Desarrollo Social
Antecedentes
Para analizar el desarrollo social en México se optó por mostrar sus
características más sobresalientes en dos grandes vertientes. Por un lado, la descripción
de las políticas sociales y, por el otro, la evolución de algunos indicadores
considerados clave y que están disponibles para el periodo histórico que va del
fin de la Revolución Mexicana hasta la actualidad.[1]
El punto de partida
El interés por el desarrollo
social como un asunto público está vinculado al surgimiento del Estado de
Bienestar. Sus antecedentes se encuentran en los programas de protección social
que incluían seguros contra enfermedades y/o accidentes de trabajo instituidos
por Otto Von Bismarck en Alemania en la segunda mitad de la década de 1880. Se
considera que el Estado de Bienestar como tal surgió en Inglaterra en la década
de 1940 a raíz del Informe Beveridge, presentado
en 1942, el cual dio origen al Estado benefactor inglés cuya finalidad fue
combatir “la indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y la
ociosidad”.[2] Así,
la población adquirió derechos
sociales por su condición de ciudadanos y no por su posición en el mercado de
trabajo. El financiamiento de la seguridad social universal respondió a un
pacto social entre trabajadores, Estado y empresarios, esto es, la sociedad
reconoció y asumió un principio de solidaridad entre clases.[3]
Aunque en México y en el resto de América Latina no se conformó un
Estado de Bienestar, tuvieron lugar arreglos entre el Estado, los patrones, los
trabajadores y otros sectores de la población que institucionalizaron la forma
en que se produce y distribuye el bienestar, por lo cual se considera que
configuraron un régimen de bienestar.[4] En México, se estableció un régimen de bienestar
dual: por un lado se privilegió a la población urbana organizada,
empleada en el sector público y en las ramas más dinámicas de la economía y,
por el otro, se excluyó al resto de la población.
En el periodo de la
segunda posguerra la intervención del
Estado en la economía y en el desarrollo social inició un franco despliegue. La
atención de los gobiernos desarrollados se centró en la reconstrucción de los
estándares de bienestar económico y social gravemente dañados o destruidos por
la guerra. En México, se emprendió un proceso de industrialización por
sustitución de importaciones que puso énfasis en el crecimiento económico.
Diversos autores fechan el inicio del desarrollo social y económico del México moderno al término de la Revolución Mexicana. Para la descripción de la evolución del desarrollo social se utilizan las cuatro fases propuestas por Carlos Barba quien emplea como criterio de periodización los avances y transformaciones del régimen de bienestar y de las políticas sociales.[5]
1917-1940. Fase de constitución de la política social posrevolucionaria.
1940-1982. Etapa de articulación entre la política social y el modelo de
sustitución de importaciones.
1982-1988. Fase de crisis de articulación entre la política social y la
industrialización.
1989 a la fecha. Cambio en el paradigma del bienestar.
Periodo 1917-1940
En este periodo se
perfiló la naturaleza de la política social posrevolucionaria, de la que
emergió el régimen de bienestar mexicano. La Constitución de 1917 tenía un elevado contenido social, principalmente en los
artículos 3, 4 y 123, y consagraba
la intervención del Estado en la promoción del desarrollo social, en el artículo
25 constitucional.[6] No obstante, aún en la década de 1930 el
gobierno de México mantuvo restringido su papel por la escasez de recursos
presupuestarios y porque todavía predominaba el paradigma liberal, que limita
la participación del Estado en la economía y privilegia la acción individual.
