Participación Ciudadana

Contexto internacional

En el contexto de un mundo globalizado, ningún país puede analizar su situación, en cualquier materia, sin llevar a cabo una revisión del contexto internacional. Como se puede observar en el cuadro 9.1, nuestro país no ha firmado muchos tratados en materia de participación ciudadana. Ello se debe en parte al hecho de que, si bien la participación ciudadana es un tema importante para cualquier democracia del mundo, hay tantas formas para incentivarla y desarrollarla que es difícil elaborar un acuerdo internacional en la materia. Sin embargo, hay organismos internacionales que se preocupan por mantener este tema en la agenda internacional y, aunque sus esfuerzos no se vean reflejados en tratados o acuerdos, sí incentivan la creación de compromisos entre los gobiernos.

Un claro ejemplo de estos esfuerzos son los convenios firmados en las Cumbres de las Américas, como el Plan de Acción de Miami, el cual se llevó a cabo en el marco de la primera de estas cumbres, celebrada del 9 al 11 de diciembre de 2004. En su apartado de fortalecimiento de la sociedad y de participación comunitaria, los gobiernos se comprometieron a revisar el marco normativo que regula a los actores no gubernamentales con el fin de establecer o mejorar su capacidad para recibir fondos. Asimismo, se discutió la posibilidad de que el BID estableciera un nuevo Programa de la Sociedad Civil para promover la filantropía responsable y la participación cívica en los asuntos de política pública.[1] Por otra parte, en la Segunda Cumbre de las Américas, Celebrada en Chile en 1998, se firmó el Plan de Acción de Santiago, en el cual los gobiernos se comprometieron a promover la participación de la sociedad civil, además de establecer marcos institucionales que incentiven la creación de organizaciones sin fines de lucro, responsables y transparentes.[2] De igual manera el Plan de Acción de Québec, cuyo tema y objetivo central es el fortalecimiento de la democracia, estableció cinco líneas de acción: el fortalecimiento de la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la justicia, los gobiernos locales y la descentralización y el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos.[3] De manera paralela, se creó un programa para el seguimiento de la sociedad civil a la implementación del Plan de Acción de Québec, para que algunas organizaciones de la sociedad civil pudieran evaluar lo que los diferentes países han realizado, o han dejado de hacer, respecto de sus compromisos.

A continuación se presentan los resultados de México en el terreno de celebración de convenios internacionales de participación ciudadana. Con el fin de realizar un estudio comparativo se presentan datos sobre los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá.

Como indica el cuadro 9.2, de estos tres países sólo México cuenta con cláusulas constitucionales sobre el libre acceso a la información, pero ninguno de los tres cuenta con la figura del habeas data, es decir, la protección de los derechos de las personas contra los abusos e intromisiones que puedan afectarlas, y que resguarda especialmente el derecho a la intimidad.

En el cuadro 9.3, llama la atención que EUA aprobó su Ley de Libertad de Información desde 1966 y su Ley de Privacidad en 1974, mientras que Canadá aprobó ambas en 1982, y México aprobó su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) hasta el 2002. Esto muestra un retraso legislativo en nuestro país.

Los tres países muestran retrocesos en materia de libertad de información, ya que todos han presentado iniciativas de leyes que buscan proteger cierta información, especialmente la relacionada con la seguridad nacional, lo que puede ser una clara respuesta a los actos terroristas que se han dado en el mundo desde el 2001.

En cuanto a los aspectos que las leyes de acceso a la información cubren, de las quince variables que propone el cuadro 9.4, México y EUA cumplen con trece, mientras que Canadá sólo cumple con doce. Un punto que vale la pena destacar es que nuestra LFTAIPG está adelantada respecto de las de los otros dos países en un aspecto sumamente importante: cuenta con disposiciones que establecen responsabilidades y sanciones para el funcionario que niegue información de manera infundada, mientras dichos mecanismos no existen en las leyes de estados Unidos y Canadá.

En materia de libertad de expresión todos los países cuentan con una cláusula constitucional que la protege. Sin embargo, en los tres países se ha violado dicha garantía. En el caso de México, el número de violaciones ha sido mayor que en los otros dos países. En Canadá y EUA las violaciones van desde la confiscación de notas hasta el encarcelamiento de una periodista por no revelar sus fuentes, respectivamente, pero como muestra el cuadro 9.6, en nuestro país de 2000 al 2003, seis periodistas fueron asesinados; y, según la organización Inseguridad Nunca Más, en menos de un año, de octubre del 2004 a julio de 2005, tres periodistas más fueron asesinados.[4]

Una situación muy importante queda de manifiesto en el cuadro 9.7, al ser nuestro país el único que no cuenta con la figura de plebiscito o referéndum a nivel federal, las cuales permiten una participación más directa de los ciudadanos. Más adelante se ampliará la información de este aspecto de la participación ciudadana.

Uno de los cuadros más interesantes de este informe es el 9.9, el cual indica el nivel de influencia de la sociedad civil en las decisiones de los gobiernos locales. Nuestro país es el que obtiene, en todas las variables, los peores resultados ya que cuenta con baja influencia en las decisiones presupuestarias y en las discusiones sobre temas que afectan directamente a la población. Este panorama no es muy optimista, puesto que la teoría de la participación ciudadana supone que el escenario ideal para la participación ciudadana es el nivel local. En nuestro país la participación ciudadana es baja en el nivel local, lo que sugiere que, en el federal, la influencia de la sociedad civil debe ser aún menor.

En materia del marco jurídico que norma la creación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), nuestro país obtiene un buen resultado, ya que es el único de los tres países analizados que cuenta con una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, mientras que como indica el cuadro 9.10, tanto en Canadá como en EUA este tipo de organizaciones están reguladas por las leyes fiscales.

