Grupos vulnerables

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Contexto internacional

La asistencia tiene sus antecedentes lejanos en la ayuda a los pobres y enfermos. Se distingue entre la asistencia de tipo individual ligada a actos caritativos cristianos, de la asistencia colectiva mediante la creación de hospitales, orfanatos, dispensarios y  casas de asilo que eran financiadas con donativos particulares por motivos religiosos hasta el siglo XV. A partir del siglo XVI, la asistencia pública fue organizada para los Estados bajo la concepción predominantemente religiosa y caritativa. La Revolución Francesa (1789) y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1783 combinan nociones relacionadas con asistencia médica a domicilio y el derecho al socorro público.[1]

         A fines del siglo XIX el informe La Rochefoucault Liancourt sobre la situación de los pobres e indigentes, mencionó la necesidad de que las instituciones de asistencia y caridad fuesen de carácter público y laico, que se distinguieran entre pobres accidentales y los que por alguna discapacidad no podían trabajar, de aquellos que por voluntad son indigentes. Esta clasificación permitiría brindar ayuda o caridad, y rechazar a los últimos. Cabe mencionar que estas concepciones y criterios permanecerían hasta finales de siglo XIX.

         Casi al concluir el siglo XIX surgió un nuevo concepto asistencialista para la influencia de la ideas socialistas que propiciaban la creación de las primeras instituciones que antecedieron a la seguridad social. La industrialización y el aumento del proletariado urbano condujeron a Bismarck a optar por introducir medidas que contuvieran la movilización obrera, instituyendo el 1883 un sistema de seguro social.

         La progresiva instauración de prestaciones de seguridad social registrada durante la primera mitad del siglo XX muestra diversas modalidades y grados de cobertura. Por lo general, adquirió un carácter universal en los países escandinavos y de Europa Occidental; en cambio, en los países de América Latina la seguridad social ha estado restringida a quienes tienen empleos formales.[2]

         En consecuencia, las acciones asistenciales se mantienen para atender a quienes no están protegidos por esquemas de seguridad social. En los países de menor desarrollo en la última década, la asistencia social se ha integrado a las políticas sociales con el fin de suministrar ayuda especial a grupos vulnerables.

         Por esta razón las naciones de Latinoamérica clasifican a los grupos vulnerables y sus características para determinar el tipo de ayuda asistencial. Entre los principales asuntos del ámbito internacional se encuentra la vulnerabilidad de niños explotados y comercializados sexualmente o en riesgo de serlo y los casos de las personas con cualquier tipo de discapacidad y los adultos mayores.

         Dentro de este esquema de vulnerabilidad, la explotación sexual comercial infantil es una problemática social que aqueja los países del continente americano, principalmente los que tienen mayor afluencia turística, comercial o industrial, como es el caso de Brasil, Costa Rica, Colombia y México, por mencionar algunos. La conciencia que han tomado los países signatarios al convenio en cuestión, ha sido respaldada por los instrumentos jurídicos, asistenciales y las buenas prácticas en la materia.

         Las prácticas realizadas en contra la explotación sexual infantil, son aquellas que dan cumplimiento parcial o total a los compromisos asumidos por las diferentes naciones en la Declaración de Estocolmo de 1996, enmarcadas en una propuesta de protección integral a la niñez, basada en los principios de la convención de los Derechos del niño.[3] Los países antes mencionados han contribuido a promover las siguientes acciones encaminadas a erradicar y combatir la explotación sexual comercial infantil.

         Se observa que pocos países de América Latina se han preocupado por instrumentar acciones para erradicar la explotación sexual comercial infantil. La falta de información es un problema, ya que no se puede cuantificar con relativa precisión el fenómeno, sólo se registran las denuncias interpuestas en los ministerios públicos o la información que proporcionan las organizaciones publica y/o privadas interesadas en esta problemática. Sin embargo, eso no limita los esfuerzos que se han llevado a cabo los países latinos por proteger la infancia.

Tratados y acuerdos internacionales

Los instrumentos jurídicos internacionales celebrados por México en temas relacionados con los grupos vulnerables obligan al país a elaborar normas jurídicas y ofrecer atención a estos segmentos de la población. Existen convenios en materia de los derechos de los menores de edad trabajadores que datan de 1932. Esto indica que en nuestro país había preocupación para tratar de proteger los niños en riesgo, principalmente, aquellos que son vulnerables a ser explotados laboral o sexualmente y/o traficados ilícitamente para realizar practicas que dañan su integridad física o moral. De igual manera, México ha creado leyes y programas sociales para regular y atender a personas con discapacidad y para eliminar la discriminación.

         Entre los principales instrumentos jurídicos dirigidos a las personas con discapacidad se encuentran la Declaración de los derechos del Retrasado mental (ONU, 20 de diciembre de 1971); los Principios para la Protección de Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (ONU, 7 de diciembre de 1991); la Adaptación y readaptación Profesional y el Empleo para las Personas Inválidas (OIT, 20 de junio de 1983). De los anteriores instrumentos se debe destacar que aunque originalmente la discapacidad intelectual y psíquica fue prioritaria para las Naciones Unidas en materia de discapacidad, posteriormente, comenzaron a incorporarse temas como el derecho al trabajo y la lucha contra la discriminación.[4]

         Recientemente, la ONU ha elaborado recomendaciones para acabar con las prácticas discriminatorias; y para proteger y garantizar los derechos de los discapacitados. Algunas de las recomendaciones son: a) analizar seriamente el cumplimiento de los tratados de derechos humanos ratificados por los diferentes países, especialmente, de los discapacitados, b) consultar estrechamente a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la discapacidad, c) proponer a las personas con alguna discapacidad como candidatas a miembros de los órganos de vigilancia de los tratados.[5]

         La explotación sexual comercial infantil representa una de las más graves amenazas contra la infancia y ha llegado a ser considerada como una de las formas de explotación más crueles y denigrantes. Por ello la comunidad internacional ha demostrado su preocupación por el aumento de casos en el mundo a través de la adopción y ratificación de instrumentos internacionales específicos en la materia. Simultáneamente, la ratificación de tratados internacionales y la celebración de Congresos han permitido comprometer a los países en la toma de acciones directas para erradicar este fenómeno paran promover los mecanismos de cooperación entre naciones.

         La ratificación de este tipo de tratados por parte de los estados tiene implicaciones directas sobre la población a la cual gobiernan e incide en las políticas y prioridades de sus agendas nacionales.[6]

         Por otra parte, es necesario mencionar que no existe alguna convención ni propuestas internacionales para regular, promover y ejecutar acciones sistemáticas para las personas de la tercera edad. Aunque los principios de Naciones Unidas a favor de las personas de edad sirven de parámetro para que los gobiernos asignen presupuestos para programas dirigidos a este grupo social, no determina las problemáticas específicas de estas personas, como pobreza, seguridad social, salud, entre otras.

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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Contexto internacional", en Grupos Vulnerables [Actualización: 17 de mayo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/