Durante estos años, se realizaron acciones importantes en el campo de la
salud pública, entre las que destacan las campañas sanitarias, de vacunación y
de educación higiénica, realizadas por el Departamento de Salubridad,
creado en 1917. A partir de 1934,
con el primer plan sexenal de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, estas
campañas se extendieron por todo el país y comenzó la provisión sistemática de
servicios de salud. Para cumplir con estas funciones se creó en 1938 la
Secretaría de la Asistencia Pública.[7] En
1943, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la fusión de ambas
dependencias dio lugar a la creación de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.[8]
Los problemas de salud pública en México estaban íntimamente
relacionados, por un lado, con el analfabetismo y las bajas tasas de
escolaridad y, por el otro, con las casi inexistentes redes de agua potable,
drenaje y alcantarillado. A partir de 1940, la creciente cobertura de
infraestructura social básica, junto con las campañas sanitarias y de
alfabetización, contribuyeron a elevar las condiciones de salud de buena parte
de la población, sobre todo urbana y semiurbana, lo
que se reflejó en la notable disminución de las enfermedades
infecciosas y parasitarias.
En materia educativa,
en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública y el Estado asumió la
responsabilidad de otorgar educación primaria a toda la población. Los
programas educativos se volcaron hacia las campañas de alfabetización. Al
inicio del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas se emprendieron acciones para
extender la educación pública en el nivel de primaria. En 1921, de un total de
11 millones 749 mil habitantes, 61.5 por ciento era analfabeta y para 1940 esta
cifra disminuyó a 58 por ciento, una reducción claramente insuficiente.
La crisis económica mundial de 1929 impulsó el surgimiento del Estado
interventor. Para México, nación agrícola que exportaba productos primarios e
importaba bienes manufacturados, la crisis fue un golpe decisivo. De 1929 a
1932 el comercio exterior cayó a la mitad. Esto condujo a especialistas y
funcionarios públicos a modificar el manejo de la economía, lo cual allanó el
camino hacia la industrialización del país. No obstante, fue hasta el periodo
de la segunda posguerra cuando la intervención gubernamental adquirió mayor
vigor.
Durante
la primera mitad del siglo XX el logro de la integración nacional fue
uno de los principios que promovieron y justificaron las políticas sociales y
económicas como acciones prioritarias, debido a la gran dispersión y
aislamiento de los centros de población. Entre las múltiples acciones del
Gobierno Federal en esa dirección están la construcción y la ampliación de
carreteras y caminos para comunicar a pequeñas poblaciones, ciudades y
entidades federativas, para favorecer el tránsito de bienes, servicios y
personas.
Periodo
1940-1982
A partir de 1940, los gobiernos pusieron mayor énfasis en el logro del
crecimiento económico a través de la industrialización. Así, aunque continúo la
promoción estatal del desarrollo social, se consideraba que el crecimiento
económico se convertiría en sí mismo en un mecanismo para elevar el nivel de
vida de la población.
A lo largo de las décadas de 1940 y 1950 la inversión pública en
infraestructura y el fomento industrial fue prioritaria. La ampliación de las
áreas de riego, la construcción de presas y diques, la electrificación de
amplias zonas del territorio, la construcción de carreteras y de sistemas de
comunicaciones, generaron empleos e ingresos. Mientras la estructura productiva
se amplió y diversificó, las acciones de bienestar, acotadas a grupos
organizados urbanos, se tradujeron en la mejoría de diversos indicadores
sociales, sobre todo en términos de ampliación de la cobertura de salud y
educación.[9]
El gasto social creció en la medida en que se
ampliaron los servicios básicos, las acciones de salud y de educación. La
intervención estatal en la economía se financió con los ingresos petroleros, los
cuales fueron insuficientes, por lo cual se inauguró el recurso de utilizar el
déficit fiscal.[10] Entre 1940 y 1958 la
inflación creció como resultado del déficit público que financió la
intervención en la economía y las acciones sociales, provocando que los logros
de los asalariados se revirtieran.[11] Para combatir la
inflación y reducir el déficit, la política económica de los años siguientes se
centró en el crecimiento sin inflación, por lo que se conoce a este periodo
como de Desarrollo Estabilizador (1958-1970).