Otro punto en que nuestro país se queda atrás respecto de EUA y Canadá, según el cuadro 9.12, es en la existencia de programas o políticas que busquen dar a conocer a la sociedad sus derechos en materia de acceso a la justicia. Mientras nuestros vecinos del norte tienen programas especiales y en sus instancias de gobierno cuentan con agencias encargadas de prestar este servicio, en México sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encarga de cumplir con esta función, además de algunas organizaciones de la sociedad civil.

Retomando el estudio de los mecanismos de democracia directa (cuadro 9.13), vale la pena mencionar que en América Latina trece países han establecido en su constitución la figura de referéndum e iniciativa popular, mientras que sólo cinco contemplan la de plebiscito; ocho países más cuentan con el mecanismo de consulta popular, mientras que sólo dos incluyen la revocación de mandato. Los países que cuentan con más mecanismos de democracia directa son Colombia y Venezuela, ya que ambos contemplan en su constitución cuatro de las cinco variables consideradas en el cuadro 9.13. A Colombia sólo le falta contar con la figura de revocación de mandato a nivel federal, y a Venezuela con la de plebiscito. Por su parte, México y República Dominicana son, de los diecinueve países considerados, los más atrasados en esta materia puesto que no incluyen en su Carta Magna ninguna de las figuras de democracia directa. Cabe señalar que Argentina, Colombia, Ecuador y Perú cuentan en su constitución con la revocación de mandato, pero sólo para autoridades locales.

De los siete países europeos considerados para esta comparación: Austria, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza, todos contemplan el referéndum en su constitución, sólo dos el plebiscito, seis la inactiva popular y tres la consulta popular. Sólo Francia cuenta con las cuatro variables que incluye el cuadro 9.13, mientras que Suiza y España cuentan con tres.

Los cuadros 9.14 y 9.15 presentan la lista de los mecanismos de democracia directa utilizados entre 1978 y 2002 y de 2002 a 2005, respectivamente, en América Latina. El país que más ha utilizado estas figuras es Uruguay con seis ejercicios de democracia directa, cuatro referéndum y dos plebiscitos.[5] Le sigue, Ecuador, que del 1978 a 1997 ha realizado cinco consultas-encuestas, la mayoría buscaban legitimar a quien promovía las consultas. En total, entre 1978 y 2005 se han llevado a cabo once plebiscitos, diez referéndums y siete consultas en América Latina. El único país del continente que ha llevado a cabo una consulta de revocación de mandato es Venezuela.

Uno de los estudios más influyentes del 2004 en materia de democracia participativa es La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, el cual identifica los principales desafíos para la democracia de nuestra región y propone un programa conjunto para su desarrollo. Además, este documento enfatiza la necesidad de pasar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos, que puedan y sepan ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos.

Entre los resultados que arrojó este amplio estudio, basado en gran parte en la encuesta que realiza Latinobarómetro, se encontró que, en promedio, el 60.1 por ciento de los latinoamericanos colabora en actividades sociales, mientras que entre los mexicanos sólo el 58.8 por ciento lo hace (cuadro 9.16). Una cifra que llama la atención es el porcentaje de personas que en el continente dijeron haber sido sujetas a presión a la hora de emitir su voto: mientras que, en promedio, 89 por ciento de la población latinoamericana dijo haber votado sin presiones, en México el porcentaje fue de 80.5 por ciento. Otro punto en el que nuestro país supera ampliamente el promedio latinoamericano es el porcentaje de personas que han participado en manifestaciones colectivas, mientras que México obtiene 39.9 por ciento, el promedio de América Latina es apenas de 24.3 por ciento.

El cuadro 9.17 ofrece un dato alentador: sólo el 3.2 por ciento de los mexicanos afirma que no participa de ninguna manera, es decir que no vota, ni colabora; el promedio de Latinoamérica es un poco más elevado, 7.3 por ciento. Colombia es el país con el porcentaje más alto, 21.3 por ciento de sus ciudadanos no participa en lo absoluto, mientras que Uruguay es el país con el porcentaje más bajo, sólo el 1.9 por ciento de los uruguayos no participa. Otro dato interesante que muestra el cuadro 9.17 es que sólo el 29.7 por ciento de los mexicanos vota, colabora o realiza algún tipo de acción política, 5.5 por ciento más que el promedio de América Latina. El país con el porcentaje más alto en esta variable es Brasil con 36 por ciento, mientras que el país con el porcentaje más bajo es Colombia con 9.8 por ciento.

Observando un poco más de cerca el tipo de participación en la que se involucran los latinoamericanos, el cuadro 9.18 muestra que 38.3 por ciento de los ciudadanos en México participa o colabora en organizaciones comunales (junta de vecinos, deportivos o asociaciones de recreación), 8.9 por ciento más que el promedio latinoamericano. Pero el país con más alto porcentaje en este rubro es Paraguay, con 49.3 por ciento, mientras que los países con el porcentaje más bajo son Guatemala y Uruguay, con 12 por ciento. Llama la atención que, como ilustra el cuadro 9.19, en cuanto a colaboración en organismos de apoyo a pobres, discapacitados y ancianos la participación es muy baja. En México sólo el 9.7 por ciento colabora, y el promedio de América Latina es prácticamente el mismo (9.8 por ciento). Igual de alarmante es la prácticamente inexistente colaboración de los mexicanos en organizaciones a favor de los derechos humanos la cual es de cero por ciento; aunque el porcentaje más alto de Latinoamérica es Bolivia con 2.1 por ciento, y el promedio de la región es de uno por ciento, todas cifras muy bajas. En cuanto a la colaboración en organizaciones laborales (sindicatos, asociaciones gremiales y profesionales) México también está por encima del promedio de América Latina, con 7.7 por ciento, mientras que el promedio de la región es de 6.6 por ciento.

Por último, el PNUD presenta el promedio de organizaciones en las que el ciudadano colabora. El ciudadano mexicano, según el cuadro 9.20, participa en 1.77 organizaciones, nada mal considerando que el promedio de la región es de 1.58. El país que obtuvo el mejor promedio es Paraguay, mientras que el que cuenta con el promedio más bajo de participación es Guatemala con, 1.23.

