de producción social de vivienda y se garantiza el apoyo a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas, en este sentido propone que las políticas y programas habitacionales reconozcan sus características culturales y respeten sus formas de asentamiento territorial.[2]

Otra de las ventajas que se derivarán de la operación de la nueva Ley de Vivienda es la creación del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda como un conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional. El Sistema tendrá por objeto integrar, generar y difundir la información que se requiera para la planeación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Vivienda; ello es trascendente ya que actualmente no se dispone de ningún sistema de indicadores con éstas características.  Además, la nueva ley permitirá empatar la política de vivienda y desarrollo urbano a través del trabajo coordinado de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Social.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Impacto del trabajo legislativo", en Vivienda [Actualización: 5 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/