La intensa actividad gubernamental a favor del desarrollo económico
desplegada de 1950 a 1970 fue alentada por las propuestas de crecimiento
económico mediante la industrialización por sustitución de importaciones
promovida por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), creada en 1947. Estas recomendaciones
coincidieron con el discurso y los objetivos nacionalistas que caracterizaron a
este periodo. [12]
En este periodo, el avance más importante en materia social fue la
creación, en 1943, del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y, posteriormente, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959, que sustituyó a la Dirección
de Pensiones Civiles y Retiro. Estas instituciones garantizaron el derecho a la
salud y la seguridad social. La
seguridad social ya se había instaurado en varios países de América Latina
(Argentina, Chile, Uruguay, entre otros) de manera que México estaba rezagado
en la materia. A mediados de la década 1960 el sistema de protección social
registró un logro notable al hacer obligatorias las aportaciones empresariales
para la vivienda social.
Para Viviane Brachet, el rasgo más significativo de la década de 1940
fue el surgimiento y la consolidación del corporativismo, el cual devino
crucial para el desarrollo social ya que buena parte de los beneficios en materia
de bienestar y seguridad social se destinaron, desde entonces, a los grupos de
trabajadores organizados. De esta forma, Brachet considera que la seguridad social y los avances en materia
laboral fueron una forma de controlar al movimiento obrero ante el fin de la Segunda Guerra Mundial, el
avance del socialismo y el comienzo de la Guerra Fría.[13]
La agenda internacional tuvo gran influencia en el diseño de políticas
sociales, a través de la difusión de las medidas de bienestar europeas como
modelo para elevar las condiciones de vida de la población o bien, mediante la
activa intervención de organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo. Ante el triunfo de la Revolución Cubana, el
gobierno de Estados Unidos creó en 1963 la Alianza para el Progreso como agenda
del desarrollo social en esta década, estrategia que contó con amplio apoyo de
instituciones multilaterales como el Banco
Mundial, fundado en 1944 y el Banco Interamericano de Desarrollo creado en
1957.[14]
El fin del desarrollo
estabilizador
El agotamiento del modelo de crecimiento se expresó en fuertes
desequilibrios económicos y financieros al comenzar la década de 1970. Entre
los problemas que ya eran manifiestos desde mediados de la década 1960 puede
mencionarse el elevado crecimiento demográfico (3.2 por ciento anual) frente al cual las
políticas de empleo, educación, habitación, atención a la salud, asentamientos
humanos, cobertura de demanda de alimentos y vestido, eran insuficientes.[15] A partir de 1970, se inició una tendencia
descendente en el crecimiento demográfico explicable, en buena parte, por las
políticas de control de la natalidad.
Los montos del financiamiento al desarrollo
social proporcionados por la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento
disminuyeron drásticamente, de 89 millones de dólares en el bienio 1962-1964 se
pasó a 25.1 millones en 1964-1970. Estos préstamos se emplearon principalmente
en la ampliación de redes de agua potable y drenaje y, en menor medida, para la
educación.[16]
La crisis económica de 1976 paralizó las acciones sociales reformistas y
la austeridad fiscal condujo a un acercamiento más estrecho del Estado con la
iniciativa privada, conocido como Alianza para la Producción. De acuerdo con Rolando Cordera, la estrategia
de industrialización sustitutiva favoreció el crecimiento económico pero moldeó
un desarrollo social desequilibrado y, aunque hubo una disminución relativa de
la pobreza, la desigualdad social se erigió como un rasgo inherente al
desarrollo social del país.[17]
El breve auge petrolero de comienzos del decenio 1980 permitió nuevas
reformas sociales que casi de inmediato fueron detenidas por el surgimiento de
la crisis de 1980-1982, desencadenada por la imposibilidad de pagar la deuda
externa. Se inició la reforma del Estado que, entre otras cosas, implicó el
redimensionamiento del sector público y el replanteamiento del papel del Estado
en las políticas sociales.[18]
Políticas sociales precursoras del combate a la
pobreza