A manera de conclusión, se puede afirmar que México parece contar con mecanismos de participación y de acceso a la información, y en general no se ha quedado atrás respecto de los países latinoamericanos. De igual forma, los ciudadanos parecen estar colaborando con al menos con una organización. No obstante, al observar de cerca estos resultados, queda claro que la mayoría de los mexicanos participa en organizaciones religiosas, deportivas, recreativas, laborales, y no en organizaciones políticas o sociales. Es posible que ello se deba a la falta de programas que den a conocer y eduquen a la sociedad acerca de sus derechos civiles, sociales y políticos, lo cual ha frenado el desarrollo de este tipo de participación.

Tabla 9.1. Tratados internacionales en materia de participación ciudadana

Tratado	Fecha	Estatus	Número de países que lo han ratificado hasta la fecha	Fecha de ratificación de México	Marco legal mexicano modificado
1. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966	16 Dic 1966	Vigente EVG 3/Mz/1976 E.V.M. 15/Jn/2002	M 105	3 mayo 2002 D.O.F	Nd
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	16 Dic 1966	Vigente EVG 23/Mz/1976 EVM 23/Jn/1981	M 145	20 May 1981 D.O.F 22 Jun 1981 D.O. de Fe de Erratas	Nd
3. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.	31 Mar 1953	Vigente EVG 7/Jl/1954 EVM 21/Jn/1981	M 124	28 Abr 1981 D.O.F	Nd
4. Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer	2May 1948	EVM 24/Mz/1981	M 23	29 Abr/ 981 D.O.F	Nd
5. Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales	7 Jun 1999	No está en vigor	M 4		Nd

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “Tratados celebrados por México”, s/f en http://tratados.sre.gob.mx/ (consulta: 24 noviembre 2005). Secretaría de la Función Pública (SFP), “Tratados internacionales”, s/f en http://www.normateca.gob.mx/ (consulta 24 noviembre 2005).

Secretaría de Gobernación (SEGOB), “Guía de Tratados Promulgados y Otros Instrumentos Internacionales Vigentes Suscritos por México”, Editorial Porrúa, México, 2005.

Simbología:

F: Fecha de Firma

EVM: Entrada en vigor

EVG: Entrada en vigor general (para acuerdos multilaterales)

AP: Aplicación provisional

B: Tratado Bilateral

M: Tratado Multilateral (el número que sigue a la “M”corresponde a los países que han firmado el tratado)

PDOF: Publicación en el Diario Oficial de la Federación

Sen: Ratificación por el Senado de la República

Adh. Mex.: Adhesión de México

PAÍSES
		Canadá	Estados Unidos	México
Existencia de cláusulas constitucionales sobre	Libre acceso a la información	NO	NO	SÌ
Existencia de cláusulas constitucionales sobre	Recurso de Habeas Data	NO	NO*	NO

País	Principales iniciativas legislativas de libertad de información	Retrocesos recientes en materia de libertad de información
País
Canadá	Ley de Acceso a la Información (1982); Ley de Privacidad (1982).	-Reformas a la Ley de Acceso a la Información basadas en la Ley Antiterrorismo (2001). -Ley de Protección de la Información (2001).
Estados Unidos	Ley de Libertad de Información (1966); Ley de Privacidad (1974).	-Memorandum del Procurador General de Estados Unidos (2001) que incita a agencias federales a considerar las implicaciones en materia de seguridad antes de la diseminación de información. -Ley de Autorización de Inteligencia (2003), que restringe el acceso a información de inteligencia a entidades extranjeras. -Memorandum de la Casa Blanca (2003) a todas las agencias federales recalcando la relevancia de proceder con la mayor cautela en la diseminación de información relacionada con armas de destrucción masiva.
México	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) (2002).	-Iniciativa de Ley Federal de Seguridad Nacional, que entre otras cosas, amplia el plazo de reserva de información a 30 años. Anteproyecto de Ley para Custodia de Información Confidencial de la Armada de México. -Iniciativas de Reforma a las LFTAIPG y la Iniciativa de Reforma Constitucional a la LFTAIPG.*

Las normas legales sobre acceso a la información establecen que:	Canadá	Estados Unidos	México
1. La información de que dispone el Estado puede ser requerida por cualquier persona	SÍ	SÍ	SÍ
2. El requerimiento de información no debe necesariamente consignar el motivo por el que esa información se solicita	SÍ	SÍ	SÍ
3. El gobierno se encuentra obligado a brindar toda la información que se le requiera y se encuentre en su poder, con excepciones que se explicitan claramente	SÍ	SÍ	SÍ
4. Los casos en que el estado se encuentra impedido de brindar información (por protección de la privacidad, de la seguridad nacional, entre otros) se establecen en forma clara y taxativa	SÍ	SÍ	SÍ
5. Las excepciones al acceso a la información se reducen a su mínima e imprescindible expresión	NO	SÍ*	SÍ
6. La justicia posee autoridad para ejercer el control de las excepciones al acceso a la información	SÍ	SÍ	SÍ
7. Cuando dentro de un documento se hallan entremezcladas informaciones de acceso permitido y también prohibido, la información permitida debe ser brindada al requirente	SÍ	SÍ	SÍ
8. El principio de publicidad de la información en poder del gobierno constituye una guía en caso de dudas sobre la interpretación de la ley	SÍ	SÍ	SÍ
9. Se establecen plazos breves para que la administración pública otorgue respuesta a los requerimientos de información de las personas	SÍ	SÍ	SÍ
10. Se otorga la posibilidad de recurrir a la justicia cuando el gobierno niega infundadamente la información requerida	SÍ	SÍ	SÍ
11. Se otorga al solicitante la alternativa de recurrir a la justicia para que ésta pida explicaciones en caso de demora y obligue al estado a responder	SÍ	SÍ	NO
12. Se establecen responsabilidades claras y sanciones para el funcionario que haya optado por negar la información en forma infundada	NO	NO	SÍ
13. El derecho a solicitar información incluye reproducir la información solicitada	SÍ	SÍ	SÍ
14. El costo que se establezca a la búsqueda y reproducción de información en poder del Estado, no puede exceder valores “razonables”, lo que en última instancia podrá determinar la justicia	SÍ	SÍ	SÍ
15. Las leyes inconsistentes con el principio del máximo acceso a la información son derogadas o modificadas	NO	NO	NO

