Los presupuestos determinan el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a los bienes, los recursos y los servicios, mientras que las asignaciones de los recursos presupuestarios permiten conocer las prioridades del gobierno. Estos no son neutros, pues afectan de forma diferente a mujeres y hombres, en función de los roles sociales que se les asignan.

El análisis de presupuestos públicos con enfoque de género permite entender que constituyen una herramienta para el progreso de los derechos de las mujeres, dado que el ejercicio de estos derechos responde a un compromiso del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades ya que está obligado a respetar, promover, proteger y satisfacer los derechos humanos, como país signatario del Pacto Internacional de los Derechos Humanos.

Cuando los Estados conceden sus recursos por medio de la asignación presupuestaria, dan el insumo necesario para poner a caminar toda la maquinaria estatal, que responde a políticas priorizadas, y representan los compromisos de un gobierno, incluyendo el compromiso de cumplir con el ejercicio de los derechos humanos.

De acuerdo con estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1.6 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la región latinoamericana. Así, en 2008 para el caso de México el 1.6% del PIB, corresponde a 168,072 millones de pesos, los cuales nuestro país estaría gastando en atención a las víctimas de violencia (salud y justicia principalmente) así como los costos directos en improductividad laboral (inasistencia, pérdida de concentración y otras consecuencias) sin contar, por supuesto, los costos emocionales de las mujeres y otros miembros de su familia, además de la violación de su derecho a una vida libre de violencia.