En 1973 se instituyó el Programa de
Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural Integral (Pider), cuya finalidad
fue integrar todos aquellos programas destinados al medio rural, ejecutados por
los tres niveles de gobierno. Se pretendía que los programas de desarrollo
rural fuesen autofinanciables. Parte de los recursos del Pider provinieron de
organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo.[19]
En 1976 se crearon dos programas emblemáticos
de ese momento, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados y el
Sistema Alimentario Mexicano. El primero es un antecedente notable
de las políticas de combate a la pobreza, que por medio de la Coordinación
General del Programa realizó un amplio diagnóstico sobre la situación de los
grupos y áreas marginadas del país. Sus resultados mostraron una radiografía de
la marginación que hizo posible programar acciones específicas en los campos de
la salud, abasto alimentario, mejoras en viviendas rurales, ampliación de las
redes de agua potable, electrificación, construcción de caminos, así como
actividades de apoyo a la organización campesina. Aunque el programa sólo tuvo
vigencia de 1976 a 1982, el enfoque de atención a grupos marginados, sobre todo
en el medio rural, fue un reconocimiento implícito de que las políticas
universales y los subsidios generalizados al consumo
aplicados hasta el momento no llegaban a esos segmentos de la población,
como revelaron los estudios realizados.[20]
El Sistema Alimentario Mexicano buscaba
combatir la pérdida de autosuficiencia alimentaria en productos básicos
agropecuarios y coadyuvar a disminuir la pobreza extrema. Estos dos programas
fueron cancelados al comenzar la crisis económica y financiera de comienzos de
la década de 1980 que dio lugar al proceso de ajuste estructural. Estas
circunstancias condujeron a un cambio profundo en las políticas sociales.[21]
Periodo 1982-1988
A partir de la década de
1980, México vivió un proceso de crisis y ajuste estructural que implicó un
cambio de modelo económico basado en la apertura económica y comercial y en la
desregulación financiera. Este proceso trajo consigo profundos cambios en el
diseño y ejecución de las políticas sociales, como la sustitución del
universalismo –que privilegió a estratos medios y altos urbanos— por políticas
y programas selectivos y focalizados a los segmentos de población con mayores
carencias y rezagos.[22]
Con el proceso de ajuste iniciado en 1982-1983
el gasto público en general y el social en particular, tuvieron recortes
sustantivos. La política social fue sometida a criterios de eficiencia en la
asignación de recursos. La falta de presupuesto para enfrentar la demanda de
bienes y servicios públicos amplió las desigualdades sociales y la pobreza
aumentó.[23]
Llama la atención la ausencia de políticas
sociales compensatorias que amortiguaran los efectos de la crisis y el ajuste
estructural, con excepción de los
Programas Regionales de Empleo, cuyos efectos fueron muy limitados.[24]
Periodo
1989-2009
A partir de 1988 inició una nueva etapa de la
política social mediante un paquete alternativo de bienestar social que buscó
compensar los rezagos sociales con recursos fiscales escasos. Las políticas
sociales de la década de 1990 significaron una suavización de las políticas de mercado abierto, con un nuevo enfoque en las políticas de
bienestar, en las cuales se mezcla el asistencialismo con políticas sociales
selectivas y programas focalizados.[25]
El primero de estos programas fue el Programa
Nacional de Solidaridad (Pronasol) iniciado en 1988. De acuerdo con Rolando
Cordera el desafío era grande ya que a los rezagos acumulados se sumó la
demanda de nuevos servicios, como la construcción de más escuelas, la
ampliación y la rehabilitación de la infraestructura básica (agua potable,
alcantarillado), el rezago habitacional y la demanda de servicios de salud
tanto de los beneficiarios de sistemas institucionales como de los que estaban
fuera de los mismos.[26]
Las acciones del
Programa Nacional de Solidaridad tuvieron como eje de articulación el fomento
de las relaciones sociales en las comunidades en pobreza extrema, para lo cual
los recursos fiscales federales se proporcionaron a las comunidades, situación
propicia para el manejo clientelar del Programa, lo que provocó fuertes