Disponibilidad efectiva de información	PAÍSES
	Canadá	Estados Unidos	México
Finanzas públicas
1. Presupuesto ejecutado	SI	SI	SI
2. Contratos públicos con sector privado (licitaciones)	SI	SI	SI
3. Medidas económicas (como privatizaciones y acuerdos internacionales)	SI	SI	SI
Actividades públicas de las autoridades y altos directivos públicos
4. Ingresos de los funcionarios públicos	SI	SI	SI
5. Patrimonio de funcionarios públicos	NO	SI	SI
6. Votación de los órganos legislativos	SI	SI	SI
Resultados de la acción pública
7. Situación de pobreza e inequidad	SI	SI	SI
8. Resultados escolares y otros indicadores educacionales	SI	SI	SI
9. Atención y otros indicadores de salud	SI	SI	SI
10. Denuncias de uso excesivo de la fuerza y abusos policiales	SI	SI	SI
11. Denuncias de violaciones de derechos humanos	SI	SI	SI
Apoyos a grupos y situaciones de vulnerabilidad
12. Fuentes de apoyo público a víctimas de violencia intrafamiliar y abusos sexuales	SI	SI	SI
Contabilidad, auditoría y finanzas de las compañías privadas que prestan servicios públicos
13. Indicadores sobre desempeño de empresas prestadoras de servicios públicos (públicas y privadas)	SI	SI	NO
14. Precios y calidad de los productos ofrecidos a los consumidores	SI	SI	SI

País	Cláusulas	Normas de desacato	Decisiones judiciales que coartan la libertad de expresión
Canadá	Sí	No	Confiscación de materiales y notas de una periodista por haber publicado un nota basada en un documento clasificado (2004).
Estados Unidos	Sí	No	Periodista encarcelada por 168 días por rehusarse a revelar sus fuentes (2001).
México	Sí	No	6 periodistas fueron asesinados (2000-2003).

País	Instancias de participación ciudadana
Canadá	Sí, espacios de consulta en los trabajos de los gobiernos y comités locales. También existen mecanismos de consulta directa como referéndum.
Estados Unidos	Sí, espacios de consulta en los trabajos de los gobiernos y comités locales. También existen mecanismos de consulta como encuestas, talleres, audiencias públicas, así como referéndum y plebiscitos.
México	Sí, pero aún están concentradas en el nivel consultivo y/o informativo.

País	Existencia de sitio Web de Gobiernos Locales disponibles para la participación
Canadá	Sí, la mayoría de los gobiernos locales cuentan con sitio Web disponible para la participación ciudadana y para la difusión de información.
Estados Unidos	Sí, la mayoría de los gobiernos locales cuentan con sitio Web disponible para la participación ciudadana y para la difusión de información.
México	En términos generales se puede decir que son pocos los municipios que cuentan con medios electrónicos (web y correo electrónico) para brindar un servicio de acceso a información gubernamental.

Influencia de la Sociedad Civil en:	PAÍSES
	Canadá	Estados Unidos	México
Decisiones presupuestarias	Media	Media	Baja
Consultas con el Gobierno Local	Alta	Media/Alta	Baja, pero en crecimiento
Discusiones sobre temas que afectan directamente a la población	Media/Alta	Media/Alta	Baja
El trabajo en comités	Alta	Alta	Baja, pero en crecimiento

País	Marco jurídico normativo que regule la formación de OSC
Canadá	Derecho a libre asociación está incluido en la Carta de Libertades y Derechos, sin embargo el actuar de las OSCs está regulado por las leyes fiscales de Canadá.
Estados Unidos	Derecho de asociación consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Las OSCs se encuentran normadas por las leyes fiscales de Estados Unidos y deben registrarse ante los gobiernos estatales.
México	En México la formación de OSCs se encuentra normada por el Código Civil, así como por leyes fiscales. En 2003 se aprobó la Ley Federal Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de Sociedades Civiles.

País	Instrumentos de financiamiento público y privado destinados a fortalecer la capacidad de las OSC
Canadá	En Canadá existe una larga tradición de cooperación entre el gobierno (tanto a nivel local, provincial y federal) y las OSCs para el diseño de programas públicos y para su implementación que funciona a través de becas, transferencia de fondos públicos, contratos, etcétera. En 2001, la Mesa Redonda del Sector Voluntario y el gobierno canadiense anunciaron la Iniciativa para el Sector Voluntario, una iniciativa de diálogo entre ambas partes a fin de fortalecer las capacidades del sector voluntario. Las OSCs también pueden tener acceso a financiamiento privado de acuerdo con el estatus que tenga la OCS (de organización caritativa o de organización sin fines lucrativos).
Estados Unidos	Existen varios mecanismos para apoyar financieramente a las OCS (e.g. becas, contratos que se asignan a través de concursos) tanto en el nivel federal como en el estatal. Las OSCs también pueden acceder a fondos privados mediante patrocinios, donaciones y para capacitación.
México	La recientemente aprobada Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles considera instrumentos para el acceso al financiamiento público para las OCS. Esta Ley aún esta en proceso de reglamentación. Es importante mencionar que desde hace tiempo varias dependencias o secretarías de gobierno cuentan con programas específicos para destinar o dotar de recursos a algunas organizaciones civiles, mediante programas de Coinversión. Se están buscando formas para lograr mayor claridad al respecto a fin de dotar a las OSCs con suficientes recursos para desempeñar sus labores, sin que ello implique la pérdida de autonomía (i.e. se busca un marco que permita balancear el financiamiento público y privado).