críticas. El Programa estaba dirigido a los indígenas, los campesinos en
pobreza extrema y los grupos urbanos
marginados más afectados por las políticas de ajuste. Las acciones se realizaron
en los ámbitos de alimentación, salud, tenencia de la tierra, vivienda, la
educación e infraestructura agropecuaria.[27] Según
Mario Coria, el impulso a las redes sociales de cada comunidad y la
recuperación de políticas y programas específicos de atención a los más pobres
fueron las principales aportaciones de Pronasol. El cambio de enfoque que
implicó el diseño y ejecución de Pronasol introdujo cambios en los programas
asistenciales anteriores que no dejaban espacio para la participación de las personas. [28]
Desde finales de la década de 1980, en la
medida en que la reforma económica y el cambio estructural avanzaron, el gasto
social registró una paulatina recuperación. Así, en 1988 el gasto social
representó 31.9 por ciento del gasto programable y en 1993 ascendió a 51.1 por
ciento. Los renglones de gasto social que tuvieron mayores incrementos fueron
educación y salud.[29]
En 1997 inició el Programa de Educación, Salud
y Alimentación (Progresa) con un enfoque de política social integral, que
proporciona servicios de salud, alimentación y educación para desarrollar las
capacidades de las personas y las
familias en condiciones de pobreza extrema, incorporando un enfoque de género
que pretendía favorecer la asistencia y la permanencia de las niñas en la escuela
y el papel de la mujer en casa, al administrar las transferencias monetarias
que el programa proporciona.[30] A
partir del 2001 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) se
denomina Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades.[31]
Progresa inició sus actividades atendiendo a familias en pobreza extrema en el
medio rural y, a partir del 2001,
Oportunidades ha extendido su cobertura a zonas urbanas.
Oportunidades, que es un programa de transferencias monetarias
condicionadas dirigido a la formación de capital humano, es considerado un programa social exitoso y
emblemático: su diseño, operación y buenos resultados en la reducción de la
pobreza extrema ha favorecido a que se tome como modelo en otros países de
América Latina.[32]
El programa
Oportunidades forma parte de la estrategia Contigo,
que es una estrategia integral de desarrollo social enfocado a la disminución
de la pobreza. Contigo se concibe como una nueva forma de abordar el desarrollo
social, superando las deficiencias de los programas anteriores, que tendían a
duplicar esfuerzos y, por otro lado, a dejar áreas prioritarias sin atención.
De acuerdo con Miguel Székely “la idea central en la nueva estrategia es que en
México la pobreza y, en general, los rezagos sociales, son causados
principalmente por la elevada desigualdad en la posesión de recursos y no por
la incapacidad de la economía para generar bienes y servicios para toda la
población.”[33]
Contigo está basado en cinco vertientes: capacidades, oportunidades, seguridad,
patrimonio y equidad.[34]
Las reformas económicas han dado resultados mixtos. Las reformas han
sido exitosas al conseguir los equilibrios fiscales y controlar la inflación.
No obstante, el ritmo de crecimiento económico y la evolución del mercado
laboral no han sido favorables para la reducción de la pobreza en México.[35]
La CEPAL destaca que dos características generales en los países de
América Latina son la terciarización y la informalización. Durante la década de
1990, el pobre desempeño económico se ha combinado con una profunda
transformación de la estructura ocupacional. El empleo ha seguido descendiendo
en los sectores primario y secundario, y ha aumentado en el comercio y en los
servicios. Esto ha traído consigo una creciente informalización de la fuerza de
trabajo.[36] Se estima que en México existían 8.6 millones de
personas ocupadas en el sector informal en 1995, lo que equivale a 25.7 por
ciento del total de personas ocupadas. Para 2003 la ocupación en la
informalidad aumentó a 10.8 millones de personas, cifra que representa 26.7 por
ciento de la ocupación total del país; este año la producción del sector
informal representó 10 por ciento del PIB.[37] No está por demás recordar que este amplio
segmento de la población no tiene acceso a la seguridad social, ni a servicios
de salud institucionales. A partir del 2003 se le brinda el Seguro Popular.
Se considera que la política económica no ha
sido benéfica para el mejoramiento de las condiciones de bienestar en los
últimos 25 años, ya que no hay congruencia entre los objetivos de la política
social y la política económica. De hecho, la política social ha funcionado como
paliativa de los resultados negativos del bajo crecimiento económico y de los
procesos de ajuste estructural.[38]
Las políticas y
programas sociales para la superación de la pobreza fueron perfeccionándose
tomando la experiencia de Pronasol y, sobre todo, las recomendaciones del Banco
Mundial. El enfoque de programas selectivos y focalizados lleva implícita la
concepción de que la reducción de la pobreza solo podrá lograrse con la
participación de los beneficiarios (la corresponsabilidad). Para poner fin al
sesgo asistencialista, los programas dan prioridad al desarrollo de las
capacidades de las personas para que, una vez que cese la intervención de
política pública, tengan los elementos para enfrentarse al mercado laboral y a
la vida social.
Con el objetivo de evaluar la política social
para relacionarla con otras políticas como la económica, en el 2004 se creo por
mandato de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de Política
Social (CONEVAL). Con este esfuerzo se busca medir y evaluar los programas
y la política de desarrollo social a fin de mejorar sus resultados, congruencia
y redición de cuentas.
Evolución
de los principales indicadores del desarrollo social
Los indicadores que se
abordan en los siguientes apartados son promedios y/o tasas nacionales que no
dan cuenta de las asimetrías regionales, entre entidades federativas y de los
grupos étnicos.
Aspectos demográficos
El incremento
demográfico registró tasas superiores a 3 por ciento en promedio anual, entre
1950 y 1970. El crecimiento económico fue insuficiente para absorber el aumento
de la población y para atender la demanda de bienes y servicios. El crecimiento
de la población inició su descenso en gran parte por la aplicación de medidas
de planificación familiar al amparo de la Ley General de Población aprobada en
1974. Actualmente, casi el 70% de la población vive en zonas urbanas.
Salud
Mortalidad general e infantil
Como se adelantó al
inicio de este documento, para ilustrar el desarrollo social en el campo de la
salud se revisa muy brevemente la evolución de las tasas de las principales
causas de mortalidad infantil (menores de un año), las de mortalidad general y
la evolución de la esperanza de vida al nacer. Estos indicadores reflejan el
conjunto de condiciones convergentes de crecimiento económico, acceso a
servicios de salud, niveles de empleo e ingresos de la población en general.
La tasa de mortalidad
general por cada mil habitantes ha descendido sistemáticamente desde 1930: en
el periodo 1930-1934 fallecían 25.6 personas por cada mil habitantes y en 1975
se redujo a 7.2 por cada mil personas.[39]
Durante 30 años (1930-1960) las enfermedades gastrointestinales fueron la
primera causa de muerte y de 1960 a 1975 la influenza y la neumonía ocuparon el
primer lugar. Durante más de 60 años estos dos grupos de enfermedades fueron
las dos principales causas de la mortalidad general del país. Estos
padecimientos están asociados a condiciones de vida insalubres y a la
desnutrición, es decir, a la pobreza.[40] En
1929-1931 fallecían 586.8 personas por cada 100 mil habitantes por diarreas y
enteritis y 476 por influenza y neumonías. En 1955-1957 ambas tasas se
redujeron en 40 por ciento: 227.5 por cada 100 mil casos de enfermedades
gastrointestinales y 202 por neumonía e influenza.[41]
Enfermedades como el
paludismo, el sarampión y la tuberculosis, ocasionaron la muerte de numerosas
personas. Este tipo de
padecimientos se fue erradicando gracias a las campañas sanitarias y de
vacunación permanentes que se desplegaron desde la década 1930 hasta la de
1960. En 1929-1931 el paludismo registró una tasa de 198 fallecimientos por 100
mil habitantes y fue la tercera causa de mortalidad; la tosferina la cuarta
(116.6 por 100 mil habitantes) y la viruela la quinta, 104.6 fallecimientos por
100 mil personas.[42]
Un indicador de salud
aún más revelador de las condiciones prevalecientes es la mortalidad en menores
de un año, ya que su salud es altamente sensible a las condiciones de nutrición
heredadas de la madre, a la alimentación, las condiciones de higiene, el abrigo
brindado por la ropa y una vivienda adecuadas, y el acceso al seguimiento
clínico de su talla y peso.