ESTADO	REFERENDUM	PLEBISCITO	INICIATIVA POPULAR	CONSULTA POPULAR	REVOCACIÓN DE MANDATO
AMÉRICA LATINA
Argentina			x	x	*
Bolivia	x		x
Brasil	x	x	x
Colombia	x	x	x	x	*
Costa Rica
Cuba	x		x	x
Chile		x
Ecuador	x		x	x	*
El Salvador
Guatemala	x		x	x
Honduras	x	x
México
Nicaragua	x	x	x
Panamá	x		x	x	x**
Paraguay	x		x	x
Perú	x		x		*
República Dominicana
Uruguay	x	x	x
Venezuela	x		x	x	X**
EUROPA
Austria	x		x
España	x		x	x
Francia	x	x	x	x
Irlanda	x	x
Italia	x		x
Portugal	x		x
Suiza	x		x	x

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Argentina	Nov. 84	Consulta	Laudo Beagle	Aprobado	Legitimador, no vinculante. Apoyo a la gestión del Presidente Alfonsín iniciador de la propuesta.
Brasil	Abr. 93	Plebiscito	Monarquía o república	República	Legitimador del régimen vigente, vinculante.
Brasil	Abr. 93	Plebiscito	Parlamentarismo o Presidencialismo	Presidencialismo	Legitimador del régimen vigente y del sistema presidencialista.
Colombia	Mar. 90	Consulta "informal"	Posibilidad de reformar la Constitución por medios extraparlamentarios. Consulta promovida por estudiantes ["7ta. Papeleta]	"Aprobatoria"	Con base en esta consulta informal se realizó la convocatoria y la elección de una Asamblea Constituyente en diciembre de 1990.
Colombia	Oct. 97	Consulta	Apoyo a la pacificación	Aprobado	Ninguno. Intento de legitimación del proceso de paz por parte de la presidencia.
Chile	Sep. 80	Plebiscito	Nueva Constitución fundante del nuevo régimen.	Aprobada	Nueva Constitución y nuevo sistema electoral.
Chile	Octubre 1988	Plebiscito	De acuerdo a Constitución de 1980 prolongación o no del mandato del Presidente General Augusto Pinochet.	Rechazado	Rechazo de la propuesta militar por vía de la consulta popular, prevista ya en 1980. Permitió, a continuación, acelerar la apertura democrática.
Chile	Junio 1989	Plebiscito	Reforma Constitucional	Aprobada	Confirmatorio de las negociaciones de transición a la democracia.
Ecuador	Ene. 78	Plebiscito	Constitución	Aprobado	Legitimación de transición
Ecuador	Jun. 86	Consulta	Candidaturas independientes de los partidos	Rechazado	Ninguno. No Vinculante.
Ecuador	Ago. 94	Consulta-encuesta de siete preguntas.	Lo más relevante de las preguntas apuntaba a dar legitimidad al presidente.	Aprobadas la mayoría excepto el manejo del presupuesto por el parlamento.	No vinculante. Mero ejercicio de apoyo al presidente del momento Sixto Durán, iniciador del proceso. Puntos no implementados.
Ecuador	Nov. 95	Consulta-encuesta	El punto principal era la posibilidad que el Presidente pudiese disolver el parlamento por una vez en su mandato y la extensión a cuatro años para el mandato de los parlamentarios elegidos por provincias (hasta el momento electos por dos años, lo que implicaba la renovación total del parlamento a la mitad del período presidencial).	Rechazado in totum.	No vinculante. Se tradujo en un plebiscito en contra la gestión del Presidente Sixto Durán, iniciador del proceso.
Ecuador	May. 97	Consulta- encuesta de once preguntas	Puntos principales: Apoyar destitución de Bucaram y la presidencia de Alarcón	Aprobado	Legitimación de la caída del anterior presidente y confirmación de su sustituto. Como resultado de la consulta se convocó a una Constituyente que aprobó una nueva Constitución donde se recogen una parte de las medidas sometidas a consulta.
Guatemala	Ene. 94	Referéndum	Reforma Constitucional	Aprobada	Aprobación de reformas constitucionales resultado de los ajustes de la institucionalidad tras el fracasado autogolpe del Presidente Jorge Serrano.
Guatemala	May. 99	Referéndum	Reformas constitucionales para implementar acuerdos de paz	Rechazado	Se tradujo en plebiscito en contra del gobierno y no sobre el tema constitucional en debate.
Panamá	Abril 83	Referéndum	Reforma constitucional	Aprobada	Fortalecimiento del régimen autoritario de Noriega.
Panamá	Nov. 92	Referéndum	Reforma Constitucional de 58 puntos.	Rechazado	Intento de legitimar las reformas introducidas por el régimen democrático.
Panamá	Ago. 98	Plebiscito	Reforma Constitucional. Reelección inmediata del presidente y otros puntos.	Rechazado	Se votó contra la gestión del Presidente Pérez Balladares.
Perú	Oct. 93	Plebiscito	Nueva Constitución.	Aprobado	Legitimación del nuevo régimen del Presidente Fujimori.
Uruguay	Nov. 89 Nov. 94 Dic. 1996	Plebiscitos	Reformas Constitucionales Nov. 1989 y 1994 Normas para proteger a jubilados y pensionistas. Dic. 1996. Cambio del sistema electoral.	Aprobadas 1989, 1994 y 1996.	Aprobación de acuerdos previos de la clase política sobre forma de gobierno y de iniciativas populares de grupos de retirados y pensionados (1989-94).
Uruguay	Nov.80 Ago.94 Nov.94Oct. 99	Plebiscitos	Reformas Constitucionales 1980 Nueva Constitución (origen gobierno militar). 1994 Ago. Reforma Constitucional separando elecciones municipales y nacionales. 1994 Nov. 27% del presupuesto para la enseñanza. Oct. 1999. Dos reformas. (I)Prohibición de candidatearse a miembros de empresas estatales y (II) Porcentaje fijo del presupuesto para el Poder Judicial.	Rechazadas 1980; Agosto 1994; Nov. 1994 Oct. 1999 (I) Oct 1999 (II)	Sólo en 1994 se rechazó un acuerdo previo de la mayoría de la clase política. En los otros casos , una es una iniciativa legislativa minoritaria, otra de un grupo de interés y la tercera, la propuesta militar de 1980.
Uruguay	Abr. 89	Referéndum	Ley de amnistía general a militares y policías.	Aprobada	Dar respaldo popular a una decisión muy polémica.
Uruguay	1992	Referéndum	Privatización parcial de empresa telefónica estatal.	Rechazada	Refrendar el "estatismo" del electorado.
Venezuela	Abr. 1999	Referéndum	Acuerdo con la resolución del Ejecutivo para elegir una Constituyente y sobre su integración (2 consultas en el mismo día).	Aprobadas	Procesos que formaron parte, junto a elecciones de presidente, diputados y gobernadores de la iniciativa del Presidente Chávez para replantear la fórmula política y social del país.
Venezuela	Dic. 99	Plebiscito	Reforma Constitucional.	Aprobada