Se estima que para el
año 2010 la tasa pasará de 16.8% (datos del 2005) a 14.2%, si es que la
inversión en salud continua dándose y los programas gubernamentales, como el
seguro popular continúan vigentes.
En
1929-1931 fallecieron 145.6 menores de un año por cada 1000 habitantes, tasa
que descendió constantemente hasta llegar a 48.9 niños por cada mil menores de
un año en 1976.[43] La
tasa de muertes por diarrea y enteritis en el período de 1929-1931 fue de 3 mil
921 por 100 mil habitantes; esta tasa se mantuvo elevada hasta la segunda mitad
de la década 1950 ya que fue de mil 624 por 100 mil habitantes en 1955-1957.
Entre las principales causas de muerte estaban también la tosferina, el
paludismo, las malformaciones congénitas, tétanos y sarampión. La viruela que
estuvo entre las principales causas de muerte en 1929-1931 ya no apareció entre
las diez primeras en 1955-1957.[44] Los resultados de las causas de mortalidad infantíl están aún por definirse, para 1986, el 24.1% de
las causas estaban mal definidas, mientras que la Influenza infantil y la
Neumonía siguen representando el 45%.
Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al
nacer está determinada por condiciones sociales, económicas y de avances
médicos. Por ende, suele ser indicativa del grado de desarrollo social en una
sociedad en un momento determinado. En casi 20 años, la esperanza de vida del
mexicano se ha visto incrementada en mas de un 6%, pasando de 70.6 años (1990)
a 75.3 (2009).
Educación
Analfabetismo
Poco después de terminada la Revolución Mexicana el Estado mexicano desplegó una constante actividad alfabetizadora, terreno en el cual el progreso fue constante, ya que en 1930 el 39 por ciento de la población sabía leer y escribir, aumentando a 57 por ciento en 1957 y a 79 por ciento en 1970. En el 2000 el 9.5 por ciento de la población mayor de 15 años era analfabeto. Para el 2005, este porcentaje sólo representaba el 8.3% de la población de más de 15 años. La extensión de las campañas de alfabetización en las décadas de 1930 y 1940 en el territorio nacional, considerando las condiciones limitadas de los medios de comunicación y las vías de comunicación dan una idea del esfuerzo realizado por el Estado. A partir de esas décadas la reducción del analfabetismo fue notable.
Matrícula en educación primaria
La construcción de
escuelas de educación primaria ha tenido un aumento sostenido desde el comienzo
de la administración del Gral. Lázaro Cárdenas. Al concluir ésta existían 21
mil 874 planteles; en 1958 había 30 mil 477 escuelas y para 1984 ascendían a 78
mil 245.[45]
La matrícula fue
igualmente en ascenso. En 1934, 1 millón 960 mil 755 alumnos concluyeron la
primaria, en 1958 fueron 4 millones 523 mil 488 y, en 1984, 15 millones 376 mil
153.