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Uruguay	Dic 2003	Referéndum	Revocación de la Ley 17.448. texto que derribaba el monopolio para la importación de combustibles y permitía la asociación de Ancap (ente estatal) con capitales privados	Aprobado (63%)	Derogó la ley 17.448,
Uruguay	Oct. 2004	Referéndum	Reforma constitucional que excluye al sector privado de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento	Aprobado (60%)	Declarar el agua como "bien público", y la protege en adelante de caer en manos privadas, a la vez que garantiza la participación de los usuarios en todos los niveles de su gestión.
Bolivia	Julio 2004	Referéndum obligatorio	Abrogación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, Dotar al Estado de la propiedad formal de los hidrocarburos, aprobación para refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), legitimar la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico y que sea exportado.	Aprobado	Aprobación de las líneas maestras de la ley de hidrocarburos en Bolivia.
Venezuela	Agosto 2004	Referéndum revocatorio	Dejar sin efecto el mandato presidencial de Hugo Chávez	Rechazado (59%)	Permanencia y legitimación del gobierno del Presidente Chávez.

		Actividades realizadas
		Colabora en actividades sociales con trabajo, dinero o reuniones			Votó o no votó, pero sin presiones para hacerlo de cierta manera			Ha realizado contactos con funcionarios o medios			Ha participado en manifestaciones colectivas
País y región	Muestra Total	Muestra válida	% de no Res-puesta	Cola-bora	Muestra válida	% de no respuesta	Sin presión	Muestra válida	% de no respuesta	Hace contacto	Muestra válida	% de no respuesta	Manifestaciones colectivas
Argentina	1.200	1.148	4,3	50,3	1.101	8,3	93,8	1.180	1,7	15,5	1.162	3,2	28,4
Bolivia	1.242	1.045	15,9	68,1	1.056	15,0	81,2	1.133	8,8	24,5	1.093	12,0	19,2
Brasil	1000	939	6,1	67,6	907	9,3	82,4	970	3,0	35,7	971	2,9	36,9
Colombia	1.200	1.116	7,0	45,7	1.090	9,2	87,0	1.174	2,2	11,3	1.081	9,9	18,1
Costa Rica	1.006	898	10,7	74,5	940	6,6	93,1	945	6,1	31,5	893	11,2	26,0
Chile	1.188	1.116	6,1	49,5	1.108	6,7	94,6	1.153	2,9	15,1	1.122	5,6	18,7
Ecuador	1.200	1.073	10,6	50,0	1.049	12,6	95,3	1.094	8,8	22,3	1.117	6,9	21,8
El Salvador	1.014	906	10,7	61,4	867	14,5	90,5	952	6,1	16,6	902	11,0	13,9
Guatemala	1000	901	9,9	64,5	809	19,1	91,7	963	3,7	23,6	973	2,7	15,6
Honduras	1.005	903	10,1	72,5	914	9,1	89,4	963	4,2	26,9	910	9,5	22,2
México	1.210	1.210	0,0	58,8	1.150	5,0	80,5	1.196	1,2	22,0	1.158	4,3	39,9
Nicaragua	1.016	936	7,9	56,9	986	3,0	93,2	968	4,7	24,7	922	9,3	21,0
Panamá.	1.010	889	12,0	54,3	870	13,9	84,3	938	7,1	14,0	932	7,7	13,5
Paraguay	1.200	1.188	1,0	84,0	1.125	6,3	94,6	1.191	0,8	24,6	1.114	7,2	17,8
Perú	1.224	1.058	13,6	62,5	1.147	6,3	90,4	1.111	9,2	18,6	1.072	12,4	29,9
República Dominicana	1000	950	5,0	67,6	955	4,5	87,9	979	2,1	26,1	956	4,4	21,3
Uruguay	1.187	1.141	3,9	33,6	1.079	9,1	94,3	1.148	3,3	19,7	1.114	6,1	45,2
Venezuela	1.200	1.091	9,1	67,3	1.045	12,9	80,6	1.107	7,8	22,0	1.108	7,7	22,6
Centroamérica y México(1)	8.261	7.593	8,1	63,6	7.491	9,3	88,6	7.904	4,3	23,2	7.646	7,4	22,2
Región Andina	6.066	5.383	11,3	58,6	5.387	11,2	87,0	5.619	7,4	19,7	5.471	9,8	22,3
MERCOSUR y Chile	5.775	5.532	4,2	56,9	5.320	7,9	92,3	5.642	2,3	21,7	5.483	5,1	29,2
América Latina	20.101	18.508	7,9	60,1	18.198	9,5	89,2	19.165	4,7	21,7	18.6	7,5	24,3

País	Políticas de Estado orientadas a educar a la ciudadanía en sus derechos de acceso a la justicia
Canadá	Algunos de los programas públicos orientados a este fin son: - Programa Público de Educación e Información Legal - Red de Acceso a la Justicia - El Departamento de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, entre otros tienen sitios web con información útil y accesible relacionada con un amplio número de temas de justicia
Estados Unidos	La Oficina de Programas Judiciales del Departamento de Justicia, así como el Servicio Nacional de Referencias de Justicia Criminal han implementado programas de educación sobre derechos legales y lo canales que existen en el sistema judicial para canalizar demandas para OCSs y agencias de los gobiernos locales. Y son estos gobiernos quienes tienen programas más específicos para la ciudadanía.
México	Quienes difunden información de manera más sistemática son las Comisiones de Derechos Humanos y las organizaciones civiles, no obstante normalmente éstos datos se centran más en cuestiones estadísticas que en información sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Se requiere mayor atención a este punto.