El porcentaje de
población de 15 años o más que no concluyó sus estudios primarios ha
disminuido, de 59 por ciento en 1970, a 28.5 por ciento en 2000. No obstante,
aún se mantienen importantes rezagos en este indicador, sobre todo visto en
términos regionales. Entre el 40 y 50 por ciento de los habitantes de Chiapas y
Oaxaca no concluyeron su educación primaria. En contraste, en el Distrito
Federal y Nuevo León estos porcentajes son de 12.2 y 16.5 por ciento,
respectivamente.[46] Los
datos del 2005 incluyen estimaciones de toda la educación básica obligatoria
(Preescolar, primaria y secundaria) Así,
los avances en la cobertura educativa del nivel de educación básica en el país
es innegable, pero su calidad pone en entredicho tales progresos.[47] Los últimos estudios de la OCDE colocan a México
con un rezago importante en materia de calidad de la educación.[48]
Pobreza y marginación
Según las estimaciones de pobreza de James Wilkie, en 1921 el 53 por
ciento de la población era pobre, 46 por ciento en 1940 y 33 por ciento en
1960. Este descenso fue resultado de la interacción entre las acciones
estatales en materia social, la promoción del crecimiento económico, la
generación de empleos e ingresos y la migración del campo a la ciudad.[49]
El porcentaje de población
ocupada con pobreza alimentaria es un indicador utilizado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), es innegable su
aportación para conocer el índice de marginación y rezago social en el país.
Este indicador es de utilidad ya que expresa los rezagos en materia de
generación de ingresos, pese a los logros en otros indicadores sociales de
educación y salud.
La evolución de la población con pobreza alimentaria guarda estrecha relación con el nivel de crecimiento económico y con las características de los mercados de trabajo. En 1970, el 54.6 por ciento de la población ocupada tenía ingresos menores o iguales a dos salarios mínimos, en el 2000, este porcentaje era de 51%. Para el 2008, la pobreza alimentaria representaba el 18.2 % de la población mexicana. Es decir, casi 20 millones de mexicanos no cuentan con el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación.
La
Secretaría de Desarrollo Social explica la reducción de la pobreza debido a
varios factores; i) los estratos más pobres registraron un ligero incremento en
virtud de una diversificación de las fuentes de ingresos en el medio rural, ii)
los efectos positivos que generan las transferencias monetarias y en especie
que proporcionan los programas sociales focalizados, como Oportunidades,
iii) el aumento del poder de compra de
los salarios por la menor inflación; iv) el aumento de remesas provenientes del
exterior y, v) la reducción de precios de algunos artículos de consumo derivada
de la estabilidad económica.[50] Sin
embargo, el último dato de pobreza registrado en 2008, se explica gracias a la
crisis mundial, aunque esta no concuerde del todo con las fechas cuando se
levanto la encuesta.
Marginación
El índice de
marginación, al igual que las variables que lo componen, se ha reducido
progresivamente. Los menores rezagos son los relativos al analfabetismo, la
ampliación de drenaje, agua entubada y electricidad. Las carencias más
representativas son el porcentaje de pobres de patrimonio en el país que llega
a ser hasta de un 47.4%.
Anexo
Artículos constitucionales que garantizan los derechos
sociales de los mexicanos[51]
-
El artículo 3°
garantiza el derecho a la educación.
-
El artículo 4° establece
el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para el
desarrollo y bienestar de las personas, las familias tienen derecho a una
vivienda digna y decorosa. Consagra los derechos de los niños para que
satisfagan “sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral.”
-
El Artículo 123
consagra el derecho al trabajo digno y socialmente útil y, así como diversos
principios jurídicos que guardan relación con el empleo y el bienestar de los
trabajadores, por ejemplo, duración de las jornadas laborales, el pago de
salarios mínimos que garanticen una vida decente al trabajador y su familia, el
derecho de a la seguridad social y a diversas prestaciones.
- El Artículo 25 Constitucional establece que “Corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos, clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución.”
Leyes que protegen y promueven estos
derechos sociales
o
Ley General de Desarrollo Social
o
Ley de Asistencia Social
o
Ley General de Asentamientos Humanos
o
Ley General de Salud
o
Ley de Vivienda
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[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Antecedentes", en Desarrollo Social [Actualización: 02 de octubre de 2009], en www.diputados.gob.mx/cesop/