Modos de participación
País y región	Muestra total	Muestra válida	% de no respuesta	No hace nada	Sólo vota	Sólo colabora	Vota y colabora	Sólo acción política	Vota y acción política	Colabora y acción política	Vota, colabora y acción política
Argentina	1.200	1.121	6,6	4,1	33,6	4,0	21,1	1,3	8,7	2,4	24,7
Bolivia	1.242	995	19,9	3,8	18,2	6,2	33,7	0,4	4,6	4,7	28,3
Brasil	1000	892	10,8	5,2	15,5	5,2	20,1	1,8	8,7	7,6	36,0
Colombia	1.200	1.056	12,0	21,3	24,1	13,5	16,6	3,6	5,1	4,9	10,8
Costa Rica	1.006	933	7,3	5,5	14,8	12,3	23,5	1,2	2,8	7,6	32,4
Chile	1.188	1.129	5,0	13,6	28,2	8,1	23,0	0,9	4,3	5,9	16,0
Ecuador	1.200	1.025	14,6	3,3	33,3	3,0	26,4	0,7	10,6	3,0	19,6
El Salvador	1.014	837	17,5	16,1	15,4	17,7	24,5	2,6	2,3	6,5	14,9
Guatemala	1000	861	13,9	11,3	17,0	11,5	25,6	1,4	3,5	5,3	24,5
Honduras	1.005	890	11,4	5,6	16,1	7,5	31,9	0,9	2,6	4,9	30,4
México	1.210	1.140	5,8	3,2	20,9	4,9	20,7	4,1	12,0	4,4	29,7
Nicaragua	1.016	941	7,4	7,1	26,0	5,1	25,1	1,0	6,3	3,8	25,6
Panamá.	1.010	840	16,8	4,6	33,1	3,7	35,5	0,8	5,6	2,0	14,6
Paraguay	1.200	1.122	6,5	7,7	7,0	22,5	30,0	0,2	0,4	10,2	22,1
Perú	1.224	1.075	12,2	2,4	23,0	1,9	32,1	0,4	7,5	2,2	30,5
República Dominicana	1000	946	5,4	7,0	18,3	11,0	24,9	0,8	5,0	5,1	27,9
Uruguay	1.187	1.066	10,2	1,9	33,4	0,2	10,3	1,0	29,1	0,4	23,7
Venezuela	1.200	1.025	14,6	8,3	16,6	11,5	26,6	2,3	4,3	6,7	23,6
Centroamérica y México(1)	8.261	7.388	10,6	7,3	20,2	9,0	26,2	1,7	5,3	5,0	25,4
Región Andina	6.066	5.176	14,7	7,9	23,1	7,2	27,0	1,5	6,5	4,3	22,5
MERCOSUR y Chile	5.775	5.330	7,7	6,6	23,8	8,2	21,1	1,0	10,1	5,3	24,0
América Latina	20.101	17.894	11,0	7,3	22,1	8,3	24,9	1,4	7,0	4,9	24,2

				Sí colabora y tipo de organización donde lleva a cabo sus actividades de colaboración
				Comunal			Religiosa
País y región	Muestra	No colabora	Total	Desarrollo comunal, junta de vecinos	Deportivos o asociaciones de recreación	Grupos de mujeres	Total	Iglesia y religiosas
Argentina	1.200	53,4	15,5	10,1	4,5	0,9	10,5	10,5
Bolivia	1.242	37,1	44,2	34,6	5,4	4,2	10,9	10,9
Brasil	1000	41,7	19,3	14,0	3,7	1,6	27,3	27,3
Colombia	1.200	62,2	20,5	15,8	3,1	1,7	8,7	8,7
Costa Rica	1.006	34,0	32,8	26,1	3,9	2,8	19,3	19,3
Chile	1.188	51,3	25,8	16,3	6,5	3,0	11,9	11,9
Ecuador	1.200	52,9	31,6	23,6	6,1	1,9	10,3	10,3
El Salvador	1.014	48,2	32,3	27,4	3,9	1,0	12,8	12,8
Guatemala	1000	49,6	12,0	8,6	2,1	1,3	20,9	20,9
Honduras	1.005	40,1	27,8	22,6	3,8	1,4	10,8	10,8
México	1.210	41,1	38,3	32,8	4,8	0,7	11,5	11,5
Nicaragua	1.016	52,1	15,3	13,6	0,7	1,0	8,5	8,5
Panamá.	1.010	51,3	31,5	25,7	5,3	0,4	11,4	11,4
Paraguay	1.200	16,8	49,3	40,6	7,7	1,0	40,5	40,5
Perú	1.224	46,2	40,7	26,2	7,9	6,5	12,6	12,6
República Dominicana	1000	33,7	48,6	37,3	7,6	3,7	25,3	25,3
Uruguay	1.187	69,2	12,0	7,7	3,4	0,9	6,1	6,1
Venezuela	1.200	43,3	28,1	22,4	4,6	1,1	6,8	6,8
Centroamérica y México(1)	8.261	43,7	30,0	24,5	4,0	1,5	14,9	14,9
Región Andina	6.066	48,2	33,1	24,6	5,4	3,1	9,9	9,9
MERCOSUR y Chile	5.775	46,6	24,6	17,9	5,2	1,5	19,0	19,0
América Latina	20.101	45,9	29,4	22,6	4,8	2,0	14,6	14,6

			Sí colabora y tipo de organización donde lleva a cabo sus actividades de colaboración
			Defensa de derechos			Educación, cultura y recreación
País y región	Muestra	No colabora	Total	Apoyo a pobres, discapacitados y ancianos	Pro derechos humanos	Total	Educativas, artísticas, musicales o culturales	Boy scout o asociaciones de jóvenes
Argentina	1.200	53,4	11,3	10,3	1,0	10,7	9,8	0,8
Bolivia	1.242	37,1	8,1	6,0	2,1	14,0	12,4	1,6
Brasil	1000	41,7	12,8	11,0	1,8	16,4	7,1	9,3
Colombia	1.200	62,2	11,8	10,8	1,1	4,9	4,3	0,6
Costa Rica	1.006	34,0	8,5	7,7	0,9	9,1	6,7	2,5
Chile	1.188	51,3	11,8	10,0	1,8	7,6	4,9	2,7
Ecuador	1.200	52,9	12,9	11,8	1,2	6,0	5,3	0,8
El Salvador	1.014	48,2	3,7	2,5	1,3	6,2	5,2	1,0
Guatemala	1000	49,6	3,8	3,4	0,4	8,4	5,7	2,7
Honduras	1.005	40,1	7,2	6,7	0,5	10,9	10,7	0,2
México	1.210	41,1	9,7	9,7	0,0	14,8	10,6	4,2
Nicaragua	1.016	52,1	4,0	3,5	0,5	6,0	5,0	1,0
Panamá.	1.010	51,3	6,0	5,7	0,3	8,4	8,2	0,2
Paraguay	1.200	16,8	28,1	27,4	0,7	19,5	15,7	3,8
Perú	1.224	46,2	13,1	11,9	1,1	9,9	8,4	1,5
República Dominicana	1000	33,7	12,8	12,4	0,4	7,3	6,7	0,6
Uruguay	1.187	69,2	11,8	11,1	0,7	6,7	6,1	0,5
Venezuela	1.200	43,3	11,6	10,1	1,5	10,0	8,5	1,5
Centroamérica y México(1)	8.261	43,7	7,0	6,5	0,5	9,0	7,4	1,6
Región Andina	6.066	48,2	11,5	10,1	1,4	9,0	7,8	1,2
MERCOSUR y Chile	5.775	46,6	15,3	14,1	1,2	12,0	8,8	3,2
América Latina	20.101	45,9	10,7	9,8	1,0	9,9	7,9	2,0

	Sí colabora y tipo de organización donde lleva a cabo sus actividades de colaboración
	Laboral					Ecológica			Otras				Promedio de organizaciones en las que colabora ⁽²⁾
País y región	Total	Sindicatos	Asociaciones gremiales	Asociaciones profesionales		Total	Ecologistas o de Protección al ambiente	Protección de animales	Total	Cooperativas	Otros grupos u organizaciones		Promedio de organizaciones en las que colabora ⁽²⁾
Argentina	3,9	0,8	2,3		0,8	3,0	2,5	0,5	9,6	1,5		8,1	1,39
Bolivia	15,0	7,6	5,5		1,9	5,2	3,0	2,2	10,4	5,6		4,8	1,72
Brasil	18,4	6,6	9,5		2,3	5,9	4,8	1,1	4,5	2,2		2,3	1,79
Colombia	2,4	0,3	1,1		1,1	2,3	2,1	0,2	5,3	1,7		3,6	1,49
Costa Rica	4,3	1,2	1,0		2,1	3,6	2,5	1,1	13,7	2,6		11,1	1,39
Chile	4,7	2,4	1,7		0,7	3,6	2,7	0,9	9,9	1,0		8,9	1,55
Ecuador	8,3	2,8	3,8		1,8	3,2	2,2	1,0	2,2	1,8		0,4	1,58
El Salvador	1,0	0,3	0,7		0,0	2,1	1,8	0,3	7,2	0,8		6,4	1,26
Guatemala	2,3	0,5	0,8		1,0	3,0	2,4	0,6	11,8	2,3		9,5	1,23
Honduras	3,4	1,0	2,0		0,4	7,0	5,4	1,6	11,8	1,6		10,2	1,32
México	7,7	4,3	1,9		1,5	3,9	3,9	0,0	17,9	2,5		15,4	1,77
Nicaragua	3,2	0,6	0,8		1,9	5,5	5,3	0,2	17,1	0,3		16,8	1,30
Panamá.	3,6	2,0	1,3		0,3	7,2	7,1	0,1	10,6	3,1		7,5	1,63
Paraguay	6,4	2,3	1,3		2,8	6,5	5,7	0,8	13,3	7,5		5,8	1,97
Perú	9,5	4,2	3,9		1,4	4,7	4,1	0,7	4,5	2,6		1,9	1,76
República Dominicana	7,2	2,7	3,0		1,5	4,6	4,5	0,1	8,1	4,8		3,3	1,74
Uruguay	5,8	1,7	3,4		0,8	2,5	2,2	0,3	5,3	2,4		2,9	1,63
Venezuela	9,2	3,4	4,3		1,5	3,1	2,1	1,0	10,0	5,6		4,4	1,39
Centroamérica y México(1)	4,2	1,6	1,4		1,1	4,6	4,1	0,5	12,4	2,2		10,2	1,47
Región Andina	8,9	3,7	3,7		1,5	3,7	2,7	1,0	6,5	3,5		3,0	1,60
MERCOSUR y Chile	7,5	2,6	3,4		1,4	4,3	3,5	0,7	8,7	2,9		5,7	1,71
América Latina	6,6	2,5	2,7		1,3	4,2	3,5	0,7	9,6	2,8		6,7